Las auditorías para las presidenciales incluyen 15 días de revisión técnica, algo que la MOE considera un avance significativo en materia de garantías electoral
Las auditorías para las presidenciales incluyen 15 días de revisión técnica, algo que la MOE considera un avance significativo en materia de garantías electorales.
En medio de un clima político marcado por la polarización, la desinformación y las preocupaciones por la seguridad, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, lanzó una advertencia sobre los riesgos que rodean el proceso presidencial de 2026 y que, según ella, configuran uno de los escenarios electorales más complejos de las últimas décadas en Colombia.
Con más de 20 años observando procesos electorales desde la MOE y un amplio conocimiento de la dinámica política del país desde finales del siglo XX, Barrios considera que las elecciones que definirán al sucesor del presidente Gustavo Petro tienen características particulares que combinan tres factores de alta tensión: el incremento de la desinformación en redes sociales, el aumento de acciones armadas en regiones bajo influencia de grupos ilegales y la persistente desconfianza hacia las autoridades electorales.
Para la analista, aunque el debate sobre un posible fraude electoral no es nuevo en Colombia, sí adquirió una dimensión distinta tras las elecciones legislativas de 2022. En ese momento, explicó, se produjo un grave error en la transmisión de datos para el Senado, situación que generó una diferencia cercana a los 500.000 votos en los reportes preliminares.
Sin embargo, Barrios insiste en que aquello no constituyó un fraude. Según explicó, el problema estuvo relacionado con la transmisión de la información y el diseño del formulario E-14, pero no con la alteración de votos o manipulación de resultados.
“El tema de la confiabilidad en el proceso electoral se volvió de altísimo interés”, señaló la directora de la MOE, recordando que el contexto político también alimentó las sospechas, debido a que por primera vez una coalición de izquierda tenía posibilidades reales de llegar a la Presidencia.
Aun así, considera que para estas elecciones se han implementado más mecanismos de transparencia que en cualquier otro proceso observado por la organización. Entre ellos destacó el acceso a los formularios escaneados de votación, las mesas técnicas convocadas por la Registraduría y las auditorías al sistema electoral.
Barrios subrayó especialmente la importancia de la revisión del código fuente de los softwares utilizados para la transmisión de datos, un tema que hace cuatro años apenas ocupaba un lugar marginal en el debate público, pero que hoy se convirtió en una exigencia central de partidos y campañas.
Según explicó, las auditorías para las presidenciales incluyen 15 días de revisión técnica, algo que la MOE considera un avance significativo en materia de garantías electorales. También resaltó que los partidos políticos han fortalecido la capacitación de sus testigos electorales, quienes ahora tienen un conocimiento mucho más amplio del funcionamiento del sistema de conteo y transmisión de votos.
No obstante, el ambiente político sigue marcado por las sospechas y las advertencias sobre un posible fraude. Frente a las reiteradas declaraciones del presidente Petro sobre eventuales riesgos para la transparencia electoral, Barrios sostuvo que el Ejecutivo tiene acceso privilegiado a la organización del proceso y a las discusiones institucionales.
La directora de la MOE recordó que el Gobierno participa en las comisiones nacionales de seguimiento electoral y puede solicitar reuniones técnicas con entidades como la Registraduría, la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral.
Por ello, señaló que cualquier inquietud legítima sobre auditorías o garantías debe tramitarse dentro de esos espacios institucionales y mediante solicitudes técnicas concretas.
Sin embargo, más allá de la discusión sobre el sistema electoral, Barrios advirtió que uno de los factores más delicados del actual proceso es el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones del país.
Según la MOE, las acciones armadas de grupos ilegales han aumentado y están afectando directamente el ejercicio de los derechos políticos, especialmente en zonas rurales de departamentos como Cauca o el Bajo Cauca antioqueño.
La preocupación no se limita a ataques de alto impacto mediático. También incluye dinámicas de control territorial ejercidas por estructuras armadas que condicionan la movilidad de las comunidades y, por ende, la participación electoral.
“Hay grupos que buscan demostrar que tienen el control”, explicó Barrios, al señalar que en algunas regiones los ciudadanos deben desplazarse entre veredas para votar y enfrentan el temor de encontrarse con patrullajes ilegales o restricciones impuestas por actores armados.
Pero quizás uno de los temas que más inquieta a la MOE es la expansión de la desinformación digital, particularmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Barrios aseguró que actualmente existe una estrategia basada en distorsionar información real mezclándola con contenidos falsos para generar desconfianza entre los ciudadanos.
La directora de la MOE considera que ese tipo de campañas desinformativas siguen vigentes y se agravan en un contexto de polarización política y discursos estigmatizantes.