La MOE también advirtió que existen riesgos por violencia política y presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.
A pocas horas de las elecciones presidenciales, las autoridades electorales y los organismos de control mantienen activadas las alertas frente a posibles riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada democrática en distintas regiones del país.
Aunque el Gobierno y las entidades electorales insisten en que existen garantías suficientes para unas elecciones transparentes y seguras, persisten preocupaciones relacionadas con violencia política, desinformación, tensiones institucionales y posibles alteraciones del orden público.
Uno de los llamados más fuertes lo hizo el procurador general, Gregorio Eljach, quien cuestionó duramente a los sectores que, según dijo, buscan desacreditar el proceso electoral y sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones.
“Este ha sido un proceso limpio, transparente”, afirmó el jefe del Ministerio Público, al advertir que existe un riesgo en los discursos que alimentan el “fantasma del fraude” y atacan la credibilidad de las instituciones.
Eljach aseguró que los organismos del Estado actuarán de manera coordinada para garantizar el respeto por los resultados electorales, independientemente del candidato ganador.
“Vamos a hacer que se respeten los resultados sean cuales sean los que señalen los colombianos en las urnas”, sostuvo.
Las declaraciones del Procurador se producen en medio de un ambiente político altamente polarizado, donde en las últimas semanas han aumentado los cuestionamientos al sistema electoral, especialmente a través de redes sociales y sectores políticos que han advertido posibles irregularidades.
Precisamente, uno de los principales factores de preocupación identificados por la Misión de Observación Electoral (MOE) es el incremento de la desinformación electoral y los discursos que buscan generar desconfianza sobre el proceso democrático. La organización alertó sobre campañas de noticias falsas y contenidos engañosos relacionados con fraude, manipulación de resultados y ataques contra las autoridades electorales.
La MOE también advirtió que existen riesgos por violencia política y presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país. Según sus reportes, 139 municipios presentan algún nivel de riesgo extremo electoral debido a factores como control armado, amenazas a líderes políticos, restricciones a la movilidad y posibles presiones sobre los votantes.
Entre los departamentos con mayores alertas figuran zonas del Pacífico, el Catatumbo, Arauca y regiones con presencia histórica de estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.
Los organismos de control también mantienen vigilancia especial sobre posibles delitos electorales como compra de votos, trashumancia, constreñimiento al elector y participación indebida en política.
Frente a este panorama, las autoridades pusieron en marcha la estrategia denominada “Paz Electoral”, un plan de articulación entre Procuraduría, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Fuerza Pública y organismos de inteligencia para monitorear en tiempo real cualquier situación que pueda afectar la jornada.
La estrategia incluye refuerzo de seguridad en puestos de votación, monitoreo de redes sociales, controles migratorios en zonas fronterizas y seguimiento a denuncias ciudadanas relacionadas con irregularidades electorales.
Además, el Gobierno activó medidas extraordinarias como cierre de fronteras, ley seca y restricciones a la propaganda política para minimizar riesgos de alteración del orden público.
Pese a las alertas, tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral han insistido en que el sistema cuenta con mecanismos de auditoría y vigilancia suficientes para garantizar transparencia en el proceso.
Más de 14.000 observadores electorales, incluidos 1.500 internacionales, acompañarán la jornada electoral en diferentes regiones del país, mientras que las campañas políticas acreditaron cientos de miles de testigos electorales para vigilar las mesas de votación.
En medio de las tensiones políticas y la creciente polarización, el principal reto para las instituciones será mantener la confianza ciudadana en el proceso democrático y garantizar que los resultados sean aceptados por todos los sectores políticos una vez finalice la votación.