De La Espriella planeta abandonar el modelo de negociación como eje central de la política de seguridad para concentrarse en la recuperación del control territo
El próximo gobierno recibirá un país con uno de los panoramas de seguridad más complejos de los últimos años. A las cifras crecientes de masacres y asesinatos de líderes sociales se suman el fortalecimiento de los grupos armados, el aumento de los ataques terroristas y una Fuerza Pública sometida a una presión cada vez mayor.
Los datos reflejan el tamaño del desafío. Solo en el primer semestre de 2026 se registraron 68 masacres, un promedio de una cada 2,6 días, mientras que 75 líderes sociales fueron asesinados, lo que equivale a una víctima cada 2,4 días. De mantenerse esa tendencia, el país superaría ampliamente las cifras registradas durante 2025.
Más allá de los números, el comportamiento de otros indicadores confirma un deterioro progresivo del orden público. Los homicidios han aumentado de forma sostenida durante los últimos cuatro años y las acciones terroristas prácticamente se duplicaron frente a los niveles registrados al inicio del actual cuatrienio. También crecieron los ataques contra la Fuerza Pública, tanto en uniformados asesinados como heridos en operaciones.
Paradójicamente, este escenario se consolidó durante un gobierno que hizo de la "paz total" su principal bandera de seguridad. La estrategia buscó abrir negociaciones simultáneas con distintos grupos armados, pero sus resultados siguen siendo objeto de debate.
Mientras el Ejecutivo defendió los diálogos como un mecanismo para reducir la confrontación, diversos centros de análisis sostienen que la disminución de la presión militar permitió a varias organizaciones ilegales expandir su presencia territorial y fortalecer sus capacidades financieras y operativas. Hoy, entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc, estos grupos sumarían cerca de 27.000 integrantes.
El conflicto también ha evolucionado en el plano tecnológico. Los ataques con drones cargados con explosivos dejaron de ser episodios aislados para convertirse en una herramienta recurrente de las organizaciones armadas, incluso mediante operaciones coordinadas con varios dispositivos al mismo tiempo, una modalidad que representa un nuevo reto para las Fuerzas Militares.
A esta realidad se suma otra preocupación creciente: el reclutamiento de menores de edad. Organismos nacionales e internacionales han advertido un incremento significativo de este delito, impulsado por el fortalecimiento de las economías ilegales y la disputa por el control territorial en varias regiones del país.
Frente a ese panorama, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado un cambio de estrategia. Su programa plantea abandonar el modelo de negociación como eje central de la política de seguridad para concentrarse en la recuperación del control territorial mediante comandos conjuntos, mayor presencia militar en las fronteras, fortalecimiento de la inteligencia y una ofensiva contra las finanzas del narcotráfico y la minería ilegal.
Sin embargo, los expertos advierten que revertir la tendencia no será una tarea inmediata.
La Fundación Conflict Responses señaló recientemente que el primer objetivo del nuevo gobierno debería ser contener la expansión de los grupos armados organizados, una meta que por sí sola ya representaría un avance después de casi una década de fortalecimiento continuo de estas estructuras. El verdadero desafío, sostiene la organización, será recuperar las condiciones de seguridad para las comunidades que viven bajo la influencia del conflicto armado y del crimen organizado.
La dificultad radica en que la violencia ya no responde únicamente a enfrentamientos entre guerrillas y Fuerza Pública. Hoy confluyen economías ilícitas, disputas por corredores estratégicos, minería ilegal, narcotráfico y nuevas capacidades militares de los grupos armados, factores que hacen más compleja cualquier intervención estatal.
En ese contexto, el nuevo gobierno enfrentará una doble exigencia: recuperar la autoridad del Estado sin perder de vista la protección de la población civil. Reducir las masacres, frenar los asesinatos de líderes sociales y contener el crecimiento de las organizaciones criminales serán indicadores mucho más determinantes que cualquier anuncio de política pública.
Después de cuatro años en los que la apuesta fue negociar para disminuir la violencia, el país entra ahora en una nueva etapa marcada por una estrategia de mayor presión militar. El éxito o el fracaso de ese giro dependerá, en buena medida, de si logra traducirse en un resultado concreto: que las cifras de violencia dejen de crecer y que el Estado recupere el control de los territorios donde hoy siguen mandando los grupos armados.