Las ajustadas elecciones en Colombia y Perú abren un patrón que se repite en la región: la disputa suele trasladarse del terreno electoral al judicial, político
Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia y Perú dejaron algo más que resultados estrechos. También reabrieron un fenómeno que, lejos de responder a una sola corriente ideológica, parece repetirse cada vez con mayor frecuencia en América Latina: cuando las urnas no favorecen a un proyecto político, la disputa se traslada de los votos a los tribunales, de las instituciones a la opinión pública y, finalmente, a las calles.
El libreto, según analistas, suele desarrollarse en tres etapas. La primera consiste en judicializar el resultado mediante impugnaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades. La segunda busca sembrar dudas sobre la credibilidad de las autoridades electorales y la legitimidad del ganador. La tercera traslada la confrontación al terreno de la movilización ciudadana.
Los casos de Colombia y Perú ilustran ese comportamiento.
En Colombia, el Consejo Nacional Electoral ratificó la elección de Abelardo de la Espriella luego de los escrutinios oficiales, que confirmaron una diferencia de 251.854 votos frente a Iván Cepeda. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro denunció supuestas irregularidades en más de 5.300 mesas de votación, habló de "votos imposibles" y cuestionó el censo electoral. Tanto la Registraduría como el CNE reiteraron la validez del proceso tras confrontar el preconteo con las actas oficiales suscritas por jueces y notarios.
En Perú ocurrió una situación semejante. Tras una elección definida por apenas 49.641 votos, Roberto Sánchez solicitó la nulidad de 2.398 mesas de votación. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó las reclamaciones al considerar que carecían de sustento probatorio y calificó la hipótesis planteada como incompatible con el funcionamiento del sistema electoral.
Aunque los contextos son distintos, ambos episodios reflejan una tendencia común: cuando las diferencias son reducidas, la disputa deja de concentrarse únicamente en el conteo de los votos para trasladarse a la legitimidad de las instituciones encargadas de administrarlos.
Para Juan Pablo Milanese, profesor de Ciencia Política de la Universidad Icesi, este fenómeno responde a escenarios de polarización extrema donde cada elección termina siendo percibida como una batalla definitiva.
“Este comportamiento no es exclusivo de una sola posición ideológica”, explica el académico. A su juicio, las estrategias utilizadas en el pasado por líderes de derecha como Donald Trump, en Estados Unidos, o Jair Bolsonaro, en Brasil, encuentran hoy expresiones similares en sectores de izquierda que cuestionan los resultados electorales cuando estos les son adversos.
El politólogo advierte que el problema no radica únicamente en acudir a los mecanismos legales previstos por la democracia, sino en utilizar narrativas de fraude sin evidencia suficiente para debilitar la confianza ciudadana en las reglas del juego.
A ello se suma un fenómeno impulsado por las redes sociales. Milanese sostiene que los entornos digitales generan una sensación artificial de unanimidad entre quienes comparten una misma visión política. Cuando los resultados muestran que una parte importante de la sociedad votó distinto, aparece una disonancia que facilita la desconfianza hacia las instituciones y alimenta acusaciones mutuas sobre supuestos fraudes o compra de votos.
En Colombia, el debate ha evolucionado hacia nuevos escenarios. Después de las elecciones, Iván Cepeda centró parte de sus cuestionamientos en la ciudadanía estadounidense de De la Espriella, argumentando que su juramento de lealtad a Estados Unidos afectaría la legitimidad de su posesión. No obstante, la Constitución colombiana permite que un colombiano por nacimiento ejerza la Presidencia aun cuando posea otra nacionalidad.
La discusión también llegó a las calles. Cepeda anunció una estrategia de “desobediencia civil pacífica”, mientras que declaraciones de Vivian Marín, dirigente de la Juventud Comunista, sobre la necesidad de “hacer invivible este país para Abelardo de la Espriella” provocaron una fuerte controversia y dieron lugar a denuncias penales por presunta instigación y terrorismo. Posteriormente, la dirigente aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.
En Perú, tras el rechazo de sus recursos, Roberto Sánchez reconoció la derrota, aunque insistió en que el proceso había estado marcado por irregularidades y anunció una “coalición de resistencia”, además de acudir a instancias internacionales.
Para Milanese, la recurrencia de estos episodios demuestra que el mayor desafío para las democracias de la región ya no es únicamente garantizar elecciones transparentes, sino preservar la confianza en las instituciones cuando los resultados no satisfacen a uno de los contendores.
En ese contexto, concluye el académico, recuperar la capacidad de aceptar la derrota, reconocer al adversario y construir acuerdos resulta tan importante para la estabilidad democrática como la propia celebración de elecciones libres.