El mandatario negó haber ejercido presiones indebidas sobre la exdirectora del Dapre y rechazó cualquier relación irregular con Juliana Guerrero y Gabriela Muñ
La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y quien fuera una de sus colaboradoras más cercanas, Angie Rodríguez, dejó de ser un enfrentamiento político para convertirse en una disputa judicial que amenaza con prolongarse más allá del fin del actual Gobierno. A menos de diez días de concluir el mandato presidencial, ambas partes anunciaron acciones penales, elevando el conflicto a un nuevo nivel y profundizando la crisis que rodea a la administración saliente.
Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), acudió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes —instancia competente para investigar al jefe de Estado— para presentar una denuncia penal contra Petro. Acompañada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, acusó al mandatario de haber ejercido presiones indebidas y de vulnerar sus derechos durante el ejercicio de sus funciones.
La denuncia incluye cuatro presuntos delitos: constreñimiento ilegal, tráfico de influencias, peculado por aplicación oficial diferente e injuria y calumnia.
Uno de los ejes de la acusación se centra en las presuntas presiones para trasladar un billón de pesos del Fondo Adaptación a otros fines, una decisión que, según Rodríguez, carecía de sustento legal y presupuestal. También sostiene que el presidente insistió en el nombramiento de Juliana Guerrero en un cargo para el que, afirma, no cumplía los requisitos legales y que su negativa a respaldar esa designación derivó en su salida del Dapre.
Otro componente de la denuncia hace referencia a las publicaciones realizadas por Petro en redes sociales. Rodríguez asegura que los mensajes del mandatario afectaron su buen nombre y honra al hacer referencias a su salud mental y vincularla públicamente con sectores del paramilitarismo, señalamientos que considera injuriosos y calumniosos.
Wilson Ruiz, abogado de la exfuncionaria, anunció además una acción de reparación directa por los presuntos daños morales y psicológicos ocasionados por las declaraciones del jefe de Estado.
La respuesta del presidente no tardó en llegar. A través de un extenso pronunciamiento, Petro anunció que también denunciará penalmente a Rodríguez por considerar que ha construido "mentiras" para defender su permanencia en el Gobierno y por las acusaciones que ha formulado en su contra.
El mandatario negó haber ejercido presiones indebidas sobre la exdirectora del Dapre y rechazó cualquier relación irregular con Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, dos nombres que han aparecido en recientes denuncias sobre presuntas influencias en el Gobierno. También reiteró que Guerrero nunca llegó a ser viceministra y desestimó los señalamientos sobre supuestos favorecimientos.
En sus declaraciones, Petro fue más allá de la defensa jurídica y cuestionó el estado emocional de Rodríguez, al afirmar que padece una "paranoia desarrollada", comentarios que precisamente hacen parte de los argumentos de la denuncia presentada por la exfuncionaria por considerar que constituyen una estigmatización pública.
El presidente también anunció acciones legales por las afirmaciones de Rodríguez relacionadas con el fallecimiento del coronel Óscar Dávila, al calificarlas como una de las acusaciones "más graves y calumniosas" hechas contra su administración.
Más allá del intercambio de denuncias, el caso refleja las profundas fracturas que quedaron al interior del círculo más cercano de Petro. Rodríguez fue durante varios años una de las funcionarias de mayor confianza del mandatario y ocupó uno de los cargos con mayor influencia dentro de la Casa de Nariño antes de ser trasladada al Fondo Adaptación.
El enfrentamiento también coincide con otros episodios recientes que involucran a exfuncionarios y colaboradores del Gobierno, como las controversias alrededor de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, lo que ha incrementado el escrutinio sobre los procesos de nombramiento y el manejo interno de la administración.
Ahora será la Comisión de Acusaciones la que deberá determinar si abre una investigación formal contra el presidente por las denuncias presentadas por Rodríguez. Paralelamente, la Fiscalía conocerá las acciones anunciadas por Petro contra su excolaboradora.
Mientras ambas partes sostienen versiones completamente opuestas, el choque judicial se convierte en uno de los últimos y más delicados episodios políticos del gobierno de Gustavo Petro, dejando abierta una disputa que probablemente continuará después del cambio de mando del próximo 7 de agosto.