El balance presentado por el organismo evidencia un retroceso en el comportamiento de las campañas y en la calidad del debate público.
El balance presentado por el organismo evidencia un retroceso en el comportamiento de las campañas y en la calidad del debate público.
La campaña presidencial en Colombia atraviesa un momento de creciente tensión y deterioro discursivo. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en el segundo informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz”, una iniciativa que busca fijar límites éticos mínimos para la competencia política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
El balance presentado por el organismo evidencia un retroceso en el comportamiento de las campañas y en la calidad del debate público. De acuerdo con el reporte, el nivel general de cumplimiento de los acuerdos alcanzó apenas un 58,3%, una cifra que representa una caída significativa frente al 70,9% registrado durante el primer periodo de monitoreo.
La Defensoría analizó más de 28.000 registros entre publicaciones en redes sociales, declaraciones públicas y noticias difundidas entre el 16 de diciembre de 2025 y el 8 de abril de 2026. El estudio incluyó a las 13 candidaturas presidenciales actualmente identificadas en el escenario electoral.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la profunda diferencia entre las campañas que firmaron formalmente el compromiso y aquellas que decidieron mantenerse por fuera. Según la entidad, las siete candidaturas suscriptoras alcanzaron un nivel de cumplimiento del 86,4%, mientras que las seis restantes apenas llegaron al 40,2%.
La brecha refleja no solo distintas formas de entender la competencia electoral, sino también la creciente normalización de prácticas agresivas dentro del debate político colombiano. El informe advierte que las campañas que no se adhirieron al pacto presentan mayores niveles de confrontación, desinformación y lenguaje estigmatizante.
Aunque la Defensoría destacó algunos indicadores positivos, como el respaldo a la democracia —con un cumplimiento del 98,7%— y el reconocimiento de la participación juvenil —que alcanzó el 100%—, el panorama general genera preocupación por tres aspectos considerados críticos.
El primero es la difusión de información veraz. El indicador apenas alcanzó un 3,8%, una cifra que para la entidad evidencia una grave crisis de desinformación dentro de la contienda electoral. Este dato sugiere que gran parte de la conversación política en plataformas digitales está marcada por contenidos engañosos, manipulados o carentes de verificación.
El segundo punto crítico tiene que ver con el lenguaje constructivo y la no estigmatización. El cumplimiento fue de solo 14,1%, reflejando un ambiente político dominado por ataques personales, descalificaciones y discursos que profundizan la polarización.
El tercer aspecto señalado es la política de no violencia, que registró un cumplimiento del 33,3 %. Aunque no se refiere exclusivamente a agresiones físicas, el informe advierte sobre el incremento del hostigamiento digital, los mensajes intimidatorios y las narrativas que pueden incentivar escenarios de confrontación.
El diagnóstico de la Defensoría revela que la discusión electoral en Colombia se está desplazando cada vez más hacia dinámicas emocionales y de confrontación, especialmente en redes sociales, donde la velocidad de difusión favorece la circulación de noticias falsas y discursos radicalizados.
En ese contexto, el organismo hizo un llamado directo a las campañas presidenciales para frenar la propagación de desinformación y abandonar prácticas de hostigamiento digital.
Además, insistió en la necesidad de promover alfabetización digital entre la ciudadanía, con el fin de que los votantes puedan identificar contenidos manipulados y verificar la información antes de compartirla.
El “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz” surgió como una iniciativa suprapartidista liderada por la Defensoría del Pueblo y respaldada por organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia.
La propuesta busca establecer unos “mínimos éticos” para la campaña presidencial, promoviendo principios de respeto, no violencia y veracidad. Entre sus objetivos está evitar que la competencia política derive en escenarios de odio o persecución y garantizar que el debate se concentre en las propuestas programáticas.
El informe aparece en un momento especialmente sensible para la democracia colombiana, marcado por una fuerte polarización política y por el creciente peso de las redes sociales como escenario principal de disputa electoral. Para distintos sectores, el deterioro del debate público no solo afecta la calidad de la campaña, sino también la confianza ciudadana en las instituciones y en el propio sistema democrático.