Los siete hombres que vuelven al radar de las autoridades no son figuras menores dentro del crimen organizado.
Los siete hombres que vuelven al radar de las autoridades no son figuras menores dentro del crimen organizado.
La decisión del Consejo de Estado de reactivar las órdenes de captura contra siete cabecillas vinculados al proceso de “paz urbana” del Gobierno en Medellín y Antioquia volvió a encender el debate sobre los límites, riesgos y contradicciones de la estrategia de negociación con estructuras criminales urbanas.
El fallo del alto tribunal frenó temporalmente uno de los principales beneficios que tenían estos jefes delincuenciales: la suspensión de las órdenes de captura mientras participaban como interlocutores del proceso impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. La medida se produjo tras una demanda presentada por la Gobernación de Antioquia contra la resolución de la Fiscalía que había formalizado dichas suspensiones.
La decisión no solo tiene efectos judiciales. También golpea políticamente una de las apuestas más sensibles de la llamada “paz total”: intentar diálogos simultáneos con bandas urbanas responsables de extorsiones, homicidios, desplazamientos forzados y control territorial en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
Los siete hombres que vuelven al radar de las autoridades no son figuras menores dentro del crimen organizado. Según sus historiales judiciales, varios acumulan más de dos décadas en estructuras como El Mesa, Pachelly, La Silla, Los Triana y La Oficina, organizaciones señaladas de controlar economías ilegales en Medellín y municipios cercanos.
El caso más emblemático es el de alias “el Montañero”, Luis Rodrigo Rodríguez, considerado uno de los históricos cabecillas de El Mesa. Las investigaciones le atribuyen una trayectoria criminal de más de 28 años y antecedentes por homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto, cohecho, falsedad documental y porte ilegal de armas.
Su inclusión en el proceso de paz urbana fue especialmente polémica por las dudas sobre su identidad y porque, pese a múltiples capturas y condenas, logró recuperar la libertad en varias ocasiones. Actualmente enfrenta investigaciones por su presunta participación en el asesinato de alias “Titi”, jefe de Pachelly, dentro de una cárcel en Boyacá.
La lista también incluye a alias “Alber”, exjefe de Pachelly; alias “Mundo Malo”, relacionado con La Silla; alias “Naranjo”, de Los Triana; y alias “Clemente” y “el Abogado”, vinculados a La Oficina. Todos tienen procesos por delitos que van desde concierto para delinquir y extorsión hasta terrorismo, desaparición forzada y secuestro.
La controversia revive una pregunta de fondo sobre la política de paz urbana: ¿hasta dónde puede el Estado flexibilizar medidas judiciales para negociar con estructuras criminales sin afectar la legitimidad institucional?
Para sectores críticos, la suspensión de órdenes de captura terminó enviando un mensaje de impunidad frente a organizaciones que continúan ejerciendo control armado y económico sobre barrios y municipios enteros.
La Gobernación de Antioquia, encabezada por Andrés Julián Rendón, ha sido una de las voces más duras contra el proceso. Desde el inicio cuestionó que las bandas mantuvieran operaciones ilegales mientras algunos de sus cabecillas recibían beneficios judiciales bajo el argumento de avanzar hacia un eventual sometimiento o desarme.
El Gobierno, en contraste, ha defendido la iniciativa asegurando que busca abrir caminos de transición a la legalidad y reducir la violencia urbana. Sin embargo, el proceso enfrenta un problema estructural: la ausencia de un marco jurídico claro y definitivo que regule la negociación con bandas criminales que no tienen estatus político.
Ese vacío legal ha provocado choques constantes entre el Ejecutivo, la Fiscalía y sectores judiciales, similares a los que también se han visto en otros procesos de la “paz total” con grupos armados ilegales.
La decisión del Consejo de Estado refleja precisamente esa tensión institucional. Aunque no desmonta de manera definitiva la paz urbana, sí establece límites frente a los beneficios judiciales que el Gobierno puede otorgar sin suficientes soportes legales.
En Medellín y el Valle de Aburrá el impacto del proceso va mucho más allá de los tribunales. Las bandas involucradas mantienen influencia sobre economías ilegales, redes de extorsión y dinámicas de control social en múltiples territorios.
Por eso, para algunos analistas, el riesgo es que las negociaciones terminen fortaleciendo políticamente a estas estructuras sin garantizar un desmantelamiento real.
La reactivación de las órdenes de captura marca así un nuevo capítulo en la discusión sobre la “paz total”: una estrategia que busca negociar simultáneamente con actores armados y criminales, pero que sigue enfrentando dudas sobre sus límites jurídicos, su viabilidad y el equilibrio entre paz y justicia.