La captura de ambos es el primer reto de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella
Diecisiete meses después del inicio de la confrontación entre el Frente de Guerra Nororiental del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, el Catatumbo continúa inmerso en una de las crisis humanitarias y de seguridad más graves de la historia reciente de Colombia. Más de 100.000 personas han sido desplazadas, decenas de comunidades permanecen confinadas y la violencia sigue alterando la vida de una región estratégica para el narcotráfico y el control fronterizo con Venezuela.
En ese escenario, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó uno de los primeros mensajes de su futura política de seguridad: dio un ultimátum de un mes a alias Alfred, máximo jefe del Eln en el nororiente, y a alias Andrey Avendaño, uno de los principales comandantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, para que se entreguen voluntariamente. De lo contrario, advirtió, serán declarados objetivos militares prioritarios desde el inicio de su mandato.
"Vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho", afirmó el pasado 8 de julio durante una visita a Cúcuta.
La advertencia tiene un fuerte contenido político, pero también refleja el enorme desafío que heredará el nuevo Gobierno. Aunque las Fuerzas Militares han intensificado las operaciones en la región, los resultados aún no se traducen en una reducción definitiva de la violencia.
Solo durante el primer semestre de 2026, la Trigésima Brigada del Ejército reportó la incautación de más de 14 toneladas de clorhidrato de cocaína, la destrucción de 47 laboratorios para el procesamiento de alcaloides y la captura de 65 integrantes de ambos grupos armados. Sin embargo, las estructuras ilegales mantienen capacidad ofensiva y continúan disputándose corredores estratégicos para el narcotráfico.
El hombre fuerte del Eln
Las autoridades identifican a Robinson Navarro Flórez, alias Alfred o Francisco, como el máximo comandante del Frente de Guerra Nororiental del Eln. Con cerca de 56 años y más de tres décadas en la organización, es considerado uno de los principales responsables de la expansión militar de esa guerrilla en Norte de Santander.
Según información de inteligencia, ingresó al Eln como guerrillero raso en el frente Camilo Torres Restrepo y ascendió progresivamente hasta asumir, en 2006, la jefatura del Frente de Guerra Nororiental.
Su historial judicial incluye algunos de los ataques más recordados del conflicto en la región. Es investigado por la fuga de 71 presos de la cárcel Modelo de Cúcuta en 2000, el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles en Convención en 2005, la instalación de campos minados que causaron la muerte de militares, emboscadas contra la Policía en Ocaña y el atentado con explosivos en El Carmen, en marzo de 2023, que dejó diez soldados muertos.
Las autoridades creen que alterna su permanencia entre zonas rurales de Tibú y territorio venezolano, donde buscaría refugio cuando aumentan las operaciones militares.
El jefe disidente
Del otro lado del conflicto aparece Carlos Eduardo García, conocido como Andrey Avendaño, uno de los principales voceros del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y figura clave del Frente 33.
Su trayectoria representa una de las mayores controversias del proceso de paz. Ingresó a las Farc en 2010, fue capturado en 2014 y condenado por un atentado contra las Fuerzas Militares en la vía Cúcuta-Tibú.
En 2017 recuperó la libertad gracias a los beneficios contemplados en la Ley de Amnistía y su expediente pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, años después retomó las armas.
En 2024, la JEP lo expulsó definitivamente al comprobar que abandonó el proceso de reincorporación y pasó a integrar nuevamente las disidencias. Además de la condena por terrorismo y rebelión, enfrenta múltiples investigaciones por homicidio, secuestro, concierto para delinquir y otros delitos.
Su última aparición pública ocurrió cuando, junto con otros comandantes disidentes, envió una carta al entonces presidente Gustavo Petro rechazando la posibilidad de una dejación de armas mientras, según afirmaron, no existieran transformaciones estructurales en el país.
El reto del nuevo Gobierno
Los dos cabecillas representan hoy las cabezas visibles de una guerra que ha cambiado la dinámica del conflicto en el Catatumbo. Aunque ambos persiguen el control territorial y las economías ilegales, pertenecen a organizaciones distintas que rompieron cualquier posibilidad de coexistencia y trasladaron la confrontación a zonas pobladas.
El anuncio de De La Espriella marca un cambio frente a la estrategia de negociación impulsada por el gobierno anterior y anticipa una política centrada en la presión militar. No obstante, expertos coinciden en que la captura o neutralización de Alfred y Andrey difícilmente pondrá fin al conflicto si no se acompaña de una intervención integral del Estado.
El Catatumbo sigue enfrentando problemas históricos de abandono institucional, cultivos ilícitos, economías criminales y presencia de múltiples actores armados. Por ello, más allá del ultimátum presidencial, el verdadero desafío será traducir los resultados operacionales en condiciones de seguridad permanentes para una población que, después de 17 meses de guerra, continúa esperando el regreso de la tranquilidad.