Asegura que dentro de la Casa de Nariño operaría una presunta red de al menos 20 funcionarios vinculados a prácticas de extorsión.
Asegura que dentro de la Casa de Nariño operaría una presunta red de al menos 20 funcionarios vinculados a prácticas de extorsión.
La denuncia de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, abre una nueva grieta en el ya complejo panorama político del gobierno de Gustavo Petro. Más que un señalamiento aislado, sus declaraciones configuran un retrato inquietante sobre el funcionamiento interno del poder: luchas por influencia, sospechas de corrupción y un clima de desconfianza que parece escalar desde los niveles más altos de la administración.
Rodríguez, quien fue considerada una de las personas más cercanas al presidente, asegura que dentro de la Casa de Nariño operaría una presunta red de al menos 20 funcionarios vinculados a prácticas de extorsión y a un posible concierto para delinquir. La gravedad de la acusación no solo radica en el número de implicados, sino en el alcance institucional que sugiere: una estructura incrustada en el corazón mismo del Ejecutivo.
En su relato, la exfuncionaria señala a Juliana Guerrero como una figura con amplio poder de decisión en distintas entidades, capaz de influir en nombramientos y en el manejo de recursos. También apunta a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a quien atribuye interés en recursos millonarios de esa entidad, y a José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial, a quien acusa de aislar al mandatario y de incidir en la toma de decisiones desde la cercanía al poder.
Sin embargo, más allá de los nombres propios, el fondo de sus declaraciones sugiere un problema estructural: la fragmentación interna del Gobierno. Rodríguez plantea que algunos funcionarios actuarían bajo la premisa de que el proyecto político no tendrá continuidad, lo que los llevaría a priorizar intereses particulares sobre la gestión pública. Esta visión, aunque difícil de comprobar, conecta con una percepción de inestabilidad que ha acompañado distintos momentos de la actual administración.
José Raúl Moreno desestimó las acusaciones y las calificó como rumores sin fundamento, cuestionando que se ventilen en medios de comunicación en lugar de ser llevadas a instancias judiciales. Carlos Carrillo, por su parte, afirmó que las pruebas en su contra serían manipuladas y defendió que las denuncias deben sustentarse ante la Fiscalía, no en escenarios mediáticos.
Este choque de versiones pone en evidencia un dilema recurrente: la delgada línea entre la denuncia legítima y la disputa política. En contextos de alta polarización, las acusaciones pueden convertirse tanto en herramientas de control como en instrumentos de desgaste. Sin pruebas concluyentes, el caso queda atrapado en un terreno donde la percepción pública juega un papel determinante.
Uno de los elementos más delicados es la denuncia de extorsión hecha por la propia Rodríguez. Según su testimonio, recibió amenazas basadas en información interna del Fondo Adaptación y terminó pagando 20 millones de pesos para evitar la divulgación de material sensible. De confirmarse, este episodio revelaría no solo la comisión de delitos graves, sino también fallas profundas en la seguridad institucional y en los mecanismos de protección a funcionarios.
Investigación Procuraduría
En paralelo, la Procuraduría abrió una indagación previa por posibles irregularidades en el Fondo Adaptación, a partir de denuncias presentadas por el propio Carrillo. Este giro añade complejidad al caso: mientras Rodríguez habla de un complot en su contra, uno de los principales señalados impulsa investigaciones sobre la entidad que ella dirige. Se configura así un escenario de denuncias cruzadas que dificulta establecer responsabilidades con claridad.
El impacto político de esta controversia es significativo. El Gobierno ha construido parte de su legitimidad sobre la promesa de transparencia y lucha contra la corrupción, por lo que este tipo de escándalos afecta directamente su credibilidad. Incluso si las acusaciones no prosperan en el ámbito judicial, el desgaste institucional y mediático ya representa un costo.
Además, la situación ocurre en un contexto preelectoral, lo que amplifica sus efectos. Las disputas internas no solo debilitan la gestión, sino que también pueden ser capitalizadas por sectores opositores. En ese sentido, el caso trasciende lo administrativo y se proyecta como un factor de riesgo político.
En última instancia, la resolución de este episodio dependerá de la capacidad de las instituciones para actuar con independencia y rigor. La Fiscalía y los organismos de control deberán esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar que el caso quede reducido a una confrontación de versiones.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta un desafío inmediato: contener una crisis que pone en entredicho su cohesión interna. Más allá de la veracidad de las denuncias, el episodio revela una fragilidad en la estructura del poder que, de no ser atendida, podría seguir generando tensiones y afectando la gobernabilidad.