La falta de estrategia del gobierno de Gustavo Petro permitió que los grupos armados ilegales aumentaran sus tropas en el último cuatrienio.
La política de Paz Total terminó con un balance negativo para Colombia. Durante los últimos cuatro años, los grupos armados ilegales fortalecieron sus estructuras organizativas, ampliaron su presencia territorial e incrementaron significativamente el número de combatientes en todo el país.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la estrategia estatal dejó costos muy altos para la sociedad. El informe técnico señala que las organizaciones al margen de la ley incrementaron sus filas de manera drástica desde el inicio de las conversaciones.
Las cifras oficiales registradas por la Fuerza Pública muestran una expansión sin precedentes. Entre diciembre de 2022 y julio de 2026, el personal de las estructuras criminales pasó de 15.120 a un consolidado cercano a los 28.802 integrantes.
Ese incremento representa un crecimiento del noventa por ciento en la nómina ilegal del país. La falta de límites claros en la mesa de negociación facilitó que las organizaciones armadas consolidaran su dominio social, político y económicamente en las regiones.
El Clan del Golfo registró la expansión más agresiva de todas las organizaciones monitoreadas. Esta banda criminal pasó de tener 4.061 miembros a contabilizar 10.268 combatientes, lo que equivale a un aumento estrepitoso del 152 por ciento en el cuatrienio.
Por su parte, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional también reportó un ascenso sostenido en sus filas. El grupo rebelde creció un 22 por ciento, pasando de 5.851 a 7.123 efectivos armados desplegados en distintas zonas del territorio.
El conflicto armado también sufrió un proceso severo de fragmentación interna. Las disidencias de las Farc experimentaron rupturas organizativas que, lejos de debilitarlas, derivaron en un aumento neto del número total de combatientes en sus facciones separadas.
El Estado Mayor Central de las Farc comenzó el proceso con 3.576 integrantes. Tras la división interna, la facción comandada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, alcanzó 4.480 miembros, mientras que la línea de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, sumó 3.001.
Expansión territorial y quiebre institucional
Un fenómeno similar ocurrió con la Segunda Marquetalia al perder cohesión interna. Este grupo contaba originalmente con 1.415 combatientes, pero luego de su fractura en noviembre de 2024 quedó con 584 hombres, mientras su facción disidente alcanzó 2.359 integrantes.
Otras estructuras menores también se fortalecieron en este periodo de negociaciones. Los Comuneros del Sur, separados del Eln en 2023, llegaron a 250 miembros, mientras las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada alcanzaron un total de 737 efectivos.
Las acciones operativas de las Fuerzas Militares resultaron insuficientes para contener este crecimiento. Un reporte del Comando General revela que entre agosto de 2022 y julio de 2026 salieron de circulación 61.006 presuntos delincuentes mediante diversas operaciones oficiales.
El balance militar incluye 55.511 capturas, 2.698 sometimientos a la justicia, 1.753 menores de edad recuperados del reclutamiento ilícito, 724 muertes en desarrollo de operaciones y 320 entregas voluntarias. A pesar de estas cifras, la expansión ilegal continuó imparable.
La Fundación Ideas para la Paz concluyó que "los costos superaron las ganancias" durante el proceso. La entidad explicó que el diseño institucional y jurídico resultó deficiente desde el inicio, sometiendo las mesas de diálogo a crisis recurrentes y destructivas.
El análisis institucional enfatizó que el mal diseño "destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación" frente a sus contrapartes armadas en el territorio.
Actualmente, las organizaciones ilegales gozan de un poder superior al que tenían antes del inicio del proceso. Este dominio se refleja en el control territorial, el aumento de hombres armados, la captura de rentas ilícitas y el sometimiento de las comunidades.
Incentivos perversos en la negociación
La postura defensiva adoptada por las delegaciones oficiales debilitó la capacidad disuasiva del Estado. La pasividad gubernamental frente a las agresiones contra la población civil inclinó progresivamente la balanza de poder en favor de los grupos armados ilegales.
Varias estructuras criminales usaron a su favor la urgencia gubernamental de mantener activos los diálogos. "La debilidad del Estado en la negociación hizo parte de los cálculos estratégicos de los grupos para aumentar las disputas y seguir expandiéndose", afirmó la FIP.
El proceso deja lecciones críticas sobre los errores que deben evitarse al negociar. Desarrollar diálogos sin líneas rojas delimitadas, sin un marco legal sólido y con negociadores inexpertos generó un escenario favorable para el fortalecimiento de la delincuencia organizada.
El daño más profundo radica en el deterioro del diálogo como herramienta política de resolución de conflictos. "Una de las consecuencias más graves del diseño y resultados de la Paz Total es el desgaste y la progresiva deslegitimación de las salidas negociadas", advirtió la FIP.