El petrismo acelera su apuesta por la constituyentes. Sectores de la oposición activan un referendo para blindar la Constitución de 1991.
El petrismo acelera su apuesta por la constituyentes. Sectores de la oposición activan un referendo para blindar la Constitución de 1991.
La pelea política más grande que comienza a tomar forma en Colombia ya no gira solo alrededor de quién ocupará la Casa de Nariño. El nuevo pulso apunta directamente al futuro de la Constitución de 1991 y al modelo de país.
De un lado está el presidente Gustavo Petro, decidido a empujar una asamblea constituyente incluso después de dejar el poder. Del otro, sectores políticos y jurídicos que intentan levantar un muro institucional para impedir que esa idea prospere.
El choque escaló esta semana luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil diera luz verde al comité promotor del llamado “Referendo por la estabilidad constitucional 2026”, una iniciativa diseñada específicamente para frenar la constituyente impulsada desde el petrismo.
La propuesta es liderada por los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, con respaldo político de Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla.
El mensaje político detrás del referendo es claro: impedir que el debate constituyente se convierta en una puerta para desmontar los equilibrios creados por la Constitución del 91, considerada la carta política más liberal y garantista de la historia reciente colombiana.
El plan de Petro
La constituyente dejó de ser hace tiempo un globo retórico dentro del petrismo. Ahora existe una estructura política y jurídica trabajando para convertirla en una realidad que podría marcar al próximo gobierno, incluso si Petro ya no está en el poder.
El primer paso fue la creación de un comité promotor integrado por dirigentes sociales y organizaciones cercanas al Pacto Histórico. El grupo se inscribió formalmente ante la Registraduría y ya comenzó la recolección de firmas para impulsar el proyecto.
Entre sus principales voceros aparecen figuras cercanas al universo político y sindical del petrismo. Allí figuran dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), representantes de Fecode y antiguos funcionarios del Gobierno.
Aunque formalmente la iniciativa se presenta como ciudadana, el respaldo del presidente ha sido abierto. Petro ha promocionado públicamente la cuenta bancaria del comité y miembros de su gabinete participaron activamente en la recolección de firmas para la propuesta constituyente.
El objetivo político va mucho más allá de una simple reforma institucional. El proyecto permitiría abrir la puerta a una transformación profunda del modelo económico, político y social diseñado por la Constitución de 1991.
En los documentos promovidos por el comité aparecen propuestas para modificar el papel del Banco de la República, ampliar la capacidad del presidente para legislar cuando el Congreso no apruebe reformas sociales y redefinir la relación entre Estado y sector privado.
La idea más sensible consiste en otorgarle al presidente una especie de “cláusula residual” para legislar frente a lo que el petrismo considera bloqueos institucionales. En otras palabras, darle más margen de maniobra al Ejecutivo frente al Congreso.
También aparecen banderas históricas de la izquierda colombiana: acelerar la descarbonización económica, reforzar el carácter público de servicios sociales como salud y educación y reducir el peso del mercado dentro de la garantía de derechos sociales.
Petro insiste en que no busca desmontar la Constitución del 91 ni abrir una reelección presidencial. Pero la amplitud del proyecto genera sospechas entre sus críticos porque la propuesta prácticamente no fija límites materiales claros para la futura asamblea constituyente.
De hecho, el texto promovido por el comité establece simplemente que la constituyente podrá “reformar la Constitución Política”. Bajo la jurisprudencia actual, eso incluso podría desembocar en la expedición de una nueva carta política para Colombia.
El muro contra la constituyente
Precisamente por ese temor surgió el referendo promovido por sectores cercanos a Fajardo. La apuesta busca blindar la Constitución de 1991 antes de que la constituyente gane impulso político y logre atravesar el complejo camino institucional que todavía enfrenta.
“La Constitución se protege”, afirmó Fajardo durante la radicación del comité, en medio de críticas al Gobierno por lo que considera un deterioro sistemático del respeto institucional y de los límites establecidos por la carta política vigente.
El mecanismo aprobado por la Registraduría apenas inicia un largo recorrido. El comité deberá recoger más de dos millones de firmas válidas, aunque sus impulsores esperan alcanzar al menos cuatro millones para darle mayor fuerza política a la iniciativa.
El referendo aparece además como una estrategia para enfriar el entusiasmo constituyente antes de que llegue al Congreso. Si logra consolidar respaldo ciudadano, podría transformar la constituyente en un costo político para sectores moderados y partidos tradicionales.
Porque allí está uno de los principales obstáculos para Petro: el Congreso. Para convocar oficialmente una constituyente se necesitan mayorías absolutas en Senado y Cámara, números difíciles de alcanzar dentro de un Legislativo profundamente fragmentado.
Además, muchos congresistas ven con recelo una asamblea que podría suspender temporalmente el funcionamiento del propio Congreso o rediseñar el mapa político que hoy les garantiza representación y poder dentro del sistema institucional colombiano.
El otro muro es el umbral ciudadano. La eventual constituyente necesitaría movilizar cerca de 13 millones de votos afirmativos, una cifra que ni siquiera alcanzó la consulta anticorrupción de 2018, pese al enorme respaldo político que tuvo entonces.
A eso se suma la revisión previa de la Corte Constitucional, que deberá examinar el trámite de convocatoria. Aunque el tribunal no puede entrar al fondo político de la propuesta, sí podría frenar irregularidades procedimentales.
En el fondo, la pelea que empieza a cocinarse no es únicamente jurídica. Es una batalla por el modelo de Estado que gobernará Colombia después de 2026 y por el alcance que tendrá el legado político de Petro una vez abandone la Presidencia.