Hubo un giro que desmonta parcialmente la tesis según la cual las ejecuciones extrajudiciales fueron hechos aislados o exclusivos de un solo gobierno.
Hubo un giro que desmonta parcialmente la tesis según la cual las ejecuciones extrajudiciales fueron hechos aislados o exclusivos de un solo gobierno.
La actualización de la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia volvió a sacudir uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que los llamados ‘falsos positivos’ ya no suman 6.402 casos, como se sostuvo durante años, sino 7.837 víctimas entre 1990 y 2016. El nuevo dato no solo amplía la dimensión de la tragedia: también reabre el debate político y judicial sobre las responsabilidades del Estado, la cúpula militar y los gobiernos bajo los cuales se consolidó esa práctica.
La cifra fue presentada durante una audiencia del Macrocaso 03 en Apartadó, Antioquia, y refleja un incremento del 22% frente al consolidado divulgado en 2021. Sin embargo, más allá del número, lo que cambia de fondo es el marco temporal de análisis. La JEP ya no limita el fenómeno al periodo 2002-2008, correspondiente a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, sino que extiende la revisión desde 1990 hasta 2016.
Ese giro desmonta parcialmente la tesis según la cual las ejecuciones extrajudiciales fueron hechos aislados o exclusivos de un solo gobierno. La nueva radiografía de la JEP documenta casos durante las administraciones de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Uribe y Juan Manuel Santos, lo que sugiere la persistencia de patrones institucionales que atravesaron varias etapas del conflicto.
No obstante, el tribunal mantiene que el periodo de mayor expansión ocurrió entre 2002 y 2008, precisamente durante el auge de la seguridad democrática. Allí coinciden tanto la Comisión de la Verdad como los primeros autos de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que identificaron incentivos operacionales y presiones internas para mostrar resultados militares medidos en bajas.
Uno de los elementos más sensibles del expediente sigue siendo la Directiva 029 de 2005, expedida por el Ministerio de Defensa, que reglamentó recompensas por capturas y muertes en combate. Para la JEP, ese esquema incentivó la lógica del “body count” o conteo de cuerpos, una presión que terminó convirtiéndose en un mecanismo perverso dentro de sectores del Ejército.
Las estadísticas refuerzan esa hipótesis. Tras la expedición de la directiva, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales crecieron de manera acelerada. La justicia transicional sostiene que las muertes ilegítimas no fueron producto de excesos individuales, sino de dinámicas sistemáticas alimentadas por incentivos, ascensos y exigencias operacionales.
La ampliación de la cifra también profundiza la presión sobre los altos mandos militares. Hasta ahora, la JEP ha imputado a 148 comparecientes y vinculado a 17 generales en distintas regiones del país. Algunos, como Henry Torres Escalante y Paulino Coronado, aceptaron responsabilidad y optaron por sanciones restaurativas. Otros, como el general retirado Mario Montoya, han rechazado los cargos y enfrentan el riesgo de penas ordinarias de hasta 20 años de prisión.
El caso Montoya se convirtió en símbolo de esa disputa. La JEP lo señala como uno de los máximos responsables de la presión operacional que derivó en ejecuciones en Antioquia y otras zonas del país. Sus subordinados han mencionado reiteradamente las exigencias por resultados militares y las presiones para incrementar bajas en combate.
En paralelo, las víctimas mantienen una postura dividida frente al modelo de justicia transicional. Organizaciones como MAFAPO y MOVICE valoran el avance en el reconocimiento de responsabilidades y la ampliación del universo de víctimas, pero cuestionan la lentitud de los procesos y temen que las sanciones restaurativas terminen generando impunidad.
Esa tensión refleja uno de los mayores desafíos de la JEP: equilibrar verdad, reparación y justicia en un caso de dimensiones históricas. El tribunal avanza contrarreloj. Entre 2026 y 2027 deberán cerrarse varios macrocasos antes de que expire el calendario previsto en el Acuerdo de Paz.
Mientras tanto, el debate político vuelve a intensificarse en plena campaña presidencial. Sectores cercanos al uribismo cuestionan la metodología de la JEP y rechazan la idea de que existiera una política de Estado para ejecutar civiles. Otros sectores consideran que el nuevo consolidado confirma la existencia de una práctica sistemática tolerada o estimulada desde niveles superiores.
La pregunta que durante años han repetido las madres de Soacha sigue sin resolverse completamente: “¿Quién dio la orden?”. La respuesta no solo definirá el alcance judicial del Macrocaso 03, sino también la manera en que Colombia enfrentará uno de los episodios más graves de violencia estatal en su historia reciente.