Las investigaciones disciplinarias contra cuatro exaltos funcionarios trasladan el caso del terreno político al institucional y abren un nuevo capítulo sobre lo
“Esa conversación se da con posterioridad a anuncios del Presidente y los mensajes que hizo. Yo no tenía posibilidad de decir a quiénes tenemos que sacar”. —Danilo Rueda, excomisionado de Paz.
Las revelaciones sobre los contactos entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y representantes del Clan del Golfo dejaron de ser una controversia política. La apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría marca el primer efecto institucional de un caso que ahora entra en el terreno del control estatal.
El Ministerio Público abrió investigaciones contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el entonces subdirector de inteligencia, Ricardo Rey Rosanía, por actuaciones relacionadas con esos acercamientos.
La decisión, firmada por el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez, busca establecer si la actuación de los entonces funcionarios se ajustó al marco constitucional durante las reuniones conocidas tras la divulgación de los audios revelados por Noticias Caracol.
Según explicó la Procuraduría, la actuación disciplinaria surge de los informes periodísticos que documentaron reuniones y conversaciones entre altos funcionarios y personas que habrían buscado posibles acuerdos para el Clan del Golfo durante la fase exploratoria de la política de Paz Total.
El organismo disciplinario señaló que verificará si durante esos encuentros pudieron ofrecerse compromisos relacionados con un cese unilateral de operaciones, movimientos de tropas, depuración de la inteligencia policial y militar, así como acciones encaminadas a frenar operaciones contra esa organización criminal.
La apertura de la investigación no constituye una declaración de responsabilidad. Su objetivo consiste en establecer si las actuaciones atribuidas a los exfuncionarios respetaron los límites legales de sus competencias y si las decisiones discutidas podían ser ofrecidas durante una fase exploratoria de negociación.
El cambio de escenario resulta significativo. Hasta ahora, el caso se desarrollaba principalmente en el ámbito político y mediático. Con la intervención de la Procuraduría, el debate adquiere un componente jurídico que obliga a determinar responsabilidades disciplinarias, más allá de las valoraciones partidistas.
Las investigaciones se originan en una serie de audios que, según Noticias Caracol, registran una reunión celebrada en septiembre de 2022 entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias "Jerónimo", identificado como uno de los comandantes del Clan del Golfo.
En esas conversaciones, de acuerdo con la investigación periodística, Rueda planteó una especie de "congelamiento" de acciones mientras avanzaban los acercamientos. También se mencionaron asuntos relacionados con bombardeos, inteligencia militar y eventuales beneficios judiciales condicionados al desarrollo del proceso de diálogo.
“Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda –de acuerdo con los referidos audios– solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes”. —Iván Velasquez, exministro de Defensa.
Los límites de la Paz Total
El contenido de los audios abrió interrogantes sobre el alcance de las facultades del Alto Comisionado para la Paz. Aunque la legislación permite realizar contactos exploratorios con organizaciones armadas, persisten dudas sobre la posibilidad de comprometer decisiones que corresponden a otras autoridades del Estado.
Uno de los apartes más controvertidos hace referencia a un eventual cese de bombardeos y a una depuración de organismos de inteligencia. La investigación periodística sostiene que esas propuestas fueron planteadas durante la conversación con el representante del Clan del Golfo.
Noticias Caracol también relacionó esas conversaciones con la reestructuración de las Fuerzas Militares y la Policía realizada al comienzo del Gobierno, así como con la posterior expansión territorial y el incremento del número de integrantes del Clan del Golfo durante los años siguientes.
Sin embargo, establecer una relación directa entre esos hechos constituye precisamente uno de los principales puntos de discusión. Las grabaciones muestran conversaciones y propuestas, pero no prueban por sí mismas que todas las decisiones posteriores obedecieran a esos encuentros exploratorios.
Frente a las revelaciones, el exministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó cualquier participación de Danilo Rueda en decisiones relacionadas con retiros o nombramientos de oficiales. Sostuvo que esos procedimientos obedecieron exclusivamente a mecanismos internos del sector Defensa y no a negociaciones externas.
Velásquez también negó que hubiera existido una política para suspender bombardeos con el propósito de favorecer al Clan del Golfo. Según explicó, las restricciones operacionales respondían únicamente a la protección de menores de edad presentes en campamentos de organizaciones armadas.
Por su parte, Danilo Rueda defendió la legalidad de las reuniones reveladas. El excomisionado afirmó que los encuentros hicieron parte de una fase exploratoria autorizada dentro de la política de Paz Total y aseguró que durante su gestión nunca se firmó un acuerdo con esa organización.
Rueda sostuvo además que las conversaciones buscaban conocer las expectativas del grupo frente a un eventual proceso de paz y reiteró que las posibilidades de negociación siempre estuvieron limitadas por el marco jurídico vigente y por las competencias propias de su cargo.
Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias, el caso vuelve a poner bajo escrutinio la arquitectura institucional de la Paz Total. El desafío consiste en establecer hasta dónde puede llegar un gobierno en los contactos preliminares con organizaciones criminales sin comprometer la autoridad del Estado.
Más allá de sus eventuales consecuencias disciplinarias, el episodio reabrió una discusión sobre el equilibrio entre la búsqueda de salidas negociadas al conflicto y la preservación de las funciones constitucionales de la Fuerza Pública, la justicia y los organismos de inteligencia, pilares esenciales del Estado.