El principal problema no es solo la creación de las ZUT, sino el momento en el que se anuncian: en plena recta electoral y sin acuerdos sólidos.
El principal problema no es solo la creación de las ZUT, sino el momento en el que se anuncian: en plena recta electoral y sin acuerdos sólidos.
La decisión del Gobierno de crear Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, abrió una nueva tormenta política y jurídica alrededor de la política de ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro. Más allá del choque institucional con la Fiscalía, expertos advierten que la medida podría tener implicaciones electorales, riesgos de control territorial y vacíos legales que amenazan la legitimidad del proceso.
La controversia escaló luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se negara a suspender de inmediato las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, argumentando falta de información verificable sobre el avance real de las negociaciones y el cumplimiento de los requisitos legales.
La reacción del presidente Petro fue inmediata. El mandatario defendió las zonas de concentración y aseguró que estas deben respetarse “por orden del Presidente”, insistiendo en que la conducción de la política de paz y del orden público corresponde al Ejecutivo.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, también cuestionó la postura de la Fiscalía y sostuvo que la Ley 2272 de 2022 faculta al Gobierno para avanzar en este tipo de decisiones sin interpretaciones adicionales.
Sin embargo, el debate ya desbordó lo jurídico y se trasladó al terreno político.
Para varios analistas, el principal problema no es solo la creación de las ZUT, sino el momento en el que se anuncian: en plena recta electoral y sin acuerdos sólidos que justifiquen beneficios a organizaciones criminales.
El excomisionado de Paz Miguel Ceballos consideró “apresurado e imprudente” iniciar traslados hacia estas zonas cuando aún no existen resultados verificables en las negociaciones con el Clan del Golfo.
Según explicó, la Ley 2272 permite establecer este tipo de mecanismos, pero exige avances demostrables en los diálogos, algo que —a su juicio— todavía no ocurre.
Las cinco ZUT anunciadas por el Gobierno estarán ubicadas en Catatumbo, Nariño, Putumayo y Tierralta, Córdoba. Precisamente este último territorio, históricamente golpeado por el paramilitarismo y la presencia del Clan del Golfo, concentra parte de las mayores preocupaciones.
El analista Jorge Mantilla, experto en conflicto armado y gobernanza criminal, advirtió que las zonas podrían convertirse en espacios de presión política y control social en medio de las elecciones.
“Es un escenario de clientelismo armado”, afirmó, al señalar que el Gobierno estaría permitiendo que estructuras ilegales hagan proselitismo sin abandonar las armas.
Mantilla fue más allá y aseguró que existe el riesgo de que las comunidades perciban que el eventual retorno de la violencia dependerá del resultado electoral y de la continuidad del proyecto político del petrismo.
Ese escenario alimenta los temores sobre posibles constreñimientos electorales en regiones donde los grupos armados mantienen fuerte influencia territorial.
A las críticas políticas se suma otro problema: la falta de claridad sobre el marco jurídico y operativo de las ZUT.
Expertos coinciden en que aún no existen definiciones precisas sobre seguridad, logística, mecanismos de verificación ni sobre el futuro judicial de quienes ingresen a estas zonas.
La investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, Paula Tobo, advirtió que el proceso carece de bases sólidas porque todavía no existe una ley de sometimiento que establezca con claridad qué ocurrirá con los integrantes de estos grupos armados.
Según explicó, no está definido si habrá justicia transicional, sometimiento colectivo o tratamientos individuales, lo que deja a los procesos en una zona gris jurídica.
Además, persisten dudas sobre la capacidad institucional del Estado para garantizar control efectivo en los territorios donde operarían las zonas.
El temor de algunos sectores es que las ZUT terminen funcionando como espacios de fortalecimiento político y militar de estructuras criminales en lugar de convertirse en mecanismos reales de desmovilización.
La controversia también reactivó las críticas contra la figura del alto comisionado para la Paz. Miguel Ceballos incluso propuso eliminar el cargo y trasladar esas funciones a un ministerio con mayor control político y supervisión del Congreso.
A su juicio, la suspensión de órdenes de captura se convirtió en una herramienta “discrecional y arbitraria” que interfiere con la política criminal del Estado.
El episodio refleja, una vez más, las profundas tensiones que atraviesa la “paz total”. Mientras el Gobierno insiste en acelerar procesos para mostrar avances antes del fin del mandato, crecen las dudas sobre la solidez jurídica, la transparencia y los efectos políticos de las negociaciones.
En medio de la polarización electoral, las ZUT dejaron de ser solo un instrumento de paz para convertirse en un nuevo foco de confrontación institucional y debate sobre los límites entre negociación, gobernabilidad y poder territorial armado.