El cierre de fronteras se ha convertido en una medida habitual en las elecciones nacionales, especialmente por razones de seguridad y control migratorio.
El Gobierno nacional activó un amplio paquete de medidas especiales para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, en las que los colombianos escogerán al próximo mandatario del país.
Las disposiciones, establecidas mediante el Decreto 0188 de 2026 expedido por el Ministerio del Interior, incluyen cierre de fronteras, ley seca, restricciones a la propaganda política y limitaciones de movilidad, entre otras decisiones orientadas a preservar el orden público y la transparencia electoral.
Una de las principales medidas será el cierre de las fronteras terrestres y fluviales del país, que comenzó a las 6:00 de la tarde de este sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio.
Durante ese período quedará restringido el tránsito migratorio en las zonas limítrofes de Colombia, especialmente en departamentos fronterizos como Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada y Guainía. La medida busca reforzar el control de ingreso y salida de personas durante la jornada electoral y prevenir posibles situaciones que alteren el proceso democrático.
El Gobierno precisó que únicamente se permitirá el tránsito en casos excepcionales relacionados con emergencias o situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas. Además, Migración Colombia reforzará los controles en los pasos fronterizos habilitados.
El cierre de fronteras se ha convertido en una medida habitual en las elecciones nacionales, especialmente por razones de seguridad y control migratorio. En regiones como Norte de Santander, donde existe una alta dinámica de movilidad con Venezuela, la decisión cobra especial relevancia debido al flujo constante de ciudadanos entre ambos países.
Otra de las restricciones más importantes será la aplicación de la ley seca en todo el territorio nacional. La prohibición para la venta y consumo de bebidas alcohólicas rige desde las 6:00 de la tarde del sábado y se mantendrá hasta el mediodía del lunes 1 de junio.
Aunque la medida tendrá alcance nacional, el decreto faculta a alcaldes y gobernadores para ampliar el horario de la restricción si consideran que existen riesgos de alteración del orden público en sus territorios.
El objetivo, según el Gobierno, es reducir situaciones de violencia, riñas o desórdenes que puedan afectar el desarrollo de las votaciones y el conteo electoral.
Las disposiciones también incluyen fuertes limitaciones a las campañas políticas. Durante la jornada electoral estará prohibida toda forma de propaganda o publicidad política, tanto en medios de comunicación como en espacios públicos.
Esto implica restricciones para la difusión de mensajes electorales en radio, televisión, prensa, redes de perifoneo, vehículos, vallas y demás mecanismos de promoción política. Además, mientras las urnas permanezcan abiertas, tampoco podrán divulgarse encuestas, sondeos o proyecciones sobre resultados electorales.
La intención es evitar presiones sobre los votantes y garantizar que la decisión ciudadana se tome sin influencias de última hora.
El decreto igualmente estableció controles sobre las actividades políticas previas a las elecciones. Entre el 25 de mayo y el 1 de junio, las reuniones y eventos políticos únicamente podrán desarrollarse en recintos cerrados, como parte de las medidas preventivas de seguridad.
En materia de movilidad, el Gobierno otorgó facultades especiales a alcaldes y gobernadores para restringir la circulación de vehículos, motocicletas y embarcaciones si las condiciones de seguridad así lo requieren. Incluso podrán decretarse toques de queda en zonas específicas donde exista riesgo de alteraciones del orden público.
Otra de las restricciones tradicionales durante la jornada electoral será la prohibición del uso de teléfonos celulares y cámaras dentro de los puestos de votación entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La medida no aplicará para autoridades electorales, organismos de control ni medios de comunicación acreditados.
El Gobierno también ordenó garantizar el funcionamiento permanente de las entidades encargadas de la seguridad, vigilancia y prestación de servicios públicos durante el desarrollo de las elecciones.
Con este conjunto de medidas, las autoridades buscan blindar el proceso electoral en un contexto de alta polarización política y reforzar la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática del país.