No lo trae El Niño. Lo trajo la decisión de no firmar, sostenida durante cuatro años, y la de frenar lo que otros querían construir. El fenómeno climático es la
En octubre de 2024, ante un auditorio en Bogotá, el presidente Gustavo Petro explicó por qué Colombia no estaba firmando nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. "Me resistí a hacer nuevos contratos de exploración", dijo, y agregó que los vigentes eran suficientes. No fue una improvisación ni un exabrupto de tarima. Era la política de Estado desde 2022, ejecutada con disciplina y defendida como bandera.
Veintiún meses después, el país conoció la aritmética de esa convicción. El Informe de Reservas y Recursos de la ANH, publicado el 23 de junio de 2026, mostró que las reservas probadas de gas natural cayeron 54,6% entre 2018 y 2025, hasta 1.717 gigapiés cúbicos, la cifra más baja en décadas.
El mayor desplome ocurrió durante este Gobierno. La caída fue del 17% en un solo año y dejó el horizonte de suficiencia en 5,9 años, su punto más bajo en dos décadas. La actividad exploratoria, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, se redujo más del 60% en tres años.
Las reservas no son un indicador contable. Son el calendario del país. Y ese calendario ya se venció una vez. Colombia dejó de ser autosuficiente en gas en diciembre de 2024.
Desde entonces la diferencia se cubre con barcos. En la primera semana de julio de este año el país marcó su récord histórico: importó el 33% del gas que consumió a diario.
Ahí está el origen de la escena de esta semana. La terminal de regasificación de Cartagena –capaz de abastecer cerca del 40% de la demanda nacional y soporte de la generación térmica del Caribe– entró el jueves en mantenimiento programado.
El Ministerio del Trabajo respondió con la Circular 0081, firmada por Antonio Sanguino el 27 de julio, instando a empleadores públicos y privados a habilitar el trabajo en casa hasta el 3 de agosto para reducir la demanda energética.
La recomendación se dirigió a La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Cinco días de parada técnica en una sola planta obligaron al Estado a pedirle a cinco departamentos que no fueran a la oficina. Ese es el margen que le queda al sistema: cero.
La segunda decisión fue no dejar construir. Colombia no perdió capacidad eléctrica: dejó de sumarla. Para 2026 se esperaba la entrada de 4.475 megavatios nuevos; al 2 de julio habían entrado 331. Cuarenta y dos proyectos de transmisión acumulan retrasos equivalentes al 60% de la capacidad prevista.
El gremio generador contabiliza 167 iniciativas detenidas en trámites que pueden extenderse ocho años. No son proyectos que fallaron: son proyectos que esperan permiso. Consulta previa sin reglamentar, licenciamiento ambiental sin plazos, seguridad territorial sin respuesta. Cada uno de esos frentes tiene un ministerio con nombre propio.
El resultado es una brecha que ya no admite interpretación. XM advirtió el 3 de julio que la demanda proyectada supera la energía firme disponible, con un faltante estimado en 3.906 gigavatios hora anuales para 2026-2027.
Mientras tanto el consumo crece: en junio subió 5,75% y el promedio diario llegó a 261,86 GWh, el más alto de la historia reciente. Un país que consume más cada año y construye menos cada año no tiene un problema de clima. Tiene un problema de aritmética.
La tercera decisión fue doctrinaria, y quedó registrada. Cuando la subasta de cargo por confiabilidad del 22 de mayo adjudicó proyectos que incluían generación térmica a gas, el Presidente habló de "alta traición" y reiteró que la matriz debe abandonar los hidrocarburos cuanto antes.
El Gobierno tiene logros verificables en el otro frente: la capacidad solar instalada pasó de unos 200 megavatios en 2022 a cerca de 4.400 al cierre del cuatrienio. Pero el sol no genera de noche y el viento no responde a las órdenes. La energía firme –la que responde cuando falla todo lo demás– se contrata con años de anticipación. Esa contratación es exactamente la que se objetó.
Sobre ese sistema llega ahora lo único que nadie decidió. El Ideam confirmó que las condiciones de El Niño ya están presentes, con más del 95% de probabilidad de fortalecimiento en el segundo semestre y un 63% de que alcance intensidad "muy fuerte" entre noviembre y enero, lo que lo ubicaría entre los eventos de mayor magnitud desde 1950.
En el escenario crítico modelado por XM, el embalse agregado desciende a 13,4% y las principales centrales operan por debajo de sus mínimos históricos. Cuando eso ocurra, el sistema pedirá gas. Y el gas habrá que importarlo, por el muelle que esta semana estuvo cerrado.
A escala regional, el Caribe agrega su propia herida: Air-e acumula pasivos cercanos a los $4 billones, de los cuales unos $2,5 billones son con el sector eléctrico. Pero conviene no confundir el síntoma con la enfermedad. Air-e explica por qué la Costa está peor. No explica por qué el país entero está expuesto.
Y el costo de fallar ya está calculado. Fedesarrollo estima que un racionamiento como el de los noventa restaría 1,5 puntos al crecimiento y destruiría 230.000 empleos; el Banco de Bogotá calcula cada hora de racionamiento en $200.000 millones.
La lectura de Acento
Un apagón no es un evento. Es la fecha de vencimiento de decisiones tomadas años antes por personas que sabían lo que estaban decidiendo.
Este Gobierno no ocultó su política: la anunció, la defendió y la sostuvo hasta el final. Decidió no firmar contratos de exploración cuando las reservas de gas ya venían cayendo. Decidió que los trámites que frenan la expansión no eran una emergencia. Decidió que respaldar el sistema con energía firme era una traición. Y decidió, hasta mayo de este año, que las advertencias de los técnicos eran alarmismo de gremios.
Ninguna de esas cuatro decisiones fue climática.
El 7 de agosto se posesiona un gobierno que recibe reservas para 5,9 años, un tercio del gas comprado afuera, 167 proyectos detenidos y el fenómeno de El Niño en su punto más severo entre noviembre y enero. Podrá administrar la crisis. No podrá deshacerla: el gas que hoy falta se debía haber buscado hace cuatro años.
Cuando llegue la cuenta, el país sabrá exactamente quién la firmó. Y quién se negó a firmar.