Ciudades intermedias piden al gobierno electo extender los bloques de seguridad

Por Redacción Acento

La solicitud proviene de Asointermedias, organización que reúne a 52 municipios y representa a cerca de 14 millones de habitantes.

Ciudades intermedias piden al gobierno electo extender los bloques de seguridad

Mientras el presidente electo, Abelardo de la Espriella, recorre el país en una inédita gira de empalmes regionales antes de asumir el poder el próximo 7 de agosto, las ciudades intermedias buscan abrirse un espacio en la agenda nacional. Su principal mensaje al nuevo gobierno es claro: la estrategia de seguridad y desarrollo no puede concentrarse únicamente en las grandes capitales.

La solicitud proviene de Asointermedias, organización que reúne a 52 municipios y representa a cerca de 14 millones de habitantes, equivalentes al 23,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Para sus integrantes, estas ciudades enfrentan problemas similares a los de Bogotá, Medellín o Cali, pero históricamente han recibido menos atención en materia de inversión, infraestructura y seguridad.

El alcalde de Yumbo y vocero de la asociación, Edgar Alexander Ruiz, aseguró que el inicio del nuevo gobierno representa una oportunidad para replantear la relación entre la Nación y los territorios.

“Queremos trabajar de la mano con el presidente y que estos empalmes regionales también lleguen a las ciudades intermedias”, afirmó.

La petición cobra relevancia porque uno de los principales anuncios de De La Espriella durante la campaña fue la creación de bloques especiales de seguridad para las principales áreas metropolitanas del país, una estrategia que busca fortalecer la coordinación entre Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía y autoridades locales para enfrentar la criminalidad urbana.

Sin embargo, Asointermedias considera que limitar ese modelo a las grandes ciudades dejaría por fuera municipios que hoy registran elevados índices de violencia.

Según cifras de la organización, las ciudades intermedias presentan una tasa de 31,6 homicidios por cada 100.000 habitantes y cerca de 476 hurtos por cada 100.000 habitantes, indicadores que, aseguran, justifican una intervención prioritaria.

La propuesta va más allá del aumento del pie de fuerza. Los alcaldes plantean incorporar herramientas tecnológicas como sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial y de placas, georreferenciación del delito y plataformas de análisis de información para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Pero la seguridad no es el único frente que preocupa a estas administraciones.

La organización entregó al presidente electo un documento con diez propuestas que espera sean incorporadas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Entre ellas figuran el fortalecimiento de la infraestructura vial, la transformación digital, el impulso a una economía más productiva y mayores recursos para las regiones.

En ese contexto, los mandatarios locales celebraron anuncios del gobierno entrante, como la intención de reactivar proyectos de infraestructura 4G y 5G y fortalecer la competitividad del puerto de Buenaventura mediante obras de dragado, iniciativas que consideran fundamentales para dinamizar el empleo y atraer inversión.

No obstante, el reclamo de fondo apunta a un problema estructural: la descentralización.

Aunque en los últimos años se avanzó en la reforma al Sistema General de Participaciones, Asointermedias considera que aún falta desarrollar la Ley de Competencias, instrumento que definiría con mayor claridad las funciones de los entes territoriales y permitiría una distribución más eficiente de los recursos.

Para los alcaldes, esa discusión será determinante durante el próximo cuatrienio, ya que permitiría reducir la dependencia financiera de los municipios frente al Gobierno central.

En esa misma línea, la propuesta de De La Espriella de eliminar intermediarios políticos para la aprobación de proyectos regionales también despierta expectativas.

Ruiz considera que un canal directo entre el Ejecutivo y los gobiernos locales agilizaría la ejecución de obras y disminuiría la dependencia de la gestión política ante el Congreso.

El planteamiento coincide con la estrategia que ha comenzado a implementar el presidente electo mediante sus empalmes regionales, un mecanismo poco habitual en los periodos de transición presidencial y que busca conocer de primera mano las necesidades de cada territorio antes de diseñar las prioridades del nuevo gobierno.

La designación de Valerie Lafaurie como consejera presidencial para las Regiones también fue bien recibida por la asociación.

El desafío para el nuevo gobierno será equilibrar las demandas de las grandes capitales con las de un grupo de ciudades que, aunque no son departamentos, concentran una parte significativa de la población, la actividad económica y la infraestructura estratégica del país.