Minambiente expidió un nuevo decreto que introduce el concepto de ‘delimitación progresiva’, una figura que cambia la metodología utilizada hasta ahora para def
A menos de un mes del cambio de gobierno, la administración del presidente Gustavo Petro tomó una decisión que podría marcar el futuro de uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del país: modificó el modelo con el que se definirá la delimitación del páramo de Santurbán, una decisión que tendrá efectos directos sobre las comunidades, la minería y la protección del agua en Santander y Norte de Santander.
El Ministerio de Ambiente expidió un nuevo decreto que introduce el concepto de ‘delimitación progresiva’, una figura que cambia la metodología utilizada hasta ahora para definir los límites de los páramos y que, según el Gobierno, busca garantizar una mayor participación de las comunidades y una implementación gradual de las medidas de protección.
La decisión llega cuando el proceso de delimitación de Santurbán continúa sin una solución definitiva, luego de que la Corte Constitucional dejara sin efectos la delimitación expedida en 2014 por considerar que no se garantizó una participación amplia y efectiva de las comunidades afectadas. Desde entonces, el país ha intentado construir una nueva delimitación que concilie la protección ambiental con las actividades económicas desarrolladas históricamente en la región.
Con el nuevo modelo, el Gobierno Petro deja planteada una hoja de ruta que deberá ejecutar la administración de Abelardo de la Espriella, cuyo equipo aún no ha definido si mantendrá o modificará esta estrategia.
El cambio ha despertado posiciones encontradas.
Para el Ministerio de Ambiente, la delimitación progresiva permitirá que las decisiones no dependan exclusivamente de una línea cartográfica, sino que se implementen mediante fases sucesivas, incorporando procesos de concertación con los habitantes del territorio y medidas de transición para las comunidades que dependen económicamente de actividades como la agricultura o la minería.
Sin embargo, sectores ambientales advierten que cualquier modificación debe garantizar que no se reduzcan los niveles de protección del ecosistema, mientras que representantes de comunidades y del sector minero consideran que el nuevo modelo podría ofrecer mayor seguridad jurídica frente a un conflicto que lleva más de una década sin resolverse.
El debate tiene especial relevancia para Norte de Santander. El complejo de Santurbán abarca cerca de 142.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 70% se encuentran en este departamento. Además de su riqueza ambiental, el ecosistema abastece de agua a decenas de municipios de Santander y Norte de Santander, lo que convierte cualquier decisión sobre su delimitación en un asunto estratégico para millones de personas.
Durante los últimos años, la discusión sobre Santurbán ha enfrentado dos intereses difíciles de conciliar: la protección de uno de los ecosistemas más importantes del país y la continuidad de actividades productivas desarrolladas desde hace décadas en municipios con tradición minera.
La nueva regulación tampoco pone fin al proceso judicial. La delimitación definitiva seguirá condicionada por los parámetros fijados por la Corte Constitucional, que exige un proceso de participación amplio, deliberativo y efectivo antes de adoptar cualquier decisión final.
En el plano político, la medida también representa uno de los últimos legados ambientales del gobierno Petro. Durante los últimos cuatro años, la administración saliente convirtió la protección de los ecosistemas estratégicos en uno de los ejes de su política ambiental, promoviendo restricciones a la minería en zonas sensibles y fortaleciendo la conservación de páramos y bosques.
Ahora será el gobierno de Abelardo de la Espriella el que deba decidir si mantiene esa visión o introduce modificaciones a la nueva metodología.
Aunque un nuevo gobierno puede revisar políticas públicas y reglamentaciones, cualquier decisión deberá respetar los mandatos constitucionales de protección de los páramos y las sentencias de la Corte Constitucional que han orientado el proceso durante los últimos años.
En ese sentido, más que cerrar el debate, el decreto deja planteado un nuevo escenario de discusión para la próxima administración. La delimitación de Santurbán seguirá siendo uno de los temas ambientales más complejos del país, donde convergen la protección del agua, los derechos de las comunidades, la actividad minera y las obligaciones constitucionales del Estado.
A tres semanas del cambio de mando, el Gobierno Petro deja definida una nueva ruta para Santurbán. La forma en que el gobierno entrante decida recorrerla será determinante para el futuro de un ecosistema considerado estratégico para el nororiente colombiano y para una controversia que, más de una década después, continúa sin encontrar un punto de equilibrio.