En Colombia, la violencia vicaria sigue siendo un fenómeno poco visible, difícil de nombrar y aún más complejo de atender. Aunque no está plenamente reconocida
En Colombia, la violencia vicaria sigue siendo un fenómeno poco visible, difícil de nombrar y aún más complejo de atender. Aunque no está plenamente reconocida en la legislación, sus efectos son tangibles: más de 7.000 casos han sido registrados en los últimos tres años, según la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria. La cifra, advierten expertas, apenas refleja una fracción de la realidad.
Se trata de una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos —u otros seres cercanos— como instrumento para ejercer control, castigo o daño emocional contra una mujer. A diferencia de otras modalidades, no siempre es evidente. Puede camuflarse en dinámicas familiares, procesos judiciales o decisiones aparentemente legítimas, lo que dificulta su identificación.
El testimonio de una mujer que habló bajo anonimato ilustra esa complejidad. Durante años, la violencia no fue reconocida como tal. Se manifestaba en juegos bruscos con su hijo, en manipulaciones emocionales y en episodios que, en apariencia, no superaban el umbral de lo denunciable. Con el tiempo, entendió que el objetivo no era el niño, sino ella: generar miedo, culpa y control.
Uno de los momentos más críticos ocurrió durante su embarazo, cuando su expareja utilizó al hijo mayor para simular una situación de peligro y provocarle angustia. Más adelante, tras la separación, las visitas del padre derivaron en cambios de comportamiento del menor, desapariciones temporales y, finalmente, en una denuncia que ella califica como falsa y que terminó separándola de su hijo durante semanas.
Aunque logró recuperarlo, perdió la custodia directa. Hoy solo puede verlo cada quince días. Su caso evidencia un patrón que va más allá del agresor: la intervención institucional, lejos de frenar la violencia, puede amplificarla.
Para Ximena Ordóñez, fundadora de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, este tipo de situaciones responde a tres elementos clave: poder, control y dominio. “No es una violencia contra los niños, aunque los afecta profundamente; es una violencia contra la mujer utilizando a los niños”, explica. El fenómeno suele intensificarse tras rupturas de pareja, cuando el agresor pierde control directo y busca mantenerlo a través de los hijos.
Las formas que adopta son diversas: manipulación emocional, incumplimientos deliberados, denuncias estratégicas, obstrucción del vínculo materno o incluso daños directos a los menores. Sin embargo, uno de los factores que permite su persistencia es lo que las expertas denominan violencia institucional.
Esto incluye decisiones judiciales fragmentadas, demoras en los procesos y ausencia de enfoque de género. En muchos casos, las autoridades protegen a la mujer, pero no a los hijos, lo que termina generando nuevos riesgos. “Se le da protección a la madre, pero no al niño, y al separarlos se les pone en riesgo”, advierte Ordóñez.
El problema se agrava por un vacío legal. En Colombia, la violencia vicaria no está tipificada como delito autónomo. Aunque existen normas como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2126 de 2021, estas no contemplan de manera específica esta modalidad. Esto obliga a encuadrar los casos en otras figuras, como violencia intrafamiliar o custodia, lo que diluye su naturaleza y dificulta su tratamiento.
Aun así, la Corte Constitucional ha avanzado en el reconocimiento indirecto del fenómeno. Sentencias como la T-172 y la T-526 de 2023 han insistido en la necesidad de evitar la revictimización y de priorizar el interés superior del menor, así como en la obligación de actuar con enfoque de género. Sin embargo, estos avances jurisprudenciales no han sido suficientes para cerrar la brecha normativa.
En el Congreso, iniciativas como los proyectos de ley 062 de 2023 y 254 de 2025 —conocidos en el debate público como parte de la “Ley Gabriel Esteban”— buscan llenar ese vacío. El nombre recuerda un caso emblemático que evidenció las consecuencias extremas de esta forma de violencia. No obstante, las propuestas enfrentan obstáculos, desde desacuerdos conceptuales hasta demoras legislativas.
Para Ordóñez, uno de los riesgos es perder el enfoque de género. “Cuando se plantea que es igual para hombres y mujeres, se desdibuja el fenómeno”, señala, advirtiendo que esto podría llevar a tratar estos casos como simples disputas familiares, ignorando su trasfondo de violencia estructural.
En países como España y Reino Unido ha sido ampliamente estudiado. Investigaciones citadas por ONU Mujeres muestran patrones similares: advertencias previas ignoradas y una desconexión entre la protección de la madre y la de los hijos. La psicóloga Sonia Vaccaro, pionera en conceptualizar la violencia vicaria, ha insistido en que muchas tragedias pudieron evitarse si se hubieran atendido esas señales.
En Colombia, esa desconexión persiste. Mientras el sistema no logre integrar la protección de mujeres y niños en una misma respuesta, la violencia vicaria seguirá operando en los márgenes de lo visible.