La narrativa oficial de Washington sostiene que esos recursos servirán para financiar la “reconstrucción” institucional y económica de Venezuela.
La narrativa oficial de Washington sostiene que esos recursos servirán para financiar la “reconstrucción” institucional y económica de Venezuela.
La estrategia de Donald Trump sobre Venezuela parece tener un objetivo cada vez más claro: asegurar el control del petróleo venezolano mientras presenta ese proceso como una transición política y económica tutelada desde Washington. Sin embargo, a cuatro meses de los cambios ocurridos en Caracas tras enero de 2026, la promesa de una transición democrática sigue siendo difusa, mientras el interés energético de Estados Unidos se vuelve más evidente.
Un reportaje reciente de The New York Times reveló que la Casa Blanca impulsa un esquema en el que parte importante de las exportaciones venezolanas serían administradas directamente por entidades estadounidenses. La propuesta contempla comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo que permanecían bloqueados por sanciones o almacenados desde hace meses. Los ingresos, según el plan, no entrarían de forma directa al Estado venezolano, sino a cuentas supervisadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
La narrativa oficial de Washington sostiene que esos recursos servirán para financiar la “reconstrucción” institucional y económica de Venezuela. Pero críticos del proceso advierten que el modelo se asemeja más a una administración externa de la principal riqueza del país que a una transición soberana.
El petróleo es el centro de toda la operación. Con el barril Brent cerca de los 110 dólares debido a las tensiones en Medio Oriente, Estados Unidos necesita aumentar el suministro de crudo pesado para estabilizar costos internos de combustibles y contener presiones inflacionarias. En ese contexto, Venezuela reaparece como una pieza estratégica para las refinerías del Golfo de México, diseñadas precisamente para procesar ese tipo de petróleo.
Trump ha insistido públicamente en que Venezuela ofrece ahora “seguridad total” para las inversiones extranjeras. El objetivo es convencer a grandes compañías petroleras estadounidenses de regresar al país bajo condiciones más favorables que las existentes antes de las nacionalizaciones impulsadas durante el chavismo.
En ese escenario, Chevron emerge como la principal beneficiaria. La compañía, que ya operaba con licencias especiales, podría ampliar su presencia y asumir participación mayoritaria en proyectos estratégicos como Petroindependencia. De concretarse, sería un cambio histórico en la estructura petrolera venezolana, basada desde 1976 en el control predominante del Estado a través de PDVSA.
Pero el plan enfrenta obstáculos. Aunque Washington habla de apertura y reconstrucción, varias petroleras mantienen cautela frente al riesgo político y jurídico. Las compañías recuerdan los procesos de expropiación ocurridos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y dudan de que exista estabilidad suficiente para inversiones multimillonarias de largo plazo.
Además, la infraestructura petrolera venezolana atraviesa un deterioro profundo tras años de corrupción, sanciones y falta de mantenimiento. Expertos citados por medios estadounidenses estiman que recuperar la producción a niveles cercanos a los de los años noventa requeriría inversiones de decenas de miles de millones de dólares y al menos una década de trabajo sostenido.
Otro punto sensible es el componente militar. La administración Trump ha defendido el uso de fuerzas navales para escoltar tanqueros venezolanos en rutas internacionales, argumentando riesgos de seguridad global por las tensiones en el Estrecho de Ormuz. Para algunos analistas, esa decisión refleja que Washington concibe el petróleo venezolano como un asunto estratégico de seguridad nacional.
Mientras tanto, en Caracas persiste el choque político. Figuras como Delcy Rodríguez rechazan la idea de que exista una cesión de soberanía energética, aunque la dependencia económica y la necesidad urgente de reactivar la industria dejan al gobierno venezolano en una posición limitada frente a Washington.
La gran incógnita sigue siendo política. La Casa Blanca habla de ‘transición’, pero no existe aún un calendario claro de elecciones ni señales definitivas de apertura democrática. Incluso dentro de Estados Unidos surgen cuestionamientos sobre si el verdadero interés de Trump es estabilizar Venezuela o consolidar influencia sobre una de las mayores reservas petroleras del planeta.
Para los venezolanos, la pregunta central sigue abierta: cuánto del dinero generado por el petróleo terminará realmente traducido en servicios públicos, recuperación económica y alivio social, y cuánto quedará atrapado en un esquema de control externo cuya duración todavía nadie logra definir.