Era agosto de 2009. Recorría centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por encargo del periodista Ernesto McCausland –fallecido en 2012, la
Tenía 18 años cuando me senté frente a ellos.
Era agosto de 2009. Recorría centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por encargo del periodista Ernesto McCausland –fallecido en 2012, la mejor pluma que dio el Caribe colombiano– para reportear lo que terminaría siendo Victorias de la Paz, un libro sobre jóvenes desvinculados de grupos armados. Más de cuatro horas con cada uno. Grabadora, cuaderno, silencio.
Ninguno de los que entrevisté era mayor que yo. Aún eran menores. Y habían vivido demasiado.
Escuché cómo les robaron la inocencia antes de que supieran que la tenían. Vi anhelos por volver al monte, porque afuera el mundo les resultaba más aterrador que la guerra. Vi miedo ante lo que nosotros vemos como normal: una cama, tres comidas, una puerta que se abre desde adentro. Vi odios prestados, rabia sembrada por otros, dirigida contra enemigos que ellos nunca eligieron.
Una niña de trece años que pasó, como escribió McCausland con precisión quirúrgica, “sin puentes ni transiciones, de la infancia a la adultez, de la muñeca al fusil”. Un muchacho que entró a la guerrilla a los ocho años porque nadie le dijo que existía otra opción. Una joven indígena a quien le daban gaseosa con pólvora para que perdiera el miedo a disparar. Otro que el día de su desvinculación no sabía su propio nombre.
Ese encuentro me marcó para siempre. Desde entonces estudio el adoctrinamiento. Desde entonces no dejo de sorprenderme con la barbarie de quienes se escudan en todas las combinaciones y formas de lucha para reivindicar “sus derechos”.
Dieciséis años después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puso cifras a lo que esos jóvenes me contaron en voz baja.
Las Farc reclutaron de manera sistemática a 18.677 niños y niñas entre 1996 y 2016. El 68 por ciento tenía menos de quince años. Antes de que existiera la JEP, el Estado colombiano había producido apenas 45 sentencias por esos crímenes.
Cuarenta y cinco, frente a casi diecinueve mil víctimas.
En enero de 2026, los propios exjefes del Secretariado lo admitieron por escrito: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo.
Reconocieron no solo el reclutamiento sino la violencia sexual sistemática, los abortos forzados, las torturas, los homicidios de menores dentro de sus propias filas.
18.677 no es una estadística. Es el número de infancias destruidas por una organización que tuvo ideólogos, financiadores, defensores y redactores de sus beneficios políticos. Ese número no aparece pintado en ninguna casa. No es consigna. No genera marchas. El 19 de mayo de 2026 fueron a rayar la vivienda de Álvaro Uribe. Nadie ha ido a exigirle cuentas a quienes abrazaron, defendieron y negociaron impunidad para los autores de esas 18.677 historias.
La memoria, en Colombia, es profundamente selectiva.
Iván Cepeda quiere ser presidente.
Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue secretario general del Partido Comunista Colombiano y coautor ideológico del manifiesto que dio origen a las Farc. Escribió ¡Vencerás Marquetalia! en 1964 desde la cárcel La Modelo: una reivindicación explícita de la resistencia armada que se convertiría en el mito fundacional de esa guerrilla. El Partido Comunista al que perteneció sostuvo a las Farc bajo el principio de la “combinación de todas las formas de lucha”. La guerrilla le devolvió el honor a su manera: bautizó un bloque con su nombre.
La herencia no se quedó en los libros.
Iván Cepeda fue uno de los arquitectos políticos de los beneficios que recibieron las Farc en el Acuerdo de Paz. Intercedió activamente para que la JEP liberara a Jesús Santrich, acusado de narcotráfico. Respaldó públicamente a Iván Márquez. Meses después de quedar libres, Santrich y Márquez volvieron a la guerra y fundaron la Segunda Marquetalia. Esa misma organización encabeza hoy la lista de responsables del reclutamiento forzado de niños en Colombia. En 2023 hubo 163 nuevos casos. En los primeros meses de 2024, ya iban 160.
No es una cadena especulativa. Es una cadena de hechos con nombres, fechas y consecuencias verificables.
Nadie en Colombia ha sometido a un adversario político a un juicio moral tan sostenido y metódico como el que Iván Cepeda le hizo a Álvaro Uribe durante dos décadas. Víctima por víctima. Caso por caso. Expediente por expediente. Esa perseverancia le valió reconocimiento internacional y una narrativa de defensor de derechos humanos que viajó por el mundo.
Pero los 18.677 niños reclutados por las Farc no tienen el mismo espacio en su indignación. No tienen nombre en sus discursos. No generan la misma urgencia. La organización cuyos crímenes contra la infancia acaban de ser admitidos ante la JEP es la misma que su padre reivindicó, que él negoció y cuyos líderes defendió.
Eso no es coherencia con los derechos humanos. Es lo contrario.
La pregunta es directa: ¿cuándo pronunció Iván Cepeda, con la misma contundencia con que nombra a las víctimas del Estado, el nombre de cada niño que las Farc reclutaron, violaron y mataron? ¿Cuándo exigió para esas víctimas la misma verdad sin matices que exige para las suyas?
El silencio también es una posición. Y en este caso, es una posición con historia.
Quien mide la dignidad de las víctimas según el origen del victimario no defiende derechos humanos: administra un relato al servicio de un proyecto político. Los 18.677 niños que las Farc destruyeron no son un dato más que pueda silenciarse en campaña.