El caso forma parte de una investigación más amplia adelantada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Agencia Tributaria de España.
Una nueva investigación periodística y judicial en España volvió a poner bajo escrutinio al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno familiar, tras revelarse que la empresa de sus hijas recibió más de 100.000 euros de una compañía vinculada a operaciones de propaganda digital y a la aplicación VenApp, señalada por organizaciones y expertos como una herramienta de control social utilizada por el chavismo en Venezuela.
La información, publicada inicialmente por medios españoles y replicada por plataformas latinoamericanas, indica que Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, percibieron entre 2023 y 2024 un total de 100.965 euros a través de su agencia de publicidad Whathefav SL. Los pagos habrían sido realizados por Venqis, una empresa registrada en Panamá y relacionada con campañas digitales favorables al oficialismo venezolano.
El caso forma parte de una investigación más amplia adelantada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Agencia Tributaria de España, que indagan posibles irregularidades financieras y supuestas conexiones entre sociedades privadas, consultorías políticas y operaciones vinculadas al entorno del chavismo.
Uno de los elementos más sensibles del caso es la relación de Venqis con VenApp, una aplicación lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro en 2022 y presentada oficialmente como una plataforma para trámites ciudadanos y atención de servicios públicos.
Sin embargo, investigaciones periodísticas y organizaciones de monitoreo digital sostienen que la aplicación habría sido utilizada también como mecanismo de vigilancia política y recopilación de datos personales de ciudadanos venezolanos.
Según las publicaciones, VenApp permitía clasificar usuarios, registrar información personal e incluso facilitar denuncias ciudadanas sobre actividades consideradas sospechosas por el oficialismo venezolano. Las investigaciones señalan además que redes de cuentas falsas vinculadas al entorno empresarial de Venqis promovieron activamente la descarga y utilización de la aplicación en redes sociales.
Detrás de Venqis aparece mencionado el empresario brasileño André Golabek, señalado por investigaciones regionales de participar en estructuras de propaganda digital y campañas de desinformación favorables a gobiernos y movimientos alineados con el llamado Grupo de Puebla en países como Venezuela, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Honduras.
La controversia creció debido a la histórica cercanía política de Zapatero con el gobierno venezolano. El exmandatario español ha participado durante años como mediador y facilitador en diálogos políticos entre el chavismo y sectores de oposición, una relación que constantemente ha generado críticas tanto en España como en América Latina.
La investigación judicial también analiza el papel de Whathefav SL, la empresa dirigida por las hijas de Zapatero. De acuerdo con documentos citados por medios españoles, la firma habría recibido más de un millón de euros entre 2020 y 2025 provenientes de diferentes compañías relacionadas con el entorno investigado.
El juez de la Audiencia Nacional española que lidera el caso considera que la agencia pudo haber funcionado como una estructura de recepción y redistribución de fondos dentro de un supuesto entramado empresarial. No obstante, hasta el momento Laura y Alba Rodríguez Espinosa no han sido imputadas formalmente.
Zapatero, por su parte, ha defendido públicamente la legalidad de sus actividades de consultoría y ha negado haber recibido comisiones irregulares o participar en una red de tráfico de influencias.
El caso adquiere además una dimensión política internacional debido al creciente debate sobre el uso de tecnologías digitales, redes de propaganda y plataformas de vigilancia por parte de gobiernos autoritarios en América Latina.
La polémica alrededor de VenApp y las operaciones digitales asociadas al chavismo reabre discusiones sobre privacidad, manipulación informativa y control político en entornos digitales, especialmente en contextos de alta polarización política y restricciones democráticas en Venezuela.