Corrupción, financiación irregular y abuso de poder, debilitaron el discurso de transparencia con el que el petrismo llegó al poder en 2022.
Corrupción, financiación irregular y abuso de poder, debilitaron el discurso de transparencia con el que el petrismo llegó al poder en 2022.
Ningún escándalo político es tan devastador como el que nace de adentro. En cuatro años, el petrismo acumuló una lista de exfuncionarios que pasaron de ser aliados del presidente a convertirse en sus principales acusadores. La paradoja central del gobierno de Gustavo Petro no la construyó la oposición. La construyeron sus propios funcionarios.
Diversas investigaciones por corrupción, financiación irregular y abuso de poder involucraron a altos funcionarios del gabinete y personas del círculo cercano del presidente, debilitando el discurso de transparencia con el que el petrismo llegó al poder en 2022. No se trata de señalamientos externos. Se trata de un patrón documentado en testimonios ante la Fiscalía, cartas públicas, denuncias en medios y procesos judiciales activos.
El caso que mejor ilustra la magnitud del problema es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El escándalo salió a la luz pública por las denuncias sobre sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, reportados por $46.800 millones, y llevó a la renuncia de Olmedo López a finales de febrero de 2024.
Lo que vino después superó cualquier estimación inicial. Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, la Fiscalía documentó el direccionamiento de 74 proyectos del Invías y cinco de la UNGRD en favor de parlamentarios de varias comisiones del Congreso, por un total cercano a $612.000 millones.
Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la Fiscalía reconstruyeron un episodio en el que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría ordenado usar la entidad para comprar apoyos de congresistas de las comisiones económicas. La Fiscalía acusó formalmente a Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco de liderar un pacto criminal. Ninguno de los dos aceptó los cargos.
Lo relevante no es solo la acusación. Es quién acusa. Olmedo López y Sneyder Pinilla no son disidentes ideológicos ni opositores. Fueron designados por el propio presidente. Su decisión de hablar ante los tribunales convirtió el caso UNGRD en el escándalo de corrupción más documentado del actual gobierno.
El mismo patrón —funcionario leal que termina denunciando desde adentro— se repite en otras instancias. El entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, alertó sobre órdenes que venían de arriba para nombrar una funcionaria con presuntos vínculos con un conocido contrabandista, pero la orden —según su testimonio— debía cumplirse. Reyes salió del gobierno. Después habló.
Jairo Villabona, quien reemplazó a Reyes en la DIAN, declaró que su salida se concretó tras recibir una solicitud del exministro de Hacienda Diego Guevara, actuando en nombre del presidente Petro. Dos directores de la misma entidad, con la misma historia de salida.
La exministra de Agricultura Cecilia López Montaño se encargó de contar en diferentes espacios cómo su renuncia fue solicitada por Laura Sarabia de una manera que no habría sido cordial. El episodio no es solo un conflicto de protocolo: evidencia el nivel de concentración de poder que alcanzó la hoy canciller dentro del esquema de gobierno.
Sarabia es investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, según una pesquisa iniciada tras recibir una denuncia por el aumento injustificado de su patrimonio desde su llegada al gobierno en 2022.
El excanciller Álvaro Leyva representa el episodio de ruptura más estridente. Exaliado histórico del presidente, publicó en varias ocasiones cartas con acusaciones personales y señalamientos sobre la forma de gobernar de Petro.
El distanciamiento no quedó en cartas: se filtró un supuesto plan para buscar apoyo internacional con el fin de sacar a Petro del poder, lo que derivó en una denuncia penal del presidente contra su exministro por traición a la Patria.
La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciaron posibles irregularidades del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, en lo que se convirtió en una pelea pública entre funcionarios del mismo círculo presidencial.
Durante la presidencia de Petro, Colombia retrocedió en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2025, en un contexto en el que al menos el 37,8% de los colombianos considera la corrupción como el principal problema del país.
El gabinete vivió en modo puerta giratoria: 62 ministros pasaron por el gobierno entre agosto de 2022 y finales de 2025, con 15 cambios solo en ese último año. Esa inestabilidad no es solo un problema de gestión. Es también el resultado de una dinámica en la que las salidas frecuentemente van acompañadas de versiones incómodas para quienes quedan.
La lectura de Acento
El problema de fondo no es la corrupción como anomalía. Es la corrupción como síntoma de un gobierno que llegó al poder prometiendo transformar las reglas del juego y terminó reproduciendo, en su propio círculo, las mismas prácticas que denunció. Cuando los testigos más creíbles contra un gobierno son sus propios exfuncionarios, el relato del cambio no tiene salvación retórica posible. A treinta y cinco días de la primera vuelta, ese es el peso que carga el candidato del Pacto Histórico: no la sombra de sus rivales, sino la del gobierno que él mismo representa.