Un informe de Asocapitales advierte expansión criminal, aumento de delitos y falta de resultados verificables en la estrategia de negociación del Gobierno.
Un informe de Asocapitales advierte expansión criminal, aumento de delitos y falta de resultados verificables en la estrategia de negociación del Gobierno.
Las principales ciudades del país encendieron las alarmas sobre el rumbo de la seguridad urbana y territorial, en un contexto marcado por el avance de economías ilegales y la presión creciente de estructuras criminales.
En ese escenario, un informe de la Asocapitales cuestiona la efectividad de la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El documento sostiene que, lejos de contener la violencia, la estrategia ha coincidido con una expansión de los grupos armados, el fortalecimiento de economías ilegales y un aumento en delitos de alto impacto, especialmente en las ciudades capitales.
“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de paz total no está logrando contener ni reducir la violencia”, afirmó el director de Asocapitales, Andrés Santamaría.
El análisis introduce una tensión de fondo entre la narrativa oficial y la evidencia territorial. Mientras el Ejecutivo sostiene que no existe un deterioro generalizado, los datos recopilados por las ciudades reflejan una tendencia de crecimiento en distintos indicadores.
Entre las cifras más relevantes, el informe señala que 2025 cerró con 14.038 homicidios, el registro más alto de la última década. Además, el acumulado entre 2022 y 2026 supera los 50.000 casos.
A esto se suman 13.417 casos de extorsión en 2025, uno de los niveles más elevados reportados, así como 701 secuestros, con un aumento del 124% y el punto más alto en diez años.
El desplazamiento forzado también muestra un deterioro significativo, con más de 88.100 personas afectadas en 2025, la cifra más alta en 18 años, lo que evidencia la presión de actores armados en múltiples territorios.
Uno de los puntos más críticos del informe es la relación entre los procesos de diálogo y la expansión territorial de los grupos armados. Según Asocapitales, algunas estructuras habrían incrementado su presencia en más del 100 % en ciertas zonas.
La advertencia apunta a un posible efecto adverso: que los espacios de negociación, sin controles estrictos, terminen siendo aprovechados por organizaciones ilegales para consolidar poder y ampliar su influencia.
Delinquir sí paga
El informe también cuestiona la figura de los gestores de paz. Según los datos, 75 personas con antecedentes o condenas penales, que suman más de 1.246 años, han recibido beneficios jurídicos sin resultados verificables.
Para la organización, este esquema puede estar debilitando la capacidad del Estado, en un contexto donde la impunidad sigue siendo estructural: el 93 % de los homicidios no se resuelven.
El impacto se traslada con fuerza a las ciudades. Asocapitales reporta amenazas contra al menos once alcaldes y advierte que el crimen organizado ha logrado controlar barrios en Cali, Barranquilla y Cúcuta.
Este control urbano representa un cambio en la dinámica del conflicto y plantea desafíos adicionales para las autoridades locales, que enfrentan limitaciones operativas frente a redes criminales cada vez más complejas.
Desde una perspectiva analítica, el informe sugiere que la estrategia enfrenta un problema de diseño, por la ausencia de condiciones verificables y mecanismos de seguimiento que permitan medir avances en seguridad.
“No puede haber beneficios sin resultados. Una política de paz sin garantías efectivas puede terminar fortaleciendo a las estructuras criminales”, advirtió Santamaría.
El documento propone replantear la estrategia con un mayor énfasis en seguridad, justicia y control territorial, sin abandonar los procesos de diálogo, pero incorporando mecanismos de verificación independiente.
Entre las recomendaciones se incluyen el fortalecimiento del pie de fuerza, el ataque estructural a las economías ilegales y la revisión de los beneficios judiciales otorgados en el marco de la política.
El debate, sin embargo, trasciende lo técnico y abre una discusión sobre el equilibrio entre negociación y coerción en la política de seguridad.
Asocapitales advierte que las ciudades no solo concentran los riesgos, sino que también son clave para la solución, por lo que insiste en una mayor coordinación con el Gobierno Nacional.
El informe concluye que, sin control territorial, justicia efectiva y resultados medibles, la sostenibilidad de cualquier política de paz enfrenta serias limitaciones en el contexto actual colombiano.