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El Gobierno busca mostrar avances en sus negociaciones con grupos armados, pero la Fiscalía insiste que cualquier beneficio judicial debe estar condicionado a resultados verificables.
La ya frágil mesa de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo atraviesa su momento más crítico. Lo que inicialmente fue presentado como un intento de avanzar hacia el sometimiento o desmantelamiento de la mayor estructura criminal del país terminó convirtiéndose en un nuevo foco de choque institucional entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación.
La controversia se desató luego de que el Gobierno solicitara la suspensión de 29 órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo para facilitar su traslado a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), espacios que comenzarían a operar desde el próximo 25 de junio.
Entre los nombres incluidos apareció alias Chiquito Malo, uno de los máximos líderes de la organización criminal y además requerido en extradición por Estados Unidos.
La reacción de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, fue inmediata y marcó distancia frente a la postura del Ejecutivo. En una resolución oficial, la Fiscalía rechazó suspender de manera automática las órdenes de captura y anunció que hará una revisión individual de cada caso.
El ente acusador dejó claro que verificará la identidad, situación judicial y pertenencia real de los solicitados al grupo armado antes de tomar cualquier decisión.
“Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo”, advirtió la Fiscalía, al insistir en que cualquier procedimiento debe sustentarse en mecanismos estatales “claros, trazables y verificables”.
La postura de Camargo introdujo un elemento clave en la discusión: la tensión entre la política de paz impulsada por el Gobierno y las obligaciones judiciales del Estado colombiano frente al crimen organizado y la cooperación internacional.
La Fiscalía además condicionó cualquier avance a hechos concretos y verificables por parte del Clan del Golfo, entre ellos la desarticulación de estructuras armadas, el cese de hostilidades contra la población civil, la entrega de menores reclutados, el aporte de información sobre desaparecidos y la entrega de armas.
El problema para el Gobierno es que, hasta ahora, el Clan del Golfo no ha mostrado señales claras de cumplir esos compromisos. Por el contrario, distintos organismos han advertido que la organización mantiene actividades armadas y control territorial en varias regiones del país.
A las preocupaciones de la Fiscalía se sumó la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín alertó que suspender capturas sin garantías podría generar “incentivos perversos” y debilitar la credibilidad institucional frente a grupos armados.
La respuesta del presidente Petro no tardó en llegar. A través de la red social X, el mandatario defendió su autoridad constitucional para dirigir la política de paz y sostuvo que corresponde exclusivamente al jefe de Estado determinar cuándo un proceso entra en fase avanzada.
Sin embargo, el propio presidente terminó evidenciando contradicciones dentro de su Gobierno. Petro desautorizó públicamente a la Comisión de Paz por haber incluido en el listado a cabecillas con procesos de extradición sin consultarle previamente.
El mandatario aclaró que no ha suspendido la extradición de alias Chiquito Malo y ordenó rehacer el listado de cerca de 400 integrantes que serían trasladados a las ZUT, excluyendo a cualquier solicitado por autoridades internacionales.
La situación dejó al descubierto descoordinación dentro del propio Ejecutivo en un tema especialmente delicado: la relación entre la política de ‘Paz Total’ y las obligaciones judiciales del Estado.
Pero mientras Petro intentaba marcar límites frente a los extraditables, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, endureció el pulso con la Fiscalía.
En un comunicado, Patiño sostuvo que la suspensión de órdenes de captura opera automáticamente por mandato de la Ley 2272 de 2022 durante el traslado y permanencia de integrantes en las ZUT.
Según el comisionado, la Fiscalía estaría introduciendo requisitos adicionales no contemplados expresamente en la legislación.
“Preocupa que ahora se introduzca una interpretación contraria”, afirmó Patiño, quien además recordó que la propia fiscal Camargo había reconocido meses atrás que la suspensión de capturas operaba “de pleno derecho”.
El comisionado insistió en que solo el presidente puede determinar si un proceso de paz se encuentra en estado avanzado y defendió que el Gobierno ya había reconocido formalmente esa condición al crear las ZUT desde diciembre de 2025.
No obstante, el choque entre ambas instituciones refleja una discusión mucho más profunda sobre los límites de la política de paz y el equilibrio entre los poderes públicos.
Mientras el Gobierno busca mostrar avances en sus negociaciones con grupos armados, la Fiscalía insiste en que cualquier beneficio judicial debe estar condicionado a resultados verificables y no puede convertirse en una suspensión automática de responsabilidades penales.
La controversia deja al descubierto una fractura institucional en tres niveles: un presidente que insiste en defender políticamente el proceso de paz; una Fiscalía que exige garantías concretas y respeto por las normas nacionales e internacionales; y un alto comisionado que reclama la aplicación automática de los beneficios previstos en la ley.