La falta de claridad sobre el número de cargos vacantes es vista como una señal de continuidad del modelo político instaurado en el gobierno de Chávez.
La falta de claridad sobre el número de cargos vacantes es vista como una señal de continuidad del modelo político instaurado en el gobierno de Chávez.
La renovación del Poder Judicial en Venezuela comenzó oficialmente bajo un manto de opacidad, tensiones internas y dudas sobre si realmente representa un avance hacia una transición política o simplemente una reorganización del control institucional dentro del chavismo.
Tras los movimientos recientes en el llamado Poder Ciudadano, ahora el foco está puesto sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo activó el proceso para designar nuevos magistrados sin precisar cuántas vacantes serán cubiertas ni cuáles serán los criterios definitivos de selección.
El proceso comenzó el pasado 21 de abril con la creación de una comisión preliminar integrada por 11 diputados, en su mayoría vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela, encargada de avanzar en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
Poco después, el TSJ anunció la jubilación de ocho magistrados y confirmó la ratificación de Caryslia Rodríguez al frente del máximo tribunal para el periodo 2026-2027, una decisión que debió tomarse a comienzos de año y que terminó alimentando aún más las lecturas políticas sobre el proceso.
Sin embargo, distintas organizaciones y analistas sostienen que la verdadera dimensión de la renovación sigue siendo incierta. La ONG Transparencia Venezuela advirtió que existen al menos cuatro vacantes absolutas adicionales que no fueron reconocidas oficialmente por el TSJ.
Entre ellas aparecen nombres de alto perfil como los exmagistrados Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega, este último vinculado a funciones diplomáticas relacionadas con la Corte Penal Internacional.
La falta de claridad sobre el número real de cargos vacantes es vista por expertos como una señal de continuidad del modelo político instaurado durante el gobierno de Hugo Chávez.
El abogado constitucionalista Gustavo Manzo considera que el objetivo principal no parece ser una transformación institucional profunda, sino asegurar el control político sobre las salas del TSJ, especialmente la Sala Constitucional.
Esa percepción se fortaleció luego de que la Asamblea Nacional aprobara una nueva reforma de la Ley Orgánica del TSJ para elevar nuevamente a 32 el número de magistrados, después de que en 2022 se redujera a 20.
Para Manzo, la medida representa un retorno al “modelo Chávez” de control institucional mediante la ampliación de espacios de poder que permitan garantizar mayorías dentro del máximo tribunal.
“Lo que debería ocurrir es una reforma profunda del sistema de justicia”, sostuvo el analista, quien además cuestionó la ausencia de independencia judicial y la concentración del poder en Caracas.
Pero otros observadores consideran que detrás de la ampliación del TSJ también podría existir un intento de redistribuir cuotas internas dentro del chavismo y abrir espacios a nuevos actores políticos o sociales.
El politólogo Guillermo Tell Aveledo interpreta el proceso como una posible estrategia para “acomodar posiciones” y facilitar alianzas dentro del actual equilibrio de poder.
Según Aveledo, el aumento del número de magistrados podría servir para incorporar sectores heterodoxos o figuras cercanas a otras corrientes que permitan ampliar la base de apoyos del oficialismo en un contexto político especialmente delicado.
La discusión ocurre además bajo la sombra del llamado “tutelaje” internacional y las presiones externas sobre el futuro político venezolano.
Analistas como el consultor político Ricardo Ríos consideran que los movimientos dentro del TSJ reflejan un estancamiento del supuesto proceso de transición que comenzó a mencionarse tras los eventos del 3 de enero.
Para Ríos, la ratificación de Caryslia Rodríguez demuestra que no existe una verdadera renovación institucional, sino una continuidad del esquema político bajo nuevos equilibrios internos.
Rodríguez fue una de las figuras clave del TSJ que en 2024 avaló la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto sin exigir la publicación completa de las actas de votación.
El mantenimiento de esa directiva es interpretado por algunos sectores como una señal de estabilidad para el chavismo, pero también como evidencia de que las transformaciones prometidas siguen siendo limitadas.
Ríos sostiene que la expectativa inicial sobre eventuales reformas institucionales impulsadas bajo presión de Estados Unidos comienza a convertirse en frustración ante la falta de cambios concretos.
A su juicio, el aumento del número de magistrados no apunta a democratizar el sistema judicial, sino a crear nuevos espacios de negociación política y fortalecer sectores cercanos a Delcy Rodríguez.
El proceso también ha despertado especulaciones sobre el posible papel de Washington en las negociaciones alrededor de la renovación judicial.
Ríos recordó el antecedente del diplomático estadounidense John Barrett en Guatemala y sugirió que los movimientos actuales podrían estar vinculados a conversaciones más amplias entre sectores del chavismo y actores internacionales.
Pese al escepticismo dominante, algunos analistas aún consideran que el proceso podría abrir espacios limitados para voces menos alineadas con el oficialismo tradicional.
Aveledo sostiene que todavía es temprano para descartar completamente cambios internos dentro del TSJ, aunque reconoce que cualquier apertura dependerá principalmente de las negociaciones entre facciones del propio chavismo.