Colombia aparece como un caso de persistencia del conflicto y de crisis humanitaria prolongada.
Colombia aparece como un caso de persistencia del conflicto y de crisis humanitaria prolongada.
El más reciente informe de Amnistía Internacional no solo traza un diagnóstico global sobre el deterioro de las libertades, sino que coloca a Colombia y Venezuela en el centro de las alertas regionales. En un contexto marcado por el avance del autoritarismo y el cierre del espacio cívico, la organización advierte que ambos países reflejan, con matices distintos, una misma tendencia: la fragilidad de los sistemas de protección de derechos humanos.
El reporte, que examina la situación en 144 países durante 2025, describe un escenario internacional en retroceso. Según Agnès Callamard, el mundo atraviesa “el momento más difícil de nuestra época”, con gobiernos que, de forma creciente, restringen libertades y consolidan prácticas represivas. La advertencia no es retórica: se sustenta en patrones comunes como la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y el uso del aparato judicial para silenciar voces críticas.
En ese mapa, Colombia aparece como un caso de persistencia del conflicto y de crisis humanitaria prolongada. Pese a los esfuerzos de negociación con distintos grupos armados, el informe señala que la violencia sigue activa en múltiples regiones, con al menos una docena de focos de confrontación. Este fenómeno tiene efectos directos sobre la población civil, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, donde se mantienen dinámicas de desplazamiento, confinamiento y reclutamiento forzado.
Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las cifras citadas por la organización evidencian niveles de violencia alarmantes, con asesinatos que, en algunos periodos, alcanzan un promedio de tres por semana. Más allá de los números, el informe apunta a un problema estructural: la incapacidad del Estado para garantizar esquemas de protección eficaces y una política integral que prevenga estos ataques.
El análisis también introduce cuestionamientos sobre la implementación de la política de “Paz Total”. Aunque reconoce su intención de reducir la violencia, advierte que persisten dudas sobre la garantía de derechos para las víctimas, especialmente en materia de verdad, justicia y reparación. Esta tensión refleja un dilema de fondo: cómo equilibrar los esfuerzos de negociación con la obligación de asegurar justicia y evitar la repetición de violaciones.
Si en Colombia la preocupación radica en la persistencia de la violencia y las debilidades institucionales, en Venezuela el panorama descrito es más severo. El informe habla de un “patrón sostenido de represión estatal”, caracterizado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución sistemática de opositores, periodistas y organizaciones civiles.
De acuerdo con los hallazgos, estas prácticas no son episodios aislados, sino parte de una estrategia estructurada. La existencia de cientos de personas detenidas por motivos políticos y los procesos judiciales sin garantías refuerzan la idea de un sistema que utiliza la justicia como herramienta de control. A esto se suma el cierre progresivo del espacio cívico, que ha obligado a muchas organizaciones a operar desde el exilio.
El impacto humanitario de esta situación es igualmente crítico. Millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, mientras quienes permanecen enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. La dependencia de la ayuda internacional y la precariedad en el acceso a servicios básicos evidencian la profundidad de la crisis.
Más allá de los casos específicos, el informe subraya un problema transversal: el debilitamiento de los mecanismos internacionales de protección. La reducción de recursos y el cierre de oficinas de derechos humanos limitan la capacidad de monitoreo y respuesta frente a las violaciones. En este contexto, la rendición de cuentas se vuelve más compleja, y el riesgo de impunidad aumenta.
Sin embargo, la organización insiste en que la visibilización sigue siendo una herramienta clave. La presión internacional, aunque limitada, puede contribuir a frenar abusos y a mantener el tema en la agenda global. La advertencia de que “la impunidad siempre tiene fecha de caducidad” apunta precisamente a ese horizonte: la posibilidad de que, tarde o temprano, las violaciones sean investigadas y sancionadas.
El contraste entre Colombia y Venezuela no oculta un elemento común: ambos países enfrentan desafíos profundos para garantizar derechos en contextos de alta conflictividad política y social. Mientras uno lidia con la persistencia de la violencia armada y las limitaciones institucionales, el otro enfrenta un modelo de control estatal que restringe libertades fundamentales.
En ese sentido, el informe de Amnistía Internacional no solo documenta realidades nacionales, sino que plantea una advertencia regional. La erosión de los derechos humanos no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia que exige respuestas coordinadas. El reto, tanto para los Estados como para la comunidad internacional, será revertir ese deterioro antes de que se consolide como una nueva normalidad.