La primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú asume el poder con la misión de recuperar la estabilidad política y enfrentar la inseguridad.
Keiko Fujimori hizo historia al convertirse en la primera mujer elegida por voto popular para asumir la Presidencia de Perú. Sin embargo, el simbolismo de su llegada al poder está acompañado por uno de los mayores desafíos políticos de las últimas décadas: estabilizar un país que ha tenido nueve presidentes en diez años, contener el avance del crimen organizado y recuperar la confianza de una ciudadanía profundamente dividida.
La líder de Fuerza Popular juró el cargo el pasado 28 de julio, tras imponerse por menos de 50.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. Su victoria marca además el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno, casi 26 años después de la caída del expresidente Alberto Fujimori, cuyo legado continúa siendo uno de los temas más polarizantes de la política peruana.
La estabilidad institucional será el primer examen de la nueva mandataria. Perú llega a este cambio de gobierno después de una década marcada por destituciones presidenciales, renuncias, investigaciones judiciales y una permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Esa crisis ha debilitado la confianza en las instituciones y frenado la capacidad del Estado para responder a problemas estructurales.
Paradójicamente, Fujimori asume con una ventaja que no tuvieron varios de sus antecesores: un respaldo parlamentario significativo. Fuerza Popular y sus aliados controlan cerca de la mitad del Senado, lo que podría facilitar la aprobación de reformas y reducir el riesgo de una nueva crisis política. Sin embargo, ese mismo dominio legislativo genera inquietud entre sectores de oposición que temen una concentración del poder y reclaman garantías para el equilibrio institucional.
El segundo gran reto será la seguridad. La expansión del crimen organizado, las extorsiones y el aumento de la violencia han convertido este tema en la principal preocupación de los peruanos. Durante la campaña, Fujimori prometió endurecer la política criminal, impulsar la construcción de una megacárcel, fortalecer la presencia militar en tareas de seguridad y adoptar medidas inspiradas en el modelo aplicado en El Salvador contra las pandillas.
No obstante, especialistas advierten que la respuesta al crimen no dependerá únicamente de medidas de fuerza. También requerirá fortalecer la justicia, mejorar la capacidad investigativa del Estado y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
En el frente económico, la nueva presidenta recibe un país con fundamentos relativamente sólidos frente a otros vecinos de la región, pero con desafíos importantes en materia de inversión, empleo e infraestructura. Su administración ha prometido acelerar proyectos mediante alianzas público-privadas, aumentar el salario mínimo en un 15% y atender problemas sociales como la desnutrición infantil y la preparación frente al fenómeno de El Niño.
Otro de los desafíos será gobernar un país dividido territorial y políticamente. Mientras Fujimori obtuvo amplio respaldo en la costa y en sectores urbanos, el sur andino y varias regiones rurales apoyaron mayoritariamente a Roberto Sánchez. Esa fractura electoral refleja diferencias sociales, económicas y culturales que el nuevo Gobierno deberá administrar para evitar una mayor polarización.
La política exterior también marcará un cambio de rumbo. La administración de Fujimori ha manifestado su intención de fortalecer la relación con Estados Unidos, recomponer vínculos con países vecinos como Colombia y México y avanzar en estrategias regionales para combatir el crimen transnacional.
El desafío más complejo, sin embargo, será político. Keiko Fujimori llega al poder después de cuatro intentos presidenciales y con un liderazgo que despierta adhesiones y rechazos casi en igual medida. Para sus seguidores representa la posibilidad de recuperar la gobernabilidad; para sus detractores, persisten las dudas por el legado del fujimorismo y las investigaciones que han rodeado su trayectoria política.
Su capacidad para completar el mandato de cinco años, ofrecer resultados en seguridad y crecimiento económico y tender puentes con una sociedad dividida será determinante para romper el ciclo de inestabilidad que ha caracterizado a Perú durante la última década. Ese será, más allá del hecho histórico de su elección, el verdadero termómetro de su presidencia.