Las dudas crecieron después de que se conociera un acuerdo entre el Gobierno y Naciones Unidas para la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres destinadas a
A más de una semana del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, la emergencia sigue dejando interrogantes. Mientras el presidente de la Asamblea Nacional y vocero oficial de la crisis, Jorge Rodríguez, entrega diariamente los balances de víctimas y sobrevivientes, organizaciones civiles advierten inconsistencias en las cifras oficiales y reclaman mayor transparencia en el manejo de la información.
Al mismo tiempo, un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elevó de forma significativa la estimación de los daños materiales, reflejando que la dimensión de la tragedia podría ser mucho mayor de lo calculado en los primeros días.
Un vacío de 10.000 personas
Según el último balance oficial, del 2 de julio, los terremotos dejaron al menos 2.595 personas fallecidas, 12.400 heridas y 855 edificaciones afectadas, principalmente en los estados de La Guaira y Caracas.
Rodríguez aseguró que, al momento del desastre, unas 30.000 personas —entre residentes y turistas— se encontraban en las zonas más golpeadas de Caraballeda y Catia la Mar.
De acuerdo con su explicación, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios en las primeras horas posteriores al sismo. A ellas se suman 6.461 sobrevivientes rescatados por los organismos de emergencia durante los días siguientes.
Sin embargo, la suma de ambos grupos arroja cerca de 19.900 personas, muy por debajo de las 30.000 que, según el propio funcionario, permanecían en el área al momento del terremoto.
Ese desfase de aproximadamente 10.000 personas no fue explicado durante el balance oficial y ha alimentado cuestionamientos sobre el número real de víctimas, desaparecidos y personas aún no localizadas.
La organización Provea pidió que organismos independientes y representantes de la sociedad civil puedan verificar la información oficial para reducir la opacidad en medio de la emergencia.
Una coincidencia que genera interrogantes
Las dudas crecieron después de que se conociera un acuerdo entre el Gobierno venezolano y Naciones Unidas para la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres destinadas a atender la emergencia.
Aunque la compra no constituye una proyección oficial sobre el número de fallecidos, la coincidencia entre esa cifra y el número de personas cuya situación no quedó aclarada en los balances públicos ha generado nuevas preguntas sobre la magnitud real del desastre.
A ello se suma otro elemento que llamó la atención de observadores y organizaciones humanitarias: la evolución de las cifras de heridos.
Mientras el 26 de junio el reporte oficial hablaba de 3.360 lesionados, dos días después el balance descendió a 3.150 personas y posteriormente volvió a incrementarse hasta superar los 12.000 heridos. Las autoridades no explicaron públicamente las razones de esas variaciones, habituales solo cuando existen cambios metodológicos o procesos de consolidación de información.
La ONU eleva el costo de la tragedia
Mientras continúa el debate sobre las víctimas, la dimensión económica del desastre también cambió de manera significativa.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estimó en 37.000 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los dos terremotos.
El informe calcula que 24.000 millones corresponden a edificaciones destruidas o afectadas —incluyendo viviendas, hospitales, escuelas e industrias— y otros 13.000 millones a infraestructura crítica como carreteras, sistemas de agua, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y redes energéticas.
La evaluación triplica ampliamente las estimaciones preliminares divulgadas días antes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ubicaban los daños entre 4.700 y 8.700 millones de dólares.
La diferencia responde a que el nuevo estudio incorpora un análisis más detallado sobre la vulnerabilidad de la infraestructura y del parque edificado, aunque advierte que el impacto económico final será todavía mayor porque no incluye pérdidas por interrupción de servicios, actividad económica, costos de emergencia ni reconstrucción.
En otras palabras, los 37.000 millones representan únicamente los daños físicos directos.
Mientras avanzan las labores de búsqueda y remoción de escombros, la emergencia venezolana deja dos desafíos paralelos. El primero consiste en conocer con precisión el número de víctimas y desaparecidos para ofrecer certeza a miles de familias. El segundo será enfrentar una reconstrucción que, según Naciones Unidas, demandará recursos muy superiores a las primeras estimaciones y pondrá a prueba la capacidad de respuesta de un país que ya enfrentaba profundas dificultades económicas antes del desastre.