La reforma del gobierno de Petro sigue sin decisión sobre su futuro, y ahora está en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses.
La reforma del gobierno de Petro sigue sin decisión sobre su futuro, y ahora está en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses.
La reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro completa cerca de diez meses suspendida en la Corte Constitucional, sin que exista aún una fecha definida para la votación del nuevo proyecto de fallo que determinará su destino. La decisión ahora está en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, actual presidenta del alto tribunal, en un momento clave para el país y en plena recta final electoral.
La incertidumbre jurídica se mantiene mientras otras decisiones judiciales siguen impactando el alcance de la reforma. El pasado 28 de abril, el Consejo de Estado suspendió el traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones, una medida vinculada a la Ley 2381 de 2024, que es precisamente la norma bajo revisión de la Corte.
La suspensión de la reforma se remonta al Auto 841 del 17 de junio de 2025, mediante el cual la Corte frenó su entrada en vigencia, prevista inicialmente para el 1 de julio de ese año. El motivo fue un error en el trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde se aprobó una proposición sustitutiva sin debatir artículo por artículo el texto proveniente del Senado. Según el tribunal, esto vulneró los principios de consecutividad y deliberación, configurando un vicio de trámite subsanable.
El entonces ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, advirtió que la irregularidad no fue corregida a tiempo, pese a las alertas tempranas del alto tribunal. Para subsanar el error, el Gobierno expidió el Decreto 0747 de 2025 y convocó a sesiones extraordinarias del Congreso. En esas jornadas, realizadas a finales de junio de 2025, la Cámara repitió la votación con una amplia mayoría, aunque sectores de oposición denunciaron irregularidades en el proceso.
La demanda de inconstitucionalidad que dio origen al proceso fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien cuestionó la legalidad del cuarto debate en la Cámara, al considerar que se aprobó sin la deliberación adecuada.
El trámite en la Corte se ha visto marcado por dilaciones y controversias. A finales de noviembre de 2025, el magistrado Héctor Carvajal fue apartado del caso por un conflicto de interés, lo que dejó a la Sala Plena con ocho integrantes. En ese contexto, la votación del proyecto de fallo de Ibáñez terminó en un empate 4-4, reflejando la división interna del tribunal.
Para resolver el empate, fue designado como conjuez el abogado Carlos Pablo Márquez Escobar. Sin embargo, el proceso dio un nuevo giro cuando la Secretaría Jurídica de la Presidencia recusó a Ibáñez por presunto prejuzgamiento. La recusación fue aceptada de manera unánime en febrero de 2026, lo que obligó a reasignar el expediente.
Así, el caso quedó en manos de la magistrada Meneses, cuya ponencia se espera sea presentada y votada en mayo, a pocos días de la primera vuelta presidencial. Este calendario añade presión política a una decisión que tendrá profundas implicaciones económicas y sociales.
En paralelo, actores del sector financiero han intervenido en el proceso. El 24 de abril, Asofondos solicitó a la Corte ampliar los efectos de la suspensión para evitar que el Gobierno avance en la implementación de la reforma mediante decretos. La petición aún no ha sido resuelta.
Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió desde 2025 sobre la necesidad de contar con al menos tres meses entre el fallo definitivo y la eventual entrada en vigencia de la reforma, con el fin de preparar la operación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, pieza central del nuevo modelo.
Aunque la Ley 2381 fue suspendida en su totalidad, la Corte dejó vigentes dos disposiciones específicas relacionadas con el traslado de afiliados próximos a pensionarse. A partir de estas normas, más de 119.000 colombianos han cambiado de régimen pensional, movilizando recursos cercanos a 25 billones de pesos.
Mientras tanto, el país sigue regido por la Ley 100 de 1993, que establece un sistema dual entre el régimen público administrado por Colpensiones y el privado gestionado por fondos de ahorro individual. La reforma propuesta por el Gobierno busca reorganizar este esquema en cuatro pilares, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de acceso, especialmente para las mujeres.
La discusión también ha escalado al terreno político. El presidente Petro criticó la decisión del Consejo de Estado y la calificó como un obstáculo para los trabajadores, al tiempo que convocó movilizaciones y volvió a plantear la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte Constitucional enfrenta ahora una decisión de alto impacto: declarar la ley ajustada a la Constitución, devolverla al Congreso para corregir el trámite o tumbarla definitivamente. Cualquiera de estos escenarios definirá no solo el futuro del sistema pensional colombiano, sino también uno de los proyectos más emblemáticos del actual Gobierno.