El contralor, el procurador, el registrador y el ministro de Defensa participan en reuniones de seguimiento para revisar la seguridad del proceso electoral y re
El contralor, el procurador, el registrador y el ministro de Defensa participan en reuniones de seguimiento para revisar la seguridad del proceso electoral y responder a las dudas.
Ya en la recta final de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, las autoridades electorales intensificaron las acciones para blindar la transparencia y la confiabilidad de los comicios, en medio de cuestionamientos sobre el software electoral, las encuestas y las garantías para las campañas.
El ambiente preelectoral llevó a una articulación inédita entre organismos del Estado. El contralor general, el procurador general, el registrador nacional y el ministro de Defensa participan en reuniones de seguimiento para revisar la seguridad del proceso electoral y responder a las dudas que han surgido desde distintos sectores políticos.
Uno de los principales focos de atención está en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que lanzó un llamado urgente a las campañas presidenciales para acelerar la inscripción de testigos electorales y auditores de sistemas. La preocupación de la autoridad electoral es que el volumen de acreditaciones pendientes pueda afectar la logística de vigilancia el día de las elecciones.
El presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, señaló que la meta es garantizar presencia de todas las campañas en las más de 123.000 mesas de votación del país. Para ello, el organismo realizó un nuevo simulacro nacional de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, en el que participaron delegados de ocho campañas y representantes de organismos de control.
Durante la prueba se simuló el cargue de más de un millón de testigos electorales de 13 agrupaciones políticas, un ejercicio con el que se buscó medir la capacidad tecnológica y la estabilidad del sistema. Hasta ahora, el CNE ha acreditado más de mil actores electorales, entre observadores nacionales, internacionales y auditores de software.
La presencia internacional también será amplia. Misiones de la Unión Europea, Estados Unidos, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y otros organismos harán seguimiento a la jornada electoral, en un contexto marcado por la polarización política y los debates sobre las garantías democráticas.
Pero además de la vigilancia electoral, otro frente de tensión se abrió alrededor de las firmas encuestadoras. El CNE convocó para esta semana una reunión con las principales compañías del sector para discutir la aplicación de la nueva ley de encuestas, una regulación que algunas firmas consideran excesiva y restrictiva. Incluso, la firma GAP 3 anunció su salida del país argumentando dificultades para operar bajo las nuevas normas.
Mientras tanto, la Registraduría Nacional avanza en la fase más delicada de la organización electoral. La entidad inició el sorteo de cerca de 760.000 jurados de votación, quienes serán seleccionados entre funcionarios públicos, trabajadores del sector privado, estudiantes universitarios y postulados de partidos políticos.
Paralelamente, continúa la impresión de tarjetones y la preparación de los kits electorales que serán distribuidos en todo el país y en el exterior. El desafío logístico es considerable: más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en 118.346 mesas instaladas en 13.742 puestos de votación.
Uno de los temas que más controversia ha generado es el acceso al código fuente de los software electorales. El registrador nacional, Hernán Penagos, reiteró que esa información no será entregada públicamente, pese a las presiones de algunos sectores políticos que exigen mayor apertura.
Penagos defendió la decisión argumentando razones de ciberseguridad. Según explicó, divulgar el código podría facilitar ataques informáticos, alteraciones o intentos de suplantación por parte de hackers. El funcionario aseguró que expertos en seguridad digital recomendaron mantener bajo reserva esa arquitectura tecnológica para proteger el sistema electoral.
El registrador reveló además que durante las elecciones legislativas de marzo se detectaron 50 intentos de suplantación de la página de la Registraduría y cerca de 300 millones de ataques cibernéticos que, según dijo, fueron contenidos sin afectar el proceso.
Frente a las críticas, Penagos insistió en que el sistema electoral colombiano sigue siendo esencialmente manual y que el software cumple únicamente funciones de consolidación y transmisión de datos. “No tiene capacidades para modificar la voluntad ciudadana”, afirmó.
La Registraduría también avanza en auditorías técnicas a los sistemas de preconteo, escrutinio y digitalización de formularios E-14, mientras prepara varios simulacros nacionales e internacionales antes de la jornada electoral.
Con el reloj corriendo hacia el 31 de mayo, las autoridades buscan enviar un mensaje de confianza institucional en medio de un escenario político cada vez más tenso. La combinación de vigilancia internacional, auditorías tecnológicas y controles cruzados será puesta a prueba en unas elecciones que ya se perfilan como una de las más observadas y sensibles de los últimos años.