En el Caribe colombiano hay una pregunta que empieza a crecer entre técnicos, empresarios, generadores y ciudadanos que observan con preocupación la situación d
En el Caribe colombiano hay una pregunta que empieza a crecer entre técnicos, empresarios, generadores y ciudadanos que observan con preocupación la situación del sistema eléctrico: ¿Quién está cuidando realmente el sistema energético del país?
Porque cuando el queso está en la mitad de la mesa, el ratón apenas intenta sobrevivir y el gato observa sin actuar, el problema deja de ser administrativo. Se convierte en una amenaza nacional.
Hoy el queso se llama Air-e.
El ratón es la Superintendencia de Servicios Públicos, intentando sostener una intervención cada vez más compleja, sin todas las herramientas financieras necesarias para resolver el problema estructural.
Y el gato es el Gobierno Nacional.
Un gato grande, con poder político, presupuestal e institucional para intervenir de fondo, pero que parece caminar alrededor de la crisis con cautela, observando desde lejos mientras el sistema comienza a deteriorarse bajo la premisa de que las empresas del sector “ganan demasiado” y, por tanto, pueden soportar indefinidamente la presión financiera.
Pero el sistema eléctrico no funciona sobre percepciones ideológicas.
Funciona sobre flujos de caja, confianza, inversión y equilibrio técnico.
La reciente demanda de Termocandelaria Power ante el CIADI es una señal de alerta internacional extremadamente grave. No se trata solamente de un litigio jurídico. Es un mensaje que Colombia le está enviando al mundo energético y financiero:
En Colombia usted puede invertir, generar energía y sostener el sistema… pero no necesariamente tendrá garantías oportunas de pago.
Y eso, para cualquier inversionista, es una advertencia crítica.
Las termoeléctricas no son actores secundarios. Son parte del seguro de vida energético del país. Cuando bajan los embalses, cuando aparece el fenómeno de El Niño o cuando las renovables no alcanzan a cubrir toda la demanda, son las térmicas las que sostienen la estabilidad eléctrica nacional.
Desgastarlas financieramente es debilitar el último muro de contención del sistema.
El problema es aún más delicado porque Air-e no representa únicamente una empresa intervenida. Representa el suministro eléctrico de millones de personas en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Representa hospitales, comercio, industria, puertos, turismo y estabilidad social.
Por eso la pregunta se vuelve inevitable: ¿Hasta cuándo el Gobierno Nacional seguirá mirando el problema como si fuera exclusivamente empresarial y no sistémico?
Porque la Superintendencia puede intervenir una compañía, administrar temporalmente la operación y contener parcialmente la crisis. Pero no puede, por sí sola, resolver un déficit financiero gigantesco sin respaldo estructural del Estado.
Ahí es donde aparece el gato.
El único actor con capacidad real de ordenar una solución de fondo: garantías financieras, mecanismos de pago, confianza regulatoria y señales claras al mercado.
Sin embargo, el mensaje que muchas veces se percibe es otro: “las empresas energéticas tienen utilidades, que aguanten”.
Pero esa lectura simplifica peligrosamente un sistema extremadamente complejo.
Las utilidades de algunos años no eliminan las obligaciones financieras, los costos operativos, las inversiones en redes, el pago a generadores ni el riesgo cambiario. Mucho menos permiten sostener indefinidamente una cadena de impagos sin consecuencias.
La energía no se sostiene con discursos.
La infraestructura crítica no opera con narrativas políticas.
Y la transición energética no sobrevivirá si primero se destruye la confianza de quienes deben invertir en ella.
Cada demanda internacional deteriora la percepción de Colombia.
Cada retraso aumenta el costo financiero del sistema.
Cada señal de incertidumbre aleja inversión futura.
Y el tiempo empieza a agotarse.
Porque cuando el queso desaparece, el ratón colapsa. Pero el gato también descubre demasiado tarde que la casa quedó a oscuras.
La discusión ya no es solamente Air-e. La verdadera discusión es si Colombia entiende que la seguridad energética no puede administrarse desde la improvisación, la confrontación ideológica ni el cálculo político de corto plazo.
El Caribe necesita una solución técnica, financiera y nacional. Antes de que el sistema termine apagando algo más que la confianza.