Los nuevos testimonios apuntan a que el Eln también habría buscado apartar a oficiales que lideraban operaciones en su contra, en medio de las negociaciones de
Las revelaciones sobre una presunta influencia del Clan del Golfo en decisiones relacionadas con la cúpula de las Fuerzas Militares durante la política de Paz Total ya no serían un caso aislado. Nuevas denuncias conocidas en los últimos días apuntan a que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) también habría intentado incidir en la permanencia de altos oficiales que lideraban operaciones contra esa guerrilla.
Si bien las acusaciones permanecen bajo investigación y el Gobierno de Gustavo Petro las ha rechazado, el conjunto de los señalamientos plantea interrogantes sobre los límites que pudieron alcanzar las negociaciones con los grupos armados y el impacto que estas habrían tenido sobre la estructura de la Fuerza Pública.
La controversia tomó fuerza tras la investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según la cual el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría discutido con representantes del Clan del Golfo compromisos relacionados con la suspensión de operaciones militares, la reducción de bombardeos y una eventual depuración dentro de las Fuerzas Militares como parte de los acercamientos con esa organización criminal.
Ahora, una serie de denuncias presentadas por el general en retiro Óscar Leonel Murillo Díaz amplían el alcance del debate.
Los documentos radicados ante la Fiscalía entre 2023 y 2024 sostienen que el Eln habría aprovechado la mesa de negociaciones instalada en Caracas para cuestionar la permanencia del entonces comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y de la Séptima División del Ejército, debido a los resultados operacionales obtenidos contra esa organización en el Chocó.
Según los escritos conocidos por Colprensa, durante las conversaciones el grupo insurgente habría señalado que la presencia del oficial resultaba inconveniente para el desarrollo de la Paz Total y entregó un expediente con acusaciones que posteriormente fueron difundidas públicamente por integrantes de su delegación negociadora.
Las denuncias sostienen que el general fue señalado de favorecer al Clan del Golfo y de facilitar rutas del narcotráfico, afirmaciones que él rechazó y frente a las cuales aportó estadísticas sobre capturas, incautaciones de armas y operaciones militares ejecutadas tanto contra el Eln como contra el Clan del Golfo.
Uno de los elementos que más llama la atención es que, de acuerdo con la documentación presentada por Murillo Díaz, la inteligencia militar ya había advertido desde 2022 una estrategia del Frente de Guerra Occidental del Eln para desacreditar al oficial.
Un informe del Batallón de Inteligencia Militar No. 7 señaló que la organización insurgente elaboraba documentos para presentarlo como supuesto aliado del Clan del Golfo. Según el reporte, esa campaña respondería a los golpes operacionales que las tropas bajo su mando venían propinando a la estructura guerrillera en el Pacífico colombiano.
El general también aseguró ante la Fiscalía que otros oficiales pudieron haber sido objeto de presiones similares durante el desarrollo de las negociaciones, aunque hasta ahora no se conocen públicamente sus identidades.
Las revelaciones aparecen en un momento en que la Procuraduría ya adelanta una indagación preliminar por las denuncias relacionadas con el Clan del Golfo.
De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, en reuniones sostenidas con esa organización se habría planteado la posibilidad de disminuir operaciones militares y retirar unidades especiales de inteligencia mientras avanzaban los acercamientos dentro de la estrategia de Paz Total.
En los audios divulgados por ese medio también se hace referencia a la salida de altos oficiales y a una reestructuración de la Fuerza Pública que coincidió con la desvinculación de más de 35 generales durante el inicio del actual gobierno.
Frente a ambos episodios, el exministro de Defensa Iván Velásquez negó categóricamente que algún grupo armado hubiera influido en decisiones sobre ascensos, retiros o permanencia de integrantes de las Fuerzas Militares. Según sostuvo, ninguna determinación administrativa respondió a exigencias formuladas durante las negociaciones de paz.
Aunque las investigaciones judiciales aún no establecen responsabilidades, los dos casos alimentan un debate de fondo sobre el alcance de la política de Paz Total. Para algunos sectores, las denuncias plantean la necesidad de esclarecer si los procesos de diálogo pudieron afectar la autonomía de las Fuerzas Militares. Para el Gobierno, en cambio, se trata de versiones que no corresponden a la realidad.
Mientras la Fiscalía y los organismos de control avanzan en las indagaciones, el tema promete convertirse en uno de los principales puntos de discusión sobre el balance que deja la estrategia de negociación con los grupos armados y sobre las lecciones que deberá considerar el próximo gobierno en materia de seguridad y conducción de la Fuerza Pública.