Mientras las estructuras alineadas con Calarcá permanecieron vinculadas a la política de Paz Total, las comandadas por Mordisco se apartaron del proceso.
Lo que ocurre hoy en Guaviare no es un enfrentamiento aislado entre grupos armados. Es la disputa por uno de los territorios más estratégicos del país para las economías ilegales y, al mismo tiempo, la evidencia de cómo la fragmentación de las disidencias de las Farc terminó trasladando los costos de la guerra a las comunidades de la Amazonía colombiana.
De aliados a enemigos. Así puede resumirse la relación entre Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba. Ambos hicieron parte de una misma estructura insurgente y durante años compartieron objetivos militares. Sin embargo, la ruptura definitiva ocurrida en abril de 2024, durante los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, redefinió el mapa del conflicto en el sur del país.
Mientras las estructuras alineadas con Calarcá permanecieron vinculadas a la política de Paz Total, las comandadas por Mordisco se apartaron del proceso. Desde entonces, la confrontación entre ambas facciones ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una guerra abierta.
La Defensoría del Pueblo advirtió tempranamente las consecuencias. En la Alerta Temprana 001 de 2025 señaló que 45 municipios de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca enfrentaban riesgos derivados de la disputa entre estos grupos. Sin embargo, los hechos posteriores sugieren que esas advertencias no se tradujeron en acciones preventivas eficaces.
El pasado 26 de mayo de 2026, once de los fallecidos eran menores de edad: ocho niños y tres niñas.
Una guerra por el control del corredor amazónico
Guaviare ocupa una posición geográfica privilegiada. Limita con Meta, Vaupés, Guainía, Caquetá y Vichada, y constituye una puerta de entrada hacia la Amazonía. Su ubicación facilita conexiones con corredores ilegales que se extienden hacia Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.
Por eso, más que un territorio simbólico, representa un activo estratégico para las organizaciones armadas: desde allí se controla el tránsito de cocaína, armas, insumos químicos y recursos financieros asociados al narcotráfico.
La magnitud de la disputa queda reflejada en la capacidad militar de ambos bloques.
De acuerdo con documentos de inteligencia conocidos por Colprensa, las estructuras bajo el mando de Iván Mordisco suman más de 300 integrantes en Guaviare. Entre ellas sobresalen la Estructura Primera Armando Ríos y la Subestructura 44 Antonio Ricaurte.
En contraste, el aparato armado vinculado a Calarcá Córdoba supera los 800 integrantes en la región, agrupados en estructuras como Marco Aurelio Buendía, Jhon Linares y la Compañía Móvil Isaías Carvajal.
La disputa, entonces, no enfrenta pequeños remanentes insurgentes, sino organizaciones con capacidad de reclutamiento, control territorial y sostenimiento financiero.
El drama humanitario
Las consecuencias de esta confrontación se hicieron visibles el pasado 26 de mayo de 2026, cuando intensos combates sacudieron las veredas La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en jurisdicción de San José del Guaviare.
El saldo fue devastador: 48 disidentes muertos. Pero detrás de esa cifra se esconden historias que reflejan la dimensión humana del conflicto. Once de los fallecidos eran menores de edad: ocho niños y tres niñas.
Entre ellos estaba Daniela Mucutuy Valencia, familiar de los hermanos Mucutuy que sobrevivieron durante semanas en la selva amazónica en 2023. Daniela había sido reclutada siendo menor y terminó perdiendo la vida en medio de una guerra que nunca eligió.
El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los fenómenos más persistentes del conflicto colombiano: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
Según denunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, existen indicios de que jóvenes captados en departamentos como Cauca estarían siendo trasladados hacia Guaviare para reforzar las filas de estas organizaciones.
Las alertas ignoradas
Más allá de la confrontación entre Mordisco y Calarcá, el episodio deja interrogantes sobre la capacidad institucional para anticiparse a las crisis humanitarias.
La Defensoría había advertido desde el año pasado sobre el riesgo inminente que enfrentaban estas comunidades. Sin embargo, los enfrentamientos escalaron hasta dejar decenas de muertos y poblaciones enteras confinadas por temor a quedar atrapadas entre los dos bandos.
Guaviare se convirtió así en un espejo de las contradicciones que enfrenta la política de seguridad del país: mientras algunos grupos permanecen en conversaciones con el Estado, otros consolidan su expansión territorial; y mientras avanzan los esfuerzos de paz, las comunidades siguen expuestas a los mismos ciclos de violencia.
En la Amazonía colombiana, la disputa entre antiguos aliados demuestra que la guerra mutó, pero no desapareció. Y, como ha ocurrido durante décadas, quienes terminan pagando el precio más alto son los habitantes de los territorios donde el Estado sigue llegando tarde.