Más allá de las cifras, el magistrado del CNE cuestionó la capacidad de reacción institucional frente a estas amenazas.
Más allá de las cifras, el magistrado del CNE cuestionó la capacidad de reacción institucional frente a estas amenazas.
A días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el debate sobre las garantías democráticas en Colombia volvió a escalar tras un duro llamado de atención del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, quien advirtió sobre graves riesgos de seguridad y presuntas afectaciones al libre ejercicio del voto en distintas regiones del país.
La alerta quedó consignada en una carta enviada al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que el magistrado denunció un “escenario de coacción” derivado de la presencia y presión de grupos armados ilegales sobre comunidades, candidatos y líderes políticos.
El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente electoral marcado por crecientes tensiones políticas, denuncias de posible interferencia armada y cuestionamientos sobre la transparencia y las garantías institucionales del proceso.
En su comunicación, Prada fundamentó sus preocupaciones en informes recientes de la Misión de Observación Electoral, según los cuales 185 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral. De ese total, 94 están catalogados en riesgo extremo, una cifra que representa un incremento del 29% frente al panorama registrado durante las elecciones de 2022.
La advertencia también retoma reportes de la Defensoría del Pueblo que documentan 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y actores políticos en medio del actual ciclo electoral. Los departamentos más afectados serían Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Más allá de las cifras, el magistrado cuestionó la capacidad de reacción institucional frente a estas amenazas. Según Prada, actualmente no existe un cronograma definido para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, considerados espacios clave para coordinar acciones preventivas y responder a situaciones de riesgo.
A juicio del togado, la ausencia de estas instancias debilita la respuesta estatal y compromete la legitimidad del proceso democrático. “Sin garantías reales de protección, el ejercicio electoral se reduce a una formalidad desprovista de legitimidad”, señaló el despacho del magistrado.
Las advertencias contrastan de manera frontal con la postura del Gobierno nacional. Luego de una reunión realizada en la Casa de Nariño con organismos electorales y misiones internacionales de observación, el ministro Benedetti minimizó las denuncias y calificó los señalamientos sobre interferencia armada como una “bulla electoral”.
El encuentro fue encabezado por el presidente Gustavo Petro y contó con la participación de integrantes del CNE, organizaciones nacionales y una misión internacional que agrupa a más de 300 observadores acreditados.
Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue la ausencia del registrador nacional, Hernán Penagos, quien en los últimos meses ha protagonizado fuertes diferencias con el presidente Petro en torno a las auditorías y el software electoral.
Fuentes cercanas a la Registraduría señalaron que Penagos no habría sido invitado al encuentro, un hecho que alimentó aún más las lecturas sobre las tensiones existentes entre el Gobierno y las autoridades encargadas de la organización electoral.
Durante su intervención, Benedetti insistió en que la presencia de observadores nacionales e internacionales demuestra que existen garantías suficientes para las elecciones. Además, defendió las medidas de seguridad implementadas para proteger a los candidatos presidenciales.
“El Gobierno ha hecho una cosa sin igual”, afirmó el ministro, al asegurar que desde hace siete meses se han dispuesto esquemas robustos de protección que incluyen decenas de policías, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección y vehículos de seguridad.
Pero el choque entre el Ejecutivo y algunos sectores de las autoridades electorales refleja el creciente deterioro del clima político y de seguridad alrededor de las elecciones.
En paralelo a las discusiones institucionales, en distintas regiones del país continúan apareciendo denuncias, informes de inteligencia y audios que apuntan a posibles intentos de presión de grupos armados sobre las comunidades.
Para analistas y observadores electorales, el principal riesgo no es únicamente la posibilidad de hechos violentos el día de las votaciones, sino el efecto silencioso que el miedo puede generar sobre la participación ciudadana y la libertad política.
La controversia entre las advertencias del magistrado Prada y la respuesta del Gobierno deja en evidencia dos visiones distintas sobre el momento electoral: una que considera que las amenazas armadas siguen condicionando la democracia en varias regiones y otra que insiste en que existen garantías suficientes y que parte de las denuncias responden al ambiente de polarización política.