El verdadero desafío de la política de seguridad será demostrar que el Estado puede recuperar el control territorial.
La política de seguridad será uno de los primeros grandes retos del gobierno de Abelardo De La Espriella. Antes incluso de asumir la Presidencia, el mandatario electo lanzó un ultimátum a los principales cabecillas de las organizaciones armadas ilegales: les dio un mes para someterse a la justicia o enfrentar una ofensiva militar para ser capturados o abatidos.
A partir del 7 de agosto, esa promesa dejará de ser un discurso de campaña para convertirse en una meta concreta de su administración. Sin embargo, el desafío va mucho más allá de la voluntad política. Los máximos líderes del Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada llevan años evadiendo a las autoridades, mientras sus organizaciones no solo han sobrevivido, sino que han aumentado su capacidad militar y financiera.
Las cifras reflejan esa realidad. Según la Fundación Core, entre 2018 y 2025 el número de integrantes de los principales grupos armados pasó de cerca de 13.000 a más de 27.000. El Eln creció hasta superar los 6.800 integrantes; las disidencias de las Farc suman casi 7.000 hombres y mujeres, mientras que el Clan del Golfo se consolidó como la mayor estructura criminal del país, con cerca de 9.500 integrantes.
Este crecimiento evidencia que, pese a las operaciones militares y a los procesos de negociación impulsados durante los últimos años, las organizaciones ilegales lograron fortalecer su presencia territorial, ampliar las economías derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, además de mantener el reclutamiento forzado de menores.
En ese escenario aparecen cinco nombres que concentran la atención de las autoridades.
El primero es Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Aunque ha sido objetivo de múltiples bombardeos y operaciones militares, continúa al mando de una estructura con presencia en buena parte del sur y oriente del país y con influencia en la frontera con Venezuela. Su organización ha sido señalada de ordenar atentados de alto impacto y de protagonizar recientes enfrentamientos internos que dejaron decenas de muertos en Guaviare.
Otro de los principales objetivos será Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, antiguo aliado de Mordisco y hoy uno de sus principales rivales. Su caso representa uno de los mayores dilemas para el nuevo gobierno, ya que actualmente mantiene suspendida su orden de captura por decisiones adoptadas durante los diálogos de paz del gobierno de Gustavo Petro, pese a los cuestionamientos de la Fiscalía sobre su permanencia en ese proceso.
El tercer nombre es Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo comandante del Clan del Golfo tras la extradición de alias Otoniel. Bajo su liderazgo, esta organización se consolidó como la estructura criminal con mayor capacidad financiera del país gracias al narcotráfico y al control de corredores estratégicos hacia Centroamérica. Su ubicación sigue siendo desconocida para las autoridades desde hace casi una década.
La lista también incluye a Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, comandante del Eln y uno de los guerrilleros con mayor trayectoria en Colombia. Con orden de captura internacional y señalado como responsable de múltiples acciones terroristas, representa uno de los principales desafíos para una estrategia que marca un giro frente a la política de diálogo adelantada por el gobierno saliente.
El quinto objetivo es Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Aunque dirige la estructura más pequeña del grupo de alto valor, las autoridades lo vinculan con homicidios, masacres y el control criminal en Magdalena, La Guajira y el sur del Cesar.
Para analistas en seguridad, el ultimátum anunciado por De La Espriella tiene un alto valor simbólico porque envía un mensaje de autoridad y de cambio frente a la política de Paz Total. No obstante, advierten que neutralizar a estos cabecillas exigirá mucho más que operaciones militares.
El investigador Andrés Preciado, de la Universidad EAFIT, sostiene que la capacidad operativa del Estado se ha debilitado en los últimos años y que la captura de estos líderes requerirá inteligencia, coordinación entre instituciones y una estrategia integral para debilitar las economías ilegales que financian a estas organizaciones.
A ese reto se suma otro frente que el nuevo gobierno deberá atender: las estructuras criminales urbanas que hoy afectan ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde el fenómeno de las bandas y las redes de microtráfico también demanda respuestas.
Así, el éxito de la nueva política de seguridad no dependerá únicamente de capturar a los cinco hombres más buscados del país. El verdadero desafío será demostrar que el Estado puede recuperar el control territorial y reducir la capacidad de organizaciones que, pese a años de ofensivas militares y procesos de paz, continúan expandiendo su poder.