Un experto sostiene que los riesgos del fracking dependen más del control estatal y la calidad operativa que de la técnica.
El fracking volvió a ocupar un lugar central en la discusión política y ambiental de América Latina, impulsado por propuestas que buscan aumentar la producción de hidrocarburos. El debate enfrenta la necesidad de garantizar seguridad energética con la protección de ecosistemas y fuentes de agua.
La controversia también gira alrededor de la capacidad de los Estados para vigilar proyectos complejos. Más que la tecnología, expertos consideran que la calidad de la regulación y la supervisión determinarán si los riesgos ambientales pueden mantenerse bajo control durante toda la operación.
El doctor Andrés Schuschny, docente de las maestrías en Energías Renovables e Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), sostiene que la evidencia científica ofrece una visión menos extrema que buena parte del debate político.
"La literatura académica coincide en que el fracking no está libre de riesgos, pero tampoco implica necesariamente un daño ambiental de naturaleza catastrófica", afirma Schuschny. Agrega que los principales desafíos se concentran en el manejo del agua y el control operacional.
El especialista explica que la fractura hidráulica consiste en inyectar agua, agentes de sostén y aditivos químicos a alta presión para generar microfracturas en formaciones rocosas profundas, permitiendo que el petróleo o el gas fluyan hacia los pozos de producción.
Uno de los aspectos más sensibles corresponde al consumo de agua. Según Schuschny, cada etapa de fractura requiere entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos por pozo, un volumen que puede aumentar la presión sobre regiones afectadas por escasez hídrica.
La preocupación por los acuíferos también ocupa un lugar relevante entre comunidades cercanas a proyectos petroleros. Sin embargo, el experto señala que la investigación disponible ubica los mayores riesgos fuera del proceso de fracturación realizado en profundidad.
Los riesgos reales
Schuschny explica que los episodios de contaminación registrados en distintos países suelen relacionarse con deficiencias operativas en la superficie y no con la migración de fluidos desde las capas profundas donde ocurre la fractura hidráulica.
El académico sostiene que una construcción adecuada de los pozos reduce el riesgo de contaminación directa de acuíferos. No obstante, advierte que la operación diaria exige protocolos estrictos para evitar accidentes durante toda la vida útil del proyecto.
"Los problemas más frecuentes provienen de fallas en la cementación del pozo, manejo inadecuado de aguas de retorno y posibles derrames superficiales", afirma Schuschny. Añade que las emisiones fugitivas de gas representan otro desafío permanente para la industria.
El manejo de las aguas de retorno constituye uno de los puntos más delicados de cualquier proyecto. Esos fluidos deben almacenarse, transportarse y tratarse bajo controles rigurosos para impedir afectaciones sobre suelos, cuerpos de agua y comunidades cercanas.
Otro frente corresponde a las emisiones de metano, uno de los gases con mayor capacidad para retener calor en la atmósfera. Por esa razón, el experto recomienda sistemas permanentes de monitoreo y control durante todas las fases de producción.
Schuschny explica que una alternativa consiste en capturar el gas o quemarlo de forma controlada para transformarlo en dióxido de carbono, reduciendo así el impacto climático frente a liberaciones directas de metano hacia la atmósfera.
La actividad sísmica también suele aparecer entre las principales preocupaciones ciudadanas. Sin embargo, el especialista afirma que la fractura hidráulica genera movimientos imperceptibles y que el foco de atención debe concentrarse en el manejo posterior de residuos.
Según el académico, la disposición de estos residuos requiere esquemas sólidos de supervisión y control que eliminen espacios para improvisaciones o incumplimientos, especialmente en territorios donde las capacidades institucionales presentan limitaciones técnicas o presupuestales.
El desafío institucional
En ese escenario, la discusión deja de centrarse únicamente en la conveniencia del fracking y se traslada hacia la fortaleza de las autoridades ambientales y energéticas encargadas de vigilar cada etapa de los proyectos de explotación.
Para Schuschny, la coexistencia entre producción energética y conservación ambiental dependerá de la capacidad institucional para hacer cumplir las normas, realizar inspecciones permanentes y exigir estándares técnicos durante toda la operación de los campos petroleros.
"El fracking es una tecnología con alto potencial energético, pero con riesgos ambientales acumulativos que dependen de la regulación, la capacidad de supervisión, fiscalización, cumplimiento normativo y la calidad operativa de los proyectos", concluye el experto de la VIU.