La transición está marcada por la confrontación, en la que las diferencias ya no se limitan al escenario electoral, sino que empiezan a trasladarse a los tribun
A menos de un mes de la posesión presidencial del 7 de agosto, la confrontación entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y los principales dirigentes del petrismo dejó de centrarse únicamente en el debate político y comenzó a trasladarse al terreno de la movilización social y las acciones jurídicas.
Aunque el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda reconocieron inicialmente la victoria electoral de De La Espriella, en las semanas posteriores endurecieron su postura. El eje de esa estrategia ha sido el llamado a la desobediencia civil, una figura que ambos presentan como una forma de resistencia pacífica, pero que el gobierno electo interpreta como un intento de desestabilización institucional.
Una oposición que comenzó antes
El primero en insistir en esa estrategia fue el excandidato presidencial Iván Cepeda, quien durante una concentración en Cali reiteró que ejercerá oposición mediante la desobediencia civil durante los próximos cuatro años, con el propósito —según explicó— de defender las reformas impulsadas por el llamado Gobierno del Cambio.
Posteriormente, el presidente Petro respaldó ese discurso e invitó a sus seguidores a movilizarse en defensa de los derechos conquistados durante su administración. Aunque aseguró que las protestas debían desarrollarse sin actos violentos, sus declaraciones coincidieron con un ambiente de creciente polarización política.
Paralelamente, el exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de la elección de De la Espriella, al considerar que su ciudadanía estadounidense sería incompatible con la Presidencia de la República, además de pedir la convocatoria de nuevas elecciones.
La respuesta del presidente electo
Desde el gobierno entrante, la reacción fue inmediata. De la Espriella rechazó los llamados a la desobediencia civil y aseguró que su administración hará cumplir la Constitución.
"Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo obediencia constitucional", afirmó el mandatario electo, quien advirtió que cualquier actuación por fuera de la ley será enfrentada "con toda la fuerza del Estado de Derecho".
Las declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre ambos sectores, luego de que De la Espriella suspendiera el proceso de empalme con el gobierno saliente tras las declaraciones de Petro sobre la legitimidad de las elecciones.
El futuro ministro de Defensa endurece el mensaje
La controversia también marcó el debut público del general (r) Jorge Mora como ministro de Defensa designado.
El oficial calificó de "error" el llamado de Cepeda y recordó las consecuencias que dejaron las protestas nacionales de 2021.
Según Mora, Colombia necesita fortalecer el principio de autoridad y el respeto por la Constitución, por lo que pidió al senador electo reconsiderar su posición.
En declaraciones posteriores, sostuvo que cualquier intento por promover acciones que alteren el orden público será enfrentado por la Fuerza Pública dentro del marco legal.
Un debate que llega a las instituciones
La estrategia de la oposición no solo ha generado respuestas políticas. También comenzó a tener repercusiones institucionales.
La Corte Suprema de Justicia solicitó a Iván Cepeda explicar públicamente el alcance de sus llamados a la desobediencia civil, en medio del debate sobre los límites entre el derecho constitucional a la protesta y eventuales conductas que puedan afectar el orden institucional.
Al mismo tiempo, la controversia habría tenido efectos dentro del propio gobierno saliente. La salida del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se produjo en medio de diferencias con el presidente Petro, entre ellas su posición frente a los llamados a la desobediencia civil y otros desacuerdos sobre la agenda del Ejecutivo.
Un escenario de alta polarización
El panorama deja ver que la oposición al gobierno de De la Espriella comenzó incluso antes de su posesión. Mientras el petrismo apuesta por combinar movilización ciudadana, acciones judiciales y presión política, el presidente electo insiste en que responderá fortaleciendo la institucionalidad y el principio de autoridad.
El resultado es una transición marcada por la confrontación, en la que las diferencias ya no se limitan al escenario electoral, sino que empiezan a trasladarse a las calles, los tribunales y las instituciones del Estado, anticipando un inicio de mandato con elevados niveles de polarización política.