El punto más polémico de los anuncios del presidente electo es su intención de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha anunciado que su gobierno marcará un quiebre frente a la política de paz de Gustavo Petro. Su apuesta no solo implica el fin de la llamada Paz Total, sino también una reestructuración institucional que busca eliminar varias dependencias creadas para la implementación del Acuerdo de Paz y endurecer la política frente a los exintegrantes de las Farc. Sin embargo, entre el discurso político y la realidad jurídica existe una distancia considerable.
Entre las primeras decisiones anunciadas por De La Espriella está la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. El mandatario electo justificó la medida como parte de una reorganización administrativa destinada a suprimir 229 cargos y generar un ahorro cercano a los $10.000 millones.
"Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno", afirmó al señalar que la prioridad de su administración será la seguridad.
Aunque el presidente tiene facultades para modificar la estructura interna de la Presidencia, expertos consideran que la decisión tiene un alcance más político que fiscal.
Laura Bonilla, directora de la Fundación Pares, sostiene que la eliminación de esas dependencias no representa un ahorro significativo y envía un mensaje de desinterés frente a la implementación del Acuerdo de Paz. En su concepto, trasladar esas funciones a la Consejería Nacional de Seguridad refleja un cambio de enfoque: menos construcción de paz y más énfasis en la acción militar y el sometimiento de los grupos armados.
En la misma línea, el exsenador Roy Barreras advirtió que varias de esas instancias tienen soporte legal e, incluso, constitucional, por lo que no podrían desaparecer simplemente mediante un decreto presidencial. Además, recordó que la figura del Alto Comisionado para la Paz ha permanecido durante gobiernos de diferentes tendencias, desde Ernesto Samper hasta Gustavo Petro.
¿Puede desmontar la JEP?
El punto más polémico de los anuncios del presidente electo es su intención de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que ha cuestionado duramente y al que acusa de favorecer la impunidad.
Las críticas recrudecieron luego de que la JEP autorizara un viaje a España del exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, "Timochenko". De la Espriella aseguró que el exguerrillero "debería estar preso de por vida" y planteó cambios para impedir que decisiones como esa vuelvan a repetirse.
Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, el margen de acción del nuevo Gobierno es limitado.
La JEP no es una dependencia del Ejecutivo, sino un órgano creado mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 para desarrollar el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Su existencia tiene respaldo constitucional e internacional, por lo que el presidente no puede eliminarla por decreto ni modificar su funcionamiento de manera unilateral.
Para hacerlo necesitaría promover una reforma constitucional, un trámite complejo que exige amplias mayorías en el Congreso y que, además, podría enfrentar controles de la Corte Constitucional por afectar el denominado "blindaje" del Acuerdo de Paz.
¿Y puede enviar a Timochenko a prisión?
La respuesta también es negativa. Aunque el presidente es el jefe del Estado y de la Fuerza Pública, no tiene facultades para ordenar la captura o encarcelamiento de una persona sometida a una jurisdicción especial.
Según Bonilla, el camino que podría explorar el Gobierno sería presentar nuevas denuncias o aportar pruebas ante las autoridades competentes si considera que existen incumplimientos por parte de excombatientes. Pero cualquier decisión dependería de los jueces y no del Ejecutivo.
La investigadora advierte, además, que un enfrentamiento permanente con la justicia transicional podría terminar debilitando la política de sometimiento que el propio De la Espriella ha prometido impulsar. Si el Estado transmite el mensaje de que los compromisos derivados de un acuerdo de paz pueden desconocerse, difícilmente otros grupos armados tendrán incentivos para negociar o someterse.
Un acuerdo con blindaje
Las reacciones a las declaraciones del presidente electo no se hicieron esperar. Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, pidió a la Fiscalía evaluar sus afirmaciones y solicitó la intervención de la Corte Constitucional para proteger el blindaje jurídico del Acuerdo.
Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, recordó que la jurisdicción cuenta con respaldo constitucional y con el acompañamiento de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Incluso expresó la disposición del tribunal para reunirse con el nuevo mandatario y mostrar los avances alcanzados en materia de verdad, sanciones, medidas cautelares y atención a las víctimas.
En la misma dirección, el expresidente Juan Manuel Santos, la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas recordaron que la implementación del Acuerdo de Paz constituye una obligación del Estado colombiano, más allá del gobierno de turno.
Así, aunque De La Espriella podrá imprimir un giro a la política de seguridad y reducir el protagonismo institucional de la paz en la Casa de Nariño, sus promesas de desmontar la JEP o enviar a prisión a "Timochenko" enfrentan límites jurídicos y constitucionales que hacen improbable su materialización en los términos planteados durante la campaña.