El Consejo de Estado concluyó que el Ejecutivo habría excedido sus competencias.
El Consejo de Estado concluyó que el Ejecutivo habría excedido sus competencias.
La tensión entre el Gobierno nacional y las altas cortes volvió a escalar luego de que el presidente Gustavo Petro calificara de “golpistas” a magistrados de la rama judicial tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que permitía el traslado de recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones.
Las declaraciones del mandatario abrieron un nuevo capítulo en el choque institucional que ha marcado distintos momentos de su administración y encendieron alarmas sobre el nivel de confrontación entre el Ejecutivo y el poder judicial, especialmente por el tono utilizado por el jefe de Estado al referirse a las decisiones de las cortes.
El origen de la controversia está en la suspensión del Decreto 415 de 2026, mediante el cual el Gobierno buscaba avanzar en el traslado de recursos pensionales asociados al nuevo modelo contemplado en la reforma pensional.
El Consejo de Estado concluyó que el Ejecutivo habría excedido sus competencias al modificar aspectos esenciales del sistema pensional que, según el alto tribunal, corresponden exclusivamente al Congreso de la República.
La decisión implica frenar temporalmente el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto.
La respuesta del presidente Petro fue inmediata y especialmente dura. En varios mensajes públicos, el mandatario acusó a magistrados de las altas cortes de romper la Constitución, afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos y favorecer intereses económicos de grandes grupos financieros.
“Jamás se puede permitir golpes de Estado contra la dignidad del pueblo”, escribió el presidente, asegurando que la decisión judicial atenta contra el derecho a la pensión de millones de trabajadores.
Petro también afirmó que algunos magistrados lo han cuestionado “groseramente” y sostuvo que las decisiones judiciales terminan beneficiando a “mega multimillonarios dueños de bancos” y administradoras privadas de pensiones.
En otro de sus pronunciamientos, incluso planteó que el país debe avanzar hacia una asamblea constituyente, al considerar que existen sectores de la justicia actuando contra el mandato popular de su Gobierno.
Las declaraciones generaron preocupación dentro de la propia rama judicial. Magistrados y representantes de las altas cortes pidieron respeto por la independencia de los poderes públicos y rechazaron lo que calificaron como un “tono incendiario” por parte del presidente.
La controversia también evidenció diferencias dentro del propio Gobierno. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, tomó distancia frente a la posibilidad de trasladar el debate a escenarios penales, como sugirió el presidente.
Aunque Cuervo cuestionó la solidez jurídica de la decisión del Consejo de Estado, insistió en que las discrepancias con providencias judiciales deben resolverse mediante mecanismos institucionales y recursos legales, no a través de denuncias penales o confrontaciones públicas.
El ministro calificó de “muy problemático” el fallo porque, según explicó, se basa en una reforma pensional cuya aplicación está suspendida parcialmente por la Corte Constitucional.
Sin embargo, dejó claro que la respuesta adecuada es presentar recursos jurídicos sólidos ante el mismo Consejo de Estado y no abrir investigaciones penales contra magistrados.
“Eso no genera armonía entre las ramas del poder público”, advirtió Cuervo, quien además reveló que sostuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, y con otros altos funcionarios judiciales para intentar mantener canales de diálogo institucional.
Mientras tanto, el sector privado también salió en defensa de la decisión judicial. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía defendió la suspensión del decreto y sostuvo que cualquier cambio relacionado con recursos pensionales debe ajustarse estrictamente a lo aprobado por el Congreso.
Para el gremio, el Consejo de Estado ratificó un principio fundamental: que el Gobierno no puede modificar mediante decreto aspectos estructurales definidos por ley.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó que los recursos administrados pertenecen a millones de trabajadores y tienen naturaleza de ahorro de largo plazo, por lo que requieren estabilidad jurídica y protección institucional.
Además, rechazó las acusaciones del Gobierno contra los fondos privados y aseguró que estas entidades no reciben comisiones derivadas del manejo de los recursos involucrados en el debate actual.
El choque alrededor de la reforma pensional se suma a otros episodios recientes de confrontación entre el presidente Petro y diferentes órganos de control o poderes públicos, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría y el propio Consejo Nacional Electoral.
Analistas consideran que el tono de las declaraciones presidenciales refleja no solo una disputa jurídica, sino una creciente tensión política e institucional sobre los límites del poder presidencial y el papel de las cortes como contrapeso democrático.
La discusión también ocurre en un contexto especialmente sensible, marcado por la polarización política y el debate sobre posibles reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.