Las medidas anunciadas por el Gobierno generan dudas mientras el nuevo Ejecutivo se prepara para enfrentar la emergencia climática.
A pocos días de concluir el mandato de Gustavo Petro, el Gobierno nacional puso sobre la mesa un paquete de medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño, cuya intensidad podría convertirlo en uno de los episodios climáticos más severos de los últimos años. Sin embargo, el anuncio abrió un nuevo frente de debate: mientras el Ejecutivo defiende las acciones adoptadas, gremios del sector energético sostienen que llegan tarde y que el mayor reto quedará en manos del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.
Las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indican que El Niño ya está establecido en el océano Pacífico ecuatorial y existe un 96% de probabilidad de que sus condiciones persistan al menos hasta enero de 2027. A esto se suma que organismos internacionales estiman un 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante ese periodo.
Frente a este escenario, el Gobierno anunció el traslado de $4 billones del presupuesto nacional para financiar acciones de prevención, además de un seguimiento permanente al sistema eléctrico y al abastecimiento de gas, revisión de esquemas regulatorios, monitoreo de plantas de generación y estrategias para acelerar proyectos energéticos. En el sector agropecuario también se activaron medidas para garantizar agua y fertilizantes.
No obstante, el propio presidente Gustavo Petro reconoció que buena parte de estas decisiones están orientadas al mediano plazo y que las respuestas inmediatas deberán ser asumidas por la próxima administración.
Esa afirmación ha reforzado las críticas de los gremios, que consideran que el país llega a este momento con una infraestructura energética insuficiente para responder a una eventual prolongación del fenómeno.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sostiene que la declaratoria de desastre nacional refleja la falta de preparación del Gobierno durante los últimos cuatro años. Según explicó, para 2026 debían entrar en operación 4.475 megavatios de nuevos proyectos de generación, pero hasta comienzos de julio solo se había incorporado el 15% de esa capacidad. A ello se suma que el 60% de los proyectos estratégicos de transmisión eléctrica presenta retrasos.
El panorama se agrava con el déficit de gas natural, que el Centro Regional de Estudios de Energía proyecta en 39%, una situación que, según el gremio, es consecuencia del freno a nuevos desarrollos de exploración y producción.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la crítica apunta a otro frente. Su presidente, Alejandro Castañeda, asegura que la estrategia gubernamental confió excesivamente en la expansión de la energía solar, una fuente que, aunque fortalece la transición energética, no aporta la energía firme necesaria para cubrir los picos de consumo nocturnos ni garantizar el suministro durante un evento extremo como El Niño.
Para los gremios, el principal problema es que las soluciones estructurales requieren años de ejecución, mientras que el país enfrenta una amenaza inmediata. Por eso advierten que el margen de maniobra del nuevo Gobierno será limitado y que las decisiones deberán concentrarse en evitar un déficit energético de corto plazo.
Entre las prioridades que plantean está acelerar la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión que permanecen represados, garantizar el pago de subsidios y deudas del sistema eléctrico, fortalecer los programas de ahorro y uso eficiente de energía y definir una política clara sobre la producción nacional de gas para reducir la dependencia de las importaciones.
El desafío para la administración de Abelardo De La Espriella será equilibrar la respuesta a una emergencia climática con decisiones de política energética que, según expertos y empresarios, fueron aplazadas durante los últimos años.
Más allá de la discusión política, el país enfrentará un escenario en el que la demanda de energía seguirá creciendo mientras la oferta no aumenta al mismo ritmo. Si El Niño alcanza la intensidad prevista, la prioridad del nuevo Gobierno no solo será atender los efectos de la sequía sobre el abastecimiento de agua y la producción de alimentos, sino también garantizar que Colombia mantenga la estabilidad de su sistema energético y evite un eventual riesgo de racionamientos o apagones.