La decisión cobra mayor relevancia porque se produce en medio de un proceso de diálogo con el Gobierno, en el que alias Calarcá ha sido reconocido como vocero.
La decisión cobra mayor relevancia porque se produce en medio de un proceso de diálogo con el Gobierno, en el que alias Calarcá ha sido reconocido como vocero.
La decisión de la Fiscalía de imputar cargos contra Alexander Díaz Mendoza marca un punto de inflexión en la política de negociación con grupos armados en Colombia. La audiencia, programada para el 5 de mayo, no solo abre un frente judicial contra uno de los principales jefes disidentes, sino que también tensiona el alcance de la llamada Paz Total.
El anuncio fue hecho por la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien confirmó que existen suficientes elementos probatorios para avanzar en la judicialización del cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una de las estructuras más fuertes de las disidencias de las Farc. Los delitos que se le imputarán —desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y desplazamiento forzado— reflejan la gravedad de las conductas investigadas, algunas de las cuales podrían configurar crímenes de guerra.
La decisión cobra mayor relevancia porque se produce en medio de un proceso de diálogo con el Gobierno, en el que alias Calarcá ha sido reconocido como vocero y beneficiario de la suspensión de órdenes de captura, en el marco de la Ley 2272 de 2022. Este choque entre la lógica de negociación y la acción judicial pone en evidencia uno de los dilemas centrales de la estrategia del presidente Gustavo Petro: hasta qué punto es viable sostener beneficios jurídicos a actores que, según la Fiscalía, continúan delinquiendo.
De acuerdo con Camargo, la imputación se sustenta en investigaciones en curso y en información extraída de dispositivos electrónicos incautados en 2024, cuando el cabecilla fue retenido en Antioquia en una caravana de la UNP. Estos hallazgos apuntarían a la persistencia de actividades criminales en regiones como Meta, Cauca y Antioquia, incluso después de su designación como vocero en los diálogos.
Entre los hechos señalados se encuentran la presunta orden de asesinato de una lideresa social, la instalación de minas antipersona contra tropas militares —que habría dejado siete soldados muertos— y la colocación de explosivos en zonas comerciales. Para la Fiscalía, estos actos evidencian una continuidad operativa incompatible con los compromisos esperados en un proceso de paz.
Este escenario reabre el debate sobre la efectividad de los mecanismos de verificación dentro de la política de Paz Total. Aunque la suspensión de órdenes de captura busca facilitar acercamientos y reducir la confrontación armada, casos como el de Calarcá plantean interrogantes sobre los controles y las consecuencias frente a eventuales incumplimientos.
La fiscal general ya había advertido semanas atrás la necesidad de revisar los beneficios otorgados al jefe disidente y, de hecho, envió una comunicación al Gobierno solicitando replantear su permanencia en la mesa de diálogo. Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial, lo que añade incertidumbre sobre la coordinación entre el Ejecutivo y el ente acusador.
Más allá del caso puntual, la imputación también impacta la dinámica de negociación con el EMBF, una estructura que, según expertos, agrupa al menos 16 frentes organizados en varios bloques regionales y con fuerte presencia territorial. Su peso dentro de la mesa lo convierte en un actor clave, pero también en un foco de riesgo si no se logra contener su accionar armado.
En términos políticos, la medida podría fortalecer la postura de sectores críticos del proceso de paz, que han cuestionado la concesión de beneficios sin garantías claras de cese de actividades ilícitas. Al mismo tiempo, pone a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su estrategia sin que esta sea percibida como permisiva frente a violaciones graves de derechos humanos.
El avance de la imputación no implica, por ahora, la reactivación automática de órdenes de captura, pero sí abre la puerta a decisiones judiciales que podrían redefinir el estatus de alias “Calarcá” dentro del proceso. También envía un mensaje sobre los límites de la justicia transicional en contextos donde la violencia persiste.
En suma, la audiencia del 5 de mayo será más que un trámite judicial: se perfila como un momento clave para medir la coherencia entre la búsqueda de la paz y la obligación del Estado de investigar y sancionar delitos graves. El desenlace podría reconfigurar no solo el futuro de este caso, sino también el rumbo de la política de negociación con los grupos armados en Colombia.