El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron investigaciones contra 37 organismos de tránsito del país por posibles incumplimiento
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron investigaciones contra 37 organismos de tránsito del país por posibles incumplimientos en la operación.
La decisión del Gobierno de investigar presuntas irregularidades en 7,5 millones de fotomultas abrió uno de los mayores escándalos administrativos alrededor de los sistemas de tránsito en Colombia. Más allá del impacto jurídico y financiero para las autoridades locales, el caso pone en discusión la confianza ciudadana en los mecanismos automáticos de sanción y podría desencadenar millonarias devoluciones de dinero.
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron investigaciones contra 37 organismos de tránsito del país por posibles incumplimientos en la operación de los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos popularmente como cámaras de fotomultas.
Las irregularidades detectadas se concentran en la falta del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito exigido por la ley para garantizar la confiabilidad técnica y jurídica de estos sistemas.
Según las autoridades, 12 organismos iniciaron operaciones sin contar con el permiso requerido, siete utilizaron conceptos expedidos a terceros y 18 obtuvieron las autorizaciones después de haber comenzado a imponer comparendos.
La dimensión del caso es inédita. De los 7,5 millones de comparendos detectados dentro de la investigación, más de 5,8 millones aún no habían sido pagados y quedarán sin efecto automáticamente. Otros 1,5 millones ya fueron cancelados por ciudadanos, lo que representa recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la decisión al asegurar que “el Estado no puede actuar incumpliendo la ley” y sostuvo que las fotomultas no pueden convertirse en mecanismos de recaudo por fuera de las normas.
El anuncio tiene profundas implicaciones políticas y económicas. Durante años, las cámaras de fotodetección fueron objeto de controversia en distintas ciudades del país, donde ciudadanos y sectores políticos denunciaron que muchas terminaron funcionando más como herramientas de recaudo que como mecanismos de seguridad vial.
Ahora, la investigación parece darle sustento institucional a parte de esas críticas.
Las ciudades con mayores cifras de comparendos bajo investigación son Cali, con 2,7 millones; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil sanciones detectadas.
El impacto financiero podría ser enorme. Además de las devoluciones que tendrían que asumir las autoridades de tránsito, la ley contempla sanciones equivalentes hasta al doble de lo recaudado, lo que podría superar los 2,1 billones de pesos.
El caso también abre un desafío operativo para alcaldías y secretarías de movilidad. Mientras las multas no pagadas deberán ser revocadas de oficio, quienes sí cancelaron los comparendos tendrán que iniciar solicitudes de devolución.
La ministra explicó que los ciudadanos afectados deberán verificar si su fotomulta corresponde al período y a las ciudades investigadas y, posteriormente, tramitar la reclamación ante la entidad de tránsito correspondiente.
El Gobierno pidió que esos procedimientos sean ágiles y digitales. “Debe haber un mecanismo expedito, ágil y que no implique hacer nada distinto a mandar un correo”, afirmó Rojas.
Sin embargo, expertos advierten que la devolución masiva de recursos podría convertirse en un proceso complejo y lento, especialmente en municipios con dificultades financieras o administrativas.
El episodio revive además un debate de fondo sobre el equilibrio entre tecnología, control estatal y garantías ciudadanas. Aunque el Gobierno insistió en que no busca desmontar los sistemas de fotodetección, sí dejó claro que el problema radica en el incumplimiento de los requisitos legales.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aseguró que las actuaciones “no están dirigidas contra la seguridad vial”, sino contra posibles irregularidades que afectan el debido proceso y la confianza ciudadana.
En términos políticos, la decisión también representa un mensaje del Gobierno frente al creciente inconformismo ciudadano por las sanciones automatizadas. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, el Ejecutivo busca mostrarse como garante de los derechos de los conductores frente a posibles abusos administrativos.
Pero la controversia apenas comienza. Las investigaciones podrían derivar en demandas, litigios millonarios y disputas entre organismos territoriales y el Gobierno Nacional sobre las responsabilidades en la operación de las cámaras.
Por ahora, millones de conductores quedaron en medio de una decisión que no solo podría aliviar cargas económicas, sino también redefinir la manera en que el país regula y vigila las fotomultas.