Los homicidios se han registrado en 432 municipios de 31 departamentos, lo que demuestra que el problema no responde a hechos aislados, sino a una dinámica exte
El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos continúa siendo una de las expresiones más preocupantes de la violencia en Colombia. Aunque los registros de 2026 muestran una disminución frente al mismo periodo del año anterior, el balance acumulado desde la firma del Acuerdo de Paz evidencia que el fenómeno sigue siendo estructural: 1.978 líderes han sido asesinados entre 2016 y el 30 de julio de 2026, según el más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz.
Las cifras reflejan que la violencia contra quienes ejercen liderazgos sociales no ha desaparecido, sino que se ha mantenido de forma constante durante la última década. Los homicidios se han registrado en 432 municipios de 31 departamentos, lo que demuestra que el problema no responde a hechos aislados, sino a una dinámica extendida en amplias regiones del país.
Durante los primeros siete meses de 2026, Indepaz documentó 87 asesinatos de líderes sociales, una cifra inferior a los 121 casos registrados entre enero y el 30 de julio de 2025. La reducción cercana al 28% representa una señal positiva en términos estadísticos, pero todavía significa que, en promedio, más de doce líderes fueron asesinados cada mes durante el presente año.
La distribución temporal de los casos también evidencia que la violencia mantiene un comportamiento fluctuante. Abril fue el mes más crítico, con 19 asesinatos, seguido por febrero con 14, mayo con 13 y julio con 12. Enero y junio registraron diez homicidios cada uno, mientras que marzo contabilizó nueve. La ausencia de una tendencia descendente sostenida sugiere que los factores de riesgo continúan presentes en distintos territorios.
El perfil de las víctimas mantiene patrones similares a los observados en años anteriores. De los 87 líderes asesinados en 2026, 74 eran hombres y 13 mujeres, equivalentes al 85,06% y 14,94%, respectivamente. La proporción prácticamente coincide con la registrada en 2025, cuando el 85,56% de las víctimas fueron hombres y el 14,44% mujeres, lo que indica una estabilidad en la composición de género de las personas afectadas.
Los asesinatos ocurridos este año se concentraron en 66 municipios de 22 departamentos. Aunque el número de territorios afectados es menor que el registrado durante todo 2025 —cuando los homicidios se distribuyeron en 126 municipios de 27 departamentos—, la persistencia geográfica confirma que el riesgo continúa presente en diversas regiones donde confluyen disputas por el control territorial, economías ilegales y débil presencia institucional.
Los liderazgos comunales siguen siendo los más vulnerables. En lo corrido de 2026 se han registrado 22 asesinatos de dirigentes de juntas de acción comunal y organizaciones barriales o veredales. Les siguen los líderes políticos, con 14 casos; los comunitarios, con 13, y los indígenas, con nueve. El registro también incluye víctimas pertenecientes a organizaciones sindicales, campesinas, ambientales, afrodescendientes y procesos de reclamación de tierras.
El comportamiento histórico permite dimensionar la magnitud del fenómeno. Desde 2016, las cifras muestran una escalada que alcanzó su punto más alto en 2020, cuando fueron asesinados 252 líderes sociales. Antes de ese pico se registraron 249 casos en 2018 y 218 en 2019, años marcados por una intensa disputa entre grupos armados ilegales por el control de zonas dejadas por las antiguas Farc tras el proceso de desmovilización.
Posteriormente, aunque los registros descendieron, nunca volvieron a ubicarse por debajo de los niveles observados inmediatamente después de la firma del Acuerdo de Paz. Indepaz documentó 165 asesinatos en 2021, 187 en 2022, 188 en 2023, 173 en 2024 y nuevamente 187 en 2025. En conjunto, la serie histórica evidencia que la violencia ha permanecido relativamente estable durante los últimos cinco años, sin que se consolide una reducción sostenida.
Si bien la disminución observada en 2026 puede interpretarse como un avance parcial, el acumulado de casi dos mil asesinatos desde 2016 revela que la protección de los líderes sociales continúa siendo uno de los principales desafíos para el Estado colombiano. Cada una de estas víctimas representaba procesos comunitarios relacionados con la defensa del territorio, los derechos humanos, la participación ciudadana o la implementación de iniciativas sociales en sus regiones.
Las cifras de Indepaz muestran que, más allá de las variaciones anuales, la violencia contra los liderazgos sociales sigue siendo un fenómeno persistente y de alcance nacional. La reducción registrada durante este año constituye un dato relevante, pero aún insuficiente para hablar de un cambio estructural en un problema que, una década después del inicio del posacuerdo, continúa afectando a quienes ejercen liderazgo en los territorios más vulnerables del país.