El próximo Gobierno deberá decidir si fortalece los ingresos mediante nuevos tributos o apuesta por reducir el gasto y acelerar el crecimiento económico.
El gobierno de Gustavo Petro presentó una nueva reforma tributaria a pocos días de dejar el poder. La iniciativa busca recaudar $21,9 billones en 2027, equivalentes al 1% del producto interno bruto (PIB), y abrió un debate que trasciende su futuro en el Congreso.
A primera vista, el proyecto parece llegar demasiado tarde. El calendario legislativo apenas inicia y el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que no respaldará nuevos impuestos. Sin embargo, la propuesta deja planteada una discusión que acompañará al próximo Gobierno desde el inicio de su mandato.
Más que garantizar su aprobación, la reforma fija el diagnóstico económico del Ejecutivo saliente. Según el Ministerio de Hacienda, las finanzas públicas requieren ingresos permanentes adicionales para atender las crecientes obligaciones del Estado y preservar la sostenibilidad fiscal durante los próximos años.
La propuesta distribuye el recaudo esperado en cuatro grandes componentes. El más importante corresponde a la reducción de exoneraciones sobre aportes al sistema de seguridad social, medida que aportaría $8,5 billones, seguida por cambios en beneficios tributarios, impuestos patrimoniales y gravámenes ambientales y saludables.
Otro componente pretende recaudar $6,7 billones mediante la eliminación de beneficios fiscales considerados poco eficientes. Entre las medidas figuran cambios en el IVA aplicado a combustibles, biocombustibles, vehículos híbridos y apuestas en línea, además de ajustes en otros tratamientos preferenciales.
Dos visiones sobre el ajuste fiscal
La reforma también propone reducir el umbral para pagar impuesto al patrimonio, crear nuevas tarifas para los patrimonios más altos y convertir en permanente la sobretasa al sector financiero, que aumentaría del 5% al 15% según el texto presentado.
Para las personas naturales, el proyecto contempla elevar la tarifa máxima del impuesto de renta del 39% al 41%, con efectos previstos a partir de 2028. Además, incrementa la tributación sobre ganancias ocasionales provenientes de rifas y apuestas.
El cuarto bloque incorpora impuestos relacionados con salud pública y protección ambiental. Incluye IVA del 19% para bebidas alcohólicas, mayores gravámenes a cigarrillos y vapeadores, un impuesto para espectáculos de alto costo y cambios sobre importaciones de bajo valor.
Aunque las medidas afectan sectores diferentes, el Gobierno las presenta como parte de una estrategia para fortalecer los ingresos permanentes del Estado. El Ejecutivo sostiene que la estructura tributaria actual resulta insuficiente para responder a las necesidades fiscales que enfrenta el país.
La discusión, sin embargo, cambió rápidamente de escenario. Más que analizar cada impuesto, el debate comenzó a centrarse en la conveniencia de impulsar una reforma de esta magnitud cuando el Gobierno está próximo a concluir y las posibilidades de aprobación son limitadas.
El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó la iniciativa y aseguró que los colombianos "no deben pagar los errores del Gobierno saliente". También afirmó que el ajuste fiscal debe lograrse mediante disciplina presupuestal, eficiencia administrativa y crecimiento económico, sin crear nuevos impuestos.
Un debate que continuará
La diferencia entre ambas posiciones refleja dos modelos de política económica. Mientras el Gobierno saliente considera necesario fortalecer el recaudo para garantizar la sostenibilidad fiscal, la administración entrante plantea que el equilibrio debe alcanzarse reduciendo gastos y mejorando la eficiencia del Estado.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) defendió el proyecto frente a las críticas. La entidad aseguró que la reforma no crea impuestos sobre la canasta familiar, la vivienda ni los ingresos de la clase media, como señalaron algunos sectores.
El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, afirmó que la iniciativa busca abrir un debate democrático sobre las alternativas para enfrentar los desafíos fiscales. Según explicó, las medidas responden al principio de progresividad, mediante el cual quienes tienen mayor capacidad económica realizan una mayor contribución.
Betancourt agregó que, independientemente del futuro del proyecto, Colombia deberá seguir discutiendo mecanismos para fortalecer los ingresos públicos. A su juicio, las necesidades fiscales continuarán siendo un asunto prioritario para cualquier administración, sin importar su orientación política.
Analistas y congresistas coinciden en que la reforma enfrenta un panorama complejo. La falta de mayorías políticas y el escaso tiempo disponible para el trámite legislativo reducen considerablemente las probabilidades de que el proyecto alcance su aprobación antes del cambio de Gobierno.
Sin embargo, la iniciativa deja un mensaje institucional. El Ejecutivo saliente busca dejar consignado que, desde su perspectiva, existe un faltante estructural de recursos que exigirá decisiones fiscales en los próximos años, aun cuando esta reforma no prospere en el Congreso.
Ese escenario traslada el foco hacia la nueva administración. Si descarta una reforma tributaria, deberá presentar una estrategia alternativa para cerrar el déficit fiscal identificado por el Ministerio de Hacienda y garantizar el financiamiento de las obligaciones del Estado.
Más allá del desenlace legislativo, el proyecto instala una discusión que seguirá vigente. El próximo Gobierno deberá decidir si fortalece los ingresos mediante nuevos tributos o apuesta por reducir el gasto y acelerar el crecimiento económico para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.