Más allá de la necesidad de prepararse para una emergencia climática, las dudas se concentran en el momento en que se adopta la medida.
La decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el desastre nacional por la inminencia del fenómeno de El Niño y ordenar el traslado de cerca de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) abrió un intenso debate político. Más allá de la necesidad de prepararse para una emergencia climática, las dudas se concentran en el momento en que se adopta la medida: a pocas semanas del cambio de gobierno y con una entidad que aún carga el peso del mayor escándalo de corrupción de la actual administración.
Desde el Gobierno la explicación es clara. La declaratoria tiene un carácter preventivo y busca acelerar la ejecución de obras y acciones para enfrentar los efectos de un fenómeno de El Niño que, según el Ideam y la propia UNGRD, podría provocar sequías severas, incendios forestales y afectaciones al abastecimiento de agua durante 2026 y 2027. La Ley 1523 de 2012 permite declarar una situación de desastre antes de que ocurra la emergencia cuando exista un riesgo inminente.
El problema no es tanto la herramienta jurídica como el momento de utilizarla.
Las advertencias sobre la llegada de El Niño comenzaron meses atrás, pero la declaratoria solo se produjo cuando al gobierno Petro le restan pocos días en el poder. Esa demora alimentó las críticas de distintos sectores, que consideran que una decisión de semejante magnitud debió adoptarse con mayor anticipación y no en la recta final del mandato.
El otro elemento que explica la controversia son los recursos. La declaratoria habilita un régimen excepcional que facilita la contratación directa y el traslado de partidas presupuestales, permitiendo a la UNGRD ejecutar rápidamente los proyectos necesarios para atender la emergencia. Precisamente esa flexibilización de los controles es la que despierta inquietud, dada la historia reciente de la entidad.
La preocupación también fue expresada por Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, quien cuestionó el afán por firmar contratos en los últimos días del actual gobierno. Según advirtió, la decisión de devolver al director de la entidad la ordenación directa del gasto reduce algunos de los controles administrativos que se habían fortalecido tras el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad.
El actual director, Javier Pava, rechazó esos cuestionamientos. Sostuvo que los filtros de control permanecen intactos y que únicamente cambió el trámite final de aprobación del gasto. Además, defendió la necesidad de actuar con rapidez para anticiparse a una emergencia climática de grandes proporciones.
Las dudas también provienen del gobierno entrante. David Tamayo, designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella para dirigir la UNGRD, sostuvo que las decisiones en materia de gestión del riesgo deben sustentarse en estudios técnicos y manifestó que, hasta donde conoce, el traslado de estos recursos no responde a una priorización basada en ese tipo de análisis.
Petro salió personalmente a defender la medida. Afirmó que los recursos buscan proteger a las comunidades frente a los efectos de El Niño y rechazó las versiones que insinúan un uso indebido de esos dineros. Según el mandatario, la decisión no tiene otro propósito que atender una amenaza climática que puede afectar a millones de colombianos.
Sin embargo, el contexto político hace inevitable el escrutinio. La UNGRD fue el epicentro del mayor escándalo de corrupción del cuatrienio y la contratación excepcional asociada a las declaratorias de desastre sigue siendo uno de los mecanismos más sensibles para el manejo de recursos públicos.
Por eso, el debate trasciende la legalidad de la decisión. La Ley 1523 autoriza este tipo de declaratorias preventivas y faculta al Gobierno para actuar con rapidez, pero también exige que cada contratación esté plenamente justificada y sometida a controles posteriores.
En consecuencia, la discusión no parece centrarse en si el Gobierno puede declarar el desastre nacional, sino en si debió hacerlo cuando ya conocía desde meses atrás la amenaza climática y a tan pocos días de entregar el poder. Esa coincidencia en el calendario es la que alimenta las suspicacias y convierte una medida técnicamente viable en una decisión políticamente controvertida.
Será el próximo gobierno el que deba ejecutar buena parte de esos recursos y demostrar que la declaratoria respondió realmente a criterios técnicos de prevención y no a una decisión apresurada en el cierre de la administración Petro.