Los tres consensos del debate vicepresidencial: lo que ya nadie discute en la política colombiana

Cuando se le pregunta a fórmulas de izquierda, centro y derecha la misma pregunta y la respuesta es la misma, el dato político importa. El debate de Barranquilla dejó tres acuerdos transversales que marcan el cierre de un ciclo: no a la paz total, sí a bajar tarifas en el Caribe, no a la constituyente.

Los debates suelen analizarse por las polémicas que producen. Pero, a veces, lo más revelador no es lo que separa a los aspirantes, sino lo que los une. El Primer Gran Debate Vicepresidencial desde las Regiones, transmitido en señal abierta nacional desde el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, dejó tres consensos transversales —firmados por fórmulas que vienen de campañas tan distintas como las de Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Claudia López y Miguel Uribe Londoño— que conviene leer con calma. Porque ahí, más que en las diferencias, está dibujándose el centro de gravedad de la próxima administración colombiana.

Consenso 1: la paz total ya no tiene defensores

A la pregunta del moderador Alfonso Ospina sobre si mantendrían la política de paz total del gobierno Petro, las nueve fórmulas presentes respondieron un rotundo no. Sin matices, sin reservas, sin excepciones. Ni siquiera Nelson Alarcón, fórmula de Carlos Caicedo y proveniente del campo progresista, salió a defenderla. Tampoco Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras —un sector cercano al actual gobierno—.

El dato es político y simbólico al mismo tiempo. Político porque la paz total ha sido la apuesta más visible del Ejecutivo en materia de seguridad y reconciliación nacional. Simbólico porque su repudio unánime, en un escenario público, marca el agotamiento de un ciclo. La izquierda institucional que sucederá a Petro —cualquiera de sus formas— ya no defiende su política emblema. Eso, en términos de transición de poder, equivale a una clausura.

En el desarrollo del eje, Edna Bonilla calificó la política como un caos total cuyos resultados no han sido los esperados, especialmente en el Caribe, donde la extorsión es uno de los problemas más visibles. Ese diagnóstico, repetido en distintas formas por casi todos los aspirantes, es el dato que va a marcar la conversación de seguridad de aquí al 31 de mayo.

Consenso 2: el Caribe necesita política pública diferencial en energía

Ocho de las nueve fórmulas se comprometieron a bajar las tarifas de energía en el Caribe. La única excepción fue Martha Lucía Zamora, aunque su intervención posterior reconoció la gravedad del problema y planteó un enfoque diferencial para la región. Es decir: nueve fórmulas reconociendo que el Caribe necesita un trato distinto al del resto del país en materia eléctrica.

Esto, leído con perspectiva histórica, es un quiebre. Durante años, las regiones han pedido reconocimiento institucional de sus condiciones particulares —clima, pobreza, pérdidas técnicas, dependencia eléctrica— y la respuesta de los gobiernos centrales ha sido tratar al país como un solo mercado homogéneo. Las propuestas de Restrepo —tres acciones puntuales sobre opción tarifaria, inversiones en redes y absorción temporal de pérdidas— y Oviedo —fondo de solidaridad empresarial de Superservicios— son distintas en mecanismo, pero coinciden en el principio: el Estado debe aplicar política diferencial.

Consenso 3: la constituyente no es la salida

Ante la pregunta sobre si convocarían una Asamblea Nacional Constituyente, la mayoría respondió que no. El único sí fue Nelson Alarcón. Los demás —incluyendo a Martha Lucía Zamora, que fue explícita al señalar que la Constitución del 91 es suficiente— cerraron filas alrededor del marco constitucional vigente.

El gesto tiene dos lecturas. La primera, institucional: las próximas administraciones, sin importar su orientación ideológica, gobernarán con el marco constitucional actual. La estabilidad jurídica que tanto piden los mercados y las firmas internacionales tiene en este consenso un soporte que vale más que cualquier promesa de campaña. La segunda, política: una de las banderas más insistentes del Ejecutivo en su tramo final ha sido la posibilidad de convocar una constituyente. Que ocho de nueve fórmulas la rechacen —incluida una afín al gobierno— marca el cierre de esa puerta.

Por qué importan los consensos

En sistemas políticos polarizados, los consensos son más raros que las polémicas. Y por eso son más informativos. Cuando una fórmula de la izquierda institucional, una de la derecha dura, una del centro tecnocrático y una del establecimiento liberal coinciden en tres preguntas, la coincidencia no es casual: es síntoma de un país que está convergiendo en un piso mínimo de gobernabilidad.

Para los tomadores de decisión empresarial, esto importa por una razón concreta: reduce la incertidumbre regulatoria. Quien gane la Presidencia tendrá que gobernar con un Congreso que también se ha movido en esa dirección, y con un electorado que en estas tres preguntas ya no admite ambigüedades. Para los inversionistas internacionales, el consenso constitucional —en particular— es una señal de continuidad institucional que estaba haciendo falta.

Para el ciudadano del Caribe, los consensos significan otra cosa: por primera vez en años, los aspirantes nacionales reconocen que su factura de energía es un problema estructural y no un accidente. Eso no garantiza que se resuelva, pero pone el problema en la agenda nacional con el peso institucional que merece.