Eliminar la JEP o desmontar el sistema integral de paz enfrenta importantes barreras jurídicas
La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre uno de los mayores interrogantes políticos y jurídicos del nuevo gobierno: ¿hasta dónde podrá cumplir su promesa de campaña de desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reformar el modelo de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz de 2016?
La respuesta, al menos desde el punto de vista constitucional e internacional, es que el margen de maniobra del próximo mandatario es limitado. Aunque el Gobierno puede modificar su estructura administrativa, reducir entidades relacionadas con la implementación del acuerdo o impulsar reformas legislativas, eliminar la JEP o desmontar el sistema integral de paz enfrenta importantes barreras jurídicas.
Consciente de ese escenario, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió una carta al presidente electo y al vicepresidente José Manuel Restrepo solicitando una reunión antes del inicio del nuevo gobierno. El objetivo es abrir un canal de diálogo institucional y presentar un balance de los resultados alcanzados por la jurisdicción desde su creación.
La invitación llega en un momento de creciente tensión. Durante la campaña y después de ser elegido, De la Espriella reiteró que la JEP representa un mecanismo de impunidad para antiguos jefes de las Farc y sostuvo que varios de ellos, entre ellos Rodrigo Londoño, deberían cumplir penas de prisión ordinaria. También anunció que eliminará entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y dependencias encargadas de la implementación del Acuerdo Final.
Sin embargo, la JEP insiste en que el sistema de justicia transicional hace parte de un acuerdo con protección constitucional e internacional.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez sostiene que el Acuerdo Final constituye un ‘acuerdo especial’ previsto en el Derecho Internacional Humanitario, lo que significa que su componente de justicia no puede ser desconocido de manera unilateral por un gobierno. Además, recuerda que el acto legislativo que creó la JEP incorporó el principio de estabilidad jurídica del acuerdo, limitando modificaciones que afecten su esencia.
Desde la jurisdicción también advierten que un eventual desmonte podría tener consecuencias internacionales. Si Colombia deja de investigar y juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría la posibilidad de reabrir el examen sobre la situación del país e iniciar investigaciones contra responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
El tribunal sostiene además que los avances obtenidos contradicen la percepción de que se trata de un sistema de impunidad. Según sus cifras, la Sala de Reconocimiento ha emitido 25 decisiones de imputación contra 337 personas; la Sala de Amnistía ha concedido 1.130 amnistías previstas en la ley y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha aprobado más de 600 renuncias condicionadas a la persecución penal.
Entre los procesos más relevantes figura la reciente sentencia contra el antiguo Secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros y las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", además de macrocasos sobre reclutamiento de menores, desaparición forzada y violencia en distintas regiones del país.
Para los magistrados, el modelo de macrocasos ha permitido avanzar en investigaciones que la justicia ordinaria difícilmente habría podido resolver. La JEP recuerda que la impunidad en Colombia supera el 90% en numerosos delitos y que gran parte de los crímenes del conflicto nunca habían llegado a juicio.
El panorama político, sin embargo, sigue abierto. De La Espriella cuenta con la facultad de impulsar reformas legales o incluso promover cambios constitucionales, pero cualquier modificación de fondo requeriría mayorías calificadas en el Congreso y seguramente terminaría bajo revisión de la Corte Constitucional.
Por eso, el debate trasciende la discusión sobre una entidad específica. Lo que está en juego es el futuro del modelo de justicia transicional construido tras el acuerdo con las extintas Farc y el equilibrio entre las promesas del nuevo gobierno y las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado colombiano.
El encuentro solicitado por la JEP busca precisamente abrir ese diálogo antes de que comiencen las reformas anunciadas. El resultado de esa conversación podría marcar el rumbo de una de las discusiones más sensibles del próximo cuatrienio: la relación entre el nuevo gobierno y el sistema de justicia diseñado para cerrar uno de los capítulos más violentos de la historia reciente del país.