En cuanto a las modalidades, la intimidación se mantiene como el mecanismo más recurrente, seguida por la censura directa, el hostigamiento judicial y las restr
En cuanto a las modalidades, la intimidación se mantiene como el mecanismo más recurrente, seguida por la censura directa, el hostigamiento judicial y las restricciones administrativas.
Aunque las cifras de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela muestran una reducción frente al pico registrado en 2024, el fenómeno sigue siendo estructural. Así lo advierte el más reciente informe de la ONG Espacio Público, que documenta 123 casos y 238 denuncias en 2025, además de al menos 38 casos y 91 violaciones en lo corrido de 2026.
La aparente disminución —del 60% en casos y 62% en denuncias frente a 2024— no responde, según el informe, a una mejora en las condiciones, sino al contexto excepcional de represión que marcó las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. Es decir, más que un alivio sostenido, se trata de un ajuste tras un periodo particularmente crítico.
El reporte, presentado por Carlos Correa y la socióloga Marysabel Rodríguez, revela que los picos de restricciones siguen coincidiendo con momentos de tensión política. Enero de 2025, por ejemplo, concentró un tercio de los incidentes, en medio de la toma de posesión presidencial y movilizaciones derivadas de la crisis de legitimidad.
En cuanto a las modalidades, la intimidación se mantiene como el mecanismo más recurrente, seguida por la censura directa, el hostigamiento judicial y las restricciones administrativas. Más de la mitad de los casos (53,66%) ocurrieron en entornos digitales, lo que evidencia un traslado progresivo del control estatal hacia internet y redes sociales.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la criminalización del discurso crítico. Durante 2025 se registraron 44 detenciones arbitrarias, muchas de ellas dirigidas contra ciudadanos comunes —trabajadores públicos, estudiantes o líderes comunitarios— por expresiones en redes sociales. En al menos 14 casos se aplicaron cargos de “instigación al odio”, una figura ampliamente cuestionada por su uso para limitar la disidencia.
Casos como el del médico Alexis Zárraga, detenido por mensajes en WhatsApp, o el del estudiante Juan Francisco Alvarado, inicialmente condenado por publicaciones en Facebook, ilustran cómo la persecución ya no se limita a figuras públicas o periodistas. El control se extiende a lo que el informe denomina “infociudadanos”: personas que difunden información o denuncias desde espacios digitales.
El impacto también se refleja en el ecosistema mediático. El cierre de al menos siete emisoras de radio en distintas regiones, ejecutado por la Conatel, ha reducido el acceso a información local. Estas medidas, justificadas bajo argumentos administrativos, han sido interpretadas como parte de una estrategia para debilitar medios independientes y ampliar los llamados “desiertos informativos”.
Los periodistas siguen siendo uno de los grupos más afectados, con 44 casos documentados en 2025. Aunque actualmente no hay comunicadores en prisión, el informe advierte que al menos 22 fueron detenidos arbitrariamente entre enero y abril de 2026 durante coberturas en terreno, en muchos casos con agresiones físicas y eliminación de material periodístico.
La lista de responsables también es reveladora: de 172 victimarios identificados, las instituciones del Estado y los cuerpos de seguridad concentran más del 70% de los casos. A esto se suman operadores privados vinculados a bloqueos digitales, lo que sugiere una estructura de control que combina acciones directas e indirectas.
Además, persisten prácticas como la expulsión de periodistas extranjeros —como ocurrió con el equipo del canal argentino C5N— y las restricciones a la cobertura electoral, lo que limita la visibilidad internacional de la situación.
Para 2026, el informe concluye que, pese a una reconfiguración política tras los eventos recientes, los patrones de hostigamiento se mantienen. En el primer cuatrimestre del año se registraron 29 detenciones arbitrarias, lo que confirma que el control sobre la información sigue siendo una prioridad para el poder.
En este contexto, Espacio Público plantea una serie de medidas urgentes: la liberación de personas detenidas por expresarse, la derogación de la llamada “ley contra el odio” y el cese de bloqueos digitales. Sin estos cambios, advierte, será difícil avanzar hacia garantías mínimas para el ejercicio del periodismo y la participación ciudadana.
En suma, Venezuela enfrenta una paradoja: menos casos registrados, pero sin transformaciones de fondo. La libertad de expresión continúa condicionada por un entramado legal e institucional que limita el debate público y mantiene bajo presión a quienes intentan informar o disentir.