Las investigaciones por los presuntos acercamientos entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y representantes del Clan del Golfo continúan extendiendo s
Mientras el Ministerio de Defensa anunció acciones para defender el buen nombre de las Fuerzas Militares y la Policía, también reaparecieron declaraciones del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, sobre las visitas a cárceles y el concepto de "perdón social".
La decisión del Ministerio de Defensa marca un nuevo capítulo en una controversia que dejó de limitarse al terreno político. La cartera informó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán ser reconocidas como víctimas dentro de las actuaciones relacionadas con el caso, al considerar que la polémica afectó la moral institucional y el prestigio de los uniformados.
Según el Ministerio, los señalamientos derivados de las revelaciones sobre eventuales ofrecimientos al Clan del Golfo impactaron la confianza en la Fuerza Pública y proyectaron la imagen de que sus operaciones habrían estado condicionadas por conversaciones desarrolladas durante la política de Paz Total impulsada por el Gobierno.
La determinación surge después de que salieran a la luz grabaciones y testimonios que describen presuntos compromisos discutidos durante contactos exploratorios con integrantes del Clan del Golfo. Entre los temas mencionados aparecen eventuales restricciones a operaciones militares y bombardeos mientras avanzaban los acercamientos con la organización criminal.
Uno de los testimonios que alimentó la controversia fue el del exdirector de la Policía, general en retiro Henry Sanabria, quien aseguró haber recibido directrices para disminuir la confrontación contra esa estructura armada. Sus afirmaciones fueron rechazadas por antiguos funcionarios del Gobierno, quienes sostienen que las actuaciones siempre estuvieron dentro del marco legal.
Mayor general retirado Henry Sanabria.
La respuesta del Ministerio de Defensa coincide con la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría contra varios exfuncionarios del Gobierno, entre ellos el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, por actuaciones relacionadas con esos contactos exploratorios.
Aunque las investigaciones buscan establecer si durante esas reuniones se formularon ofrecimientos que excedían las competencias legales de los funcionarios, el proceso también ha reabierto el debate sobre los alcances de la política de Paz Total y los límites de las conversaciones preliminares con organizaciones armadas.
El gran hermano
En medio de ese contexto, volvieron a cobrar relevancia declaraciones concedidas en septiembre de 2023 por Juan Fernando Petro al programa “Los Informantes”, en las que describió el papel que, según su versión, tuvieron las visitas a centros penitenciarios durante la campaña presidencial de 2022.
En esa entrevista, el hermano del presidente afirmó que regiones como el Urabá, el Magdalena Medio y Norte de Santander aportaron un respaldo electoral determinante para la victoria de Gustavo Petro. Según sostuvo, esos territorios aportaron más de un millón de votos adicionales que, en su criterio, terminaron definiendo el resultado electoral.
Juan Fernando Petro relacionó ese respaldo con los acercamientos que realizó durante la campaña a diferentes establecimientos carcelarios. Aseguró que esos encuentros permitieron presentar la propuesta de "perdón social" y abrir espacios de diálogo con personas privadas de la libertad y comunidades afectadas por el conflicto armado.
El hermano del mandatario sostuvo que aquellas visitas fueron públicas y tuvieron como propósito divulgar una filosofía orientada a promover procesos de reconciliación. Según explicó, nunca participaron en negociaciones con estructuras criminales ni ofrecieron beneficios judiciales o compromisos institucionales a cambio de apoyos políticos.
También rechazó las versiones que lo vincularon con un supuesto cartel de abogados que habría buscado gestionar beneficios para personas solicitadas en extradición. En diferentes oportunidades aseguró que su nombre fue utilizado sin autorización y pidió a la Fiscalía investigar a quienes habrían aprovechado esa situación.
Juan Fernando Petro ha insistido en que su participación se limitó a escuchar comunidades y promover escenarios de discusión alrededor de la paz. Según su versión, el trabajo desarrollado desde organizaciones internacionales e intereclesiales nunca tuvo facultades para negociar con grupos armados ni representar oficialmente al Estado colombiano.
Las declaraciones adquieren un nuevo significado porque el actual escándalo también gira alrededor de los límites entre los contactos exploratorios autorizados por la política de Paz Total y las actuaciones que podrían interpretarse como ofrecimientos que corresponden exclusivamente a otras autoridades del Estado.
Hasta el momento no existe una decisión judicial o disciplinaria que establezca responsabilidades por los hechos revelados. Tanto los exfuncionarios investigados como Juan Fernando Petro han defendido la legalidad de sus actuaciones y sostienen que las conversaciones conocidas hicieron parte de iniciativas encaminadas a explorar eventuales escenarios de paz.
Sin embargo, el caso continúa ampliando sus repercusiones políticas e institucionales. La decisión del Ministerio de Defensa de intervenir para proteger la imagen de las Fuerzas Armadas evidencia que la controversia ya trasciende los contactos con el Clan del Golfo y alcanza la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad.
Las actuaciones anunciadas por la Procuraduría, la posición asumida por el sector Defensa y el resurgimiento de antiguas declaraciones de Juan Fernando Petro muestran cómo el debate sobre la Paz Total continúa incorporando nuevos elementos de análisis mientras avanzan las investigaciones oficiales.